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Teorema

Proceso de elección
Fecha de Publicación: 27/02/2022
Tema: Electoral
Hace cerca de 4 años, el miércoles 16 de mayo de 2018, María Consuelo Porras Argueta fue juramentada como Fiscal General y Jefe del Ministerio Público de Guatemala FG y JMPG―, en sustitución de Thelma Esperanza Aldana Hernández quien había desempeñado ese cargo los cuatro años anteriores.

Dos semanas antes, el 30 de abril, el presidente Morales había empezado a entrevistar a los seis aspirantes a
FG y JMPG de la nómina entregada por la Comisión de Postulación. Se había desarrollado un proceso transparente.

La nómina de 6 aspirantes entrevistados por el presidente Morales la formaban Miguel Ángel Gálvez Aguilar, Patricia Elizabet Gámez Barrera, Édgar Melchor Solórzano, Brenda Dery Muñoz Sánchez, Gladys Verónica Ponce Mejicanos y María Consuelo Porras Argueta. Porras y Muñoz habían recibido la calificación más alta entre los 30 aspirantes.

El martes 17 de abril, antes de la fecha límite establecida, los comisionados habían presentado al presidente Morales la nómina de seis candidatos para que éste eligiera al sucesor de Aldana. Morales tenía casi un mes para entrevistarlos, conocer sus planes de trabajo y elegir al nuevo
FG y JMPG. Empero, siguiendo la tónica de eficiencia marcada por la Comisión, lo hizo antes.

Cuando la Comisión abrió el período de presentación de ofertas, recibió la documentación de 30 aspirantes al cargo. De ellos, solo 14 alcanzaron o superaron la nota mínima de 60 puntos necesaria para entrar en la fase de revisión de expedientes. Los calificadores debieron ser muy estrictos puesto que desautorizaron a más de la mitad de los aspirantes (a dos solo los aprobaron con la nota mínima y otros tres con notas muy bajas). La nota más alta que otorgaron fue de 75 puntos sobre 100. El público interesado aplaudió esa actitud.

Los observadores y buena parte de la prensa dijeron que el proceso habría sido eficiente, expedito, sobrio y en algunos momentos hasta solemne. Los miembros de la Comisión merecieron elogios por el trabajo que habían efectuado. Durante el proceso, que estuvo ceñido al ordenamiento legal, se aceptó que terceros impugnaran a algunos aspirantes y se permitió a ellos desvanecerlas. Dos de los postulantes elegibles no consiguieron convencer a los comisionados con las pruebas de descargo que ofrecieron y quedaron fuera de la contienda.

También hubo dos Acciones de Amparo, presentadas ante la Corte de Constitucionalidad –CC. Ambas por el abogado Ramón Cadena, quien buscaba detener el proceso. La primera sostenía que la Comisión imponía exigencias adicionales a las que establece la Constitución. La CC, pese a los rumores de contubernio entre Cadena y algunos magistrados, negó el Amparo.

Ante el rechazo, Cadena presentó un segundo Amparo, esta vez fue más obvio el propósito de obstaculizar un proceso que enaltecía a sus actores y gozaba crecientemente de la confianza del público y aún de los postulantes. En el nuevo Amparo, Cadena pedía a la CC detener el proceso hasta desvanecer los señalamientos hechos por Insight Crime, fundación internacional que afirmaba, sin aportar pruebas válidas, que los decanos estaban siendo influidos por grupos de poder político y militar. Desde luego, la negatoria fue inmediata.


La Comisión había definido desde el principio, de acuerdo con la ley, las reglas que iban a regir el proceso, la documentación que debían presentar los interesados, la forma como sería evaluada y cómo tratar otros incidentes. El 5 de febrero de 2018, convocó oficialmente a los interesados para que entregaran sus expedientes y se convirtieran en postulantes al cargo. Se presentaron 30 postulaciones que reunían las condiciones básicas e hicieron entrega de la documentación solicitada.

La Comisión procedió a evaluar tales documentos. Los postulantes que no cumplían todos los requisitos pudieron subsanar, dentro de un plazo determinado, las fallas encontradas. Superadas las tachas, se pasó a analizar los expedientes otorgando una calificación a tres áreas. Los méritos académicos fueron ponderados con 30 puntos; la experiencia profesional, con 65 puntos y, la proyección humana, con los 5 puntos restantes.

Para pasar a la ronda final de evaluaciones, de donde saldrían los 6 que formarían la nómina que sería presentada al Presidente, era necesario contar con al menos 60 puntos sobre 100. Únicamente 14 alcanzaron o superaron esa cifra. Otros 16 quedaron fuera del proceso de selección. A ellos se agregaron las dos tachas aceptadas y la votación (pública y a voz) fue entonces para doce postulantes.

