Apuntes
Tema: EconomÃa
La inversión es una de las formas que existen para generar riqueza con el capital, por lo que el capital de inversión es solo una parte de los recursos de capital totales de un inversor.
La inversión de capitales es sinónimo de riqueza, para el inversor y los que reciben el producto de la inversión. La rentabilidad de la inversión es para el inversor la riqueza que le produce y para los que la pagan, es el acceso a bienes y servicios que la inversión produce.
Condiciones para inversiones públicas o privadas.
Toda inversión conlleva un beneficio tanto para el inversor como para el que obtiene un beneficio de ella en bienes y servicios.
La inversión, por el origen de su capital, puede ser pública, la del Estado; privada, la del sector privado.
El origen del capital en las inversiones públicas son los impuestos que pagan los ciudadanos; en el caso de las inversiones privadas, el origen del capital a invertir es privado y generalmente proviene de otras inversiones privadas que los generan con su rentabilidad.
El financiamiento de las inversiones públicas se respalda con avales soberanos a su vez respaldados por impuestos a sus ciudadanos por lo que el análisis de su rentabilidad se basa en los beneficios sociales que causan. Este detalle promueve inversiones públicas en obras no rentables y donde el beneficio no es económico sino político.
El financiamiento de las inversiones privadas se respalda con los bienes del inversionista y con la rentabilidad de la inversión.
En resumen, quien recibe los beneficios de las inversiones es quien las paga, vía impuestos en el caso de inversiones públicas, o por compra en elección libre, en un mercado privado de bienes y servicios.
Obras de Infraestructura Nacional:
Son todas las obras y servicios que son necesarias para el desarrollo y bienestar de una sociedad y por consiguiente necesarias para el desarrollo de un país.
Estas inversiones cubren áreas de salud, educación, comunicaciones, seguridad, justicia, cuidado ambiental, etc.
En consecuencia, el país que reciba más inversión, será el país que ofrezca mejores condiciones de vida para sus ciudadanos. La relación Inversión / Calidad de Vida es directa.
En la inversión pública, el ciudadano no selecciona adquirir o disfrutar de un bien; simplemente lo paga en impuestos, los que los pagan, que no son todos los ciudadanos, ni mucho menos la mayoría.
En la inversión privada, el ciudadano, elige pagar o no por un bien o por un servicio a su conveniencia, el ciudadano que no lo quiere, no lo compra.
Oportunidades de Inversión:
En base a lo expuesto, el desarrollo y calidad de vida de un país depende de lo que en él se invierta. De ahí la importancia de propiciar la inversión en un país. Y en base a que debe producir riqueza para generar capitales que se reinviertan, las inversiones deberían ser mayormente privadas.
Entre los obstáculos a estas inversiones privadas están las leyes que han asignado al gobierno la prioridad de inversión en campos que se identifican como de infraestructura nacional.
La única modificación a tales leyes para abrir a la inversión privada consiste en quitarle al Estado la exclusividad que le asignan permitiendo así la inversión de capitales privados y obligando a las inversiones públicas a competir con las privadas. La competencia entre los inversionistas por conquistar sus clientes es la otra condición diferencial entre los dos modelos de inversiones.
En Guatemala, a finales del siglo 19, las inversiones en obras de infraestructura fueron realizadas por capitales privados con fines lucrativos. La electricidad, los ferrocarriles, las carreteras, los puertos y aeropuertos, el alumbrado público, la distribución de agua potable, el telégrafo, el teléfono, la banca, entre otros, son tan solo, un ejemplo de esas inversiones.
En el siglo 20, se puso de moda el estado benefactor, un claro mecanismo político para tomar el control económico de los ciudadanos, satanizando la condición de rentabilidad de las inversiones y asumiendo el rol de proveedor de bienes y servicios sin ella.
Los procesos de nacionalización se generalizaron y extendieron a todas las actividades de bienes y servicios.
El interés político de “hacer obra” estaba alimentado por la búsqueda de enriquecimiento de los políticos a cargo de adjudicar los proyectos.
Los famosos y nefastos bancos que financiaron las inversiones nacionales, recuperaron las inversiones mediante los avales soberanos nacionales y no mediante la rentabilidad del proyecto.
El resultado fue la provisión de bienes y servicios escasos a una minoría de los ciudadanos a precios subsidiados por conveniencia política y no por sanidad financiera, constituyendo así una deuda mamotrética que llevó al cierre de las ventanillas de los llamados bancos de desarrollo.
La incapacidad de pago de la deuda interna y externa implicó devaluación de la moneda, inflación y escasez de bienes y servicios. Y más pobreza.
Terminamos el siglo 20 habiendo regresado los servicios de agua potable, electricidad y teléfonos a la cancha de las inversiones privadas en infraestructura. Los resultados están a la vista en todos los aspectos, servicios abundantes de calidad internacional a precios competitivos y sin constituir un centavo de deuda nacional.
En contraposición, los bienes y servicios sujetos a inversiones estatales, son un desastre y la incapacidad de gestión estatal es más que obvia y presente en toda actividad delegada en las instituciones públicas. No logro identificar tan solo una actividad a cargo de la administración pública que pueda calificar de exitosa.
Ejemplos patéticos de esta incapacidad son las muestras del INDE en materia de energía geotérmica que la tiene concesionada en exclusiva y a