Así, hace poco más de 4 años, el jueves 11 de enero de 2018, dio inicio el proceso de elección de
FG y JMPG antes descrito. Empezó cuando 127 diputados aprobaron el Acuerdo 01-2018 con el que se convocaba a la instalación de la Comisión de Postulación. Terminó con la designación que hizo el presidente Morales sobre la ahora Fiscal General, María Consuelo Porras Argueta.

Si se puede confiar en una Comisión de Postulación, es en esta, porque en ella predomina, con sus fortalezas y debilidades, el sector académico nacional. Los once decanos de las facultades de Derecho del país toman parte de las deliberaciones. Además, concurre el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios y el Presidente del Tribunal de Honor de ese Colegio. Ellos son los 14 profesionales que la integran.

Un nuevo evento para elegir al FG y JMPGesta vez para el período 2022 a 2026, se inició el pasado jueves 13 de enero con la aprobación del acuerdo 1-2022 del Congreso. La Comisión fue formada y juramentada. Ya desarrollaron las reglas que habrán de seguirse. Recibieron 26 expedientes de igual número de candidatos. Excluyeron provisionalmente a 12. Los interesados tienen del 2 al 4 de marzo para presentar sus pruebas de descargo. Después se abrirá el período para recibir eventuales impugnaciones. El 21 de abril, o antes, debe presentar el listado de 6 candidatos al presidente Giammattei para que este escoja a quién será el FG y JMPG durante 2022 a 2026.

La atención mediática está puesta en la postulante Consuelo Porras. Si hace 4 años ella obtuvo la calificación más alta, esta vez se espera que la supere ya que agrega la experiencia acumulada durante los últimos 4 años. Si integra la lista de 6 finalistas es muy probable que el presidente Giammattei la prefiera sobre los otros porque conoce por experiencia propia los ataques alevosos de sus adversarios dentro del Departamento de Estado y la izquierda nacional e internacional. Ambos han sido vilipendiados por los mismos.

Juan Francisco Sandoval y varios colaboradores suyos en la FECI, renunciaron a sus cargos ante demandas presentadas en su contra. Se declararon perseguidos políticos y solicitaron asilo en Estados Unidos, que se los otorgó. Algunos, como Thelma Aldana y el mismo Sandoval, están prófugos de la justicia guatemalteca. Empero, reciben protección del Departamento de Estado, el Congreso de Estados Unidos y la misma presidencia de ese país.

Se puede esperar que a partir de la segunda semana de marzo estas personas con el apoyo y recursos del gobierno de EU inicien un ataque sistemático contra la señora Porras. Buscarán excluirla de la nómina de 6. En realidad, los ataques en contra suya iniciaron desde julio anterior cuando Sandoval fue despedido de su cargo en el Ministerio Público. Se puede prever la intensificación desmedida de embates contra su honorabilidad. Muchos recursos podrían ser destinados a sobornar periodistas y publicar pronunciamientos de la autodenominada “sociedad civil”.

Hay un antecedente interesante: en la elección anterior se buscó validar lo expresado por la organización Insight Crime, pero fue rechazado. Las tachas aceptadas lo fueron exclusivamente por actos demostrables. Ojalá los decanos y la Corte de Constitucionalidad otorguen el mismo tratamiento al listado Engel, a las acusaciones nunca demostradas de corrupción por parte de la señora Porras. Ojalá comprendan que retirar la visa de Estados Unidos significa casi tan poco (excepto para propósitos comerciales) como similar postura por parte del gobierno de la lejana República de Lesoto.


Creo que la señora Porres ha hecho un papel superior al de sus antecesoras. Pienso que puede hacer un segundo período mejor que el primero. También sé, que dentro de los postulantes puede haber alguno capaz de desempeñar tan bien o mejor que ella la delicada función que será asignada a quien resulte electo. Voto porque el nuevo FG y JMPG tenga el coraje que la señora Porras mostró al despedir a Sandoval. Que visualice, como ella, que el Estado Derecho que buscamos para Guatemala jamás podrá suceder si nuestras instituciones reciben instrucciones de otros países. Si nuestros funcionarios son visitantes asiduos de la Embajada de EU.

Nuestro sistema de legalidad, para que funcione, debe contar con la confianza de los guatemaltecos de bien. Es preciso que se funde sobre criterios de soberanía e independencia. Cierto es que nunca hemos tenido tales cimientos, ausencia que ha causado la debilidad de nuestro sistema de Justicia. Por eso espero que los comisionados no se dejen influir por expresiones imperialistas de Estados Unidos. Que no incurramos en la ingenuidad de creer que, en el Departamento de Estado o su Congreso, existe el propósito sincero de ayudarnos a encontrar el “camino correcto”. Que, con plena dignidad, los decanos reconozcan que es solo a nosotros, los guatemaltecos, a quienes corresponde resolver los problemas nacionales.

 

SOBRE EL AUTOR
J, Fernando García Molina
      José Fernando García Molina Guatemalteco, 73 años, casado, dos hijos, ingeniero, economista. Tiene una licenciatura en ingeniería el&eacu
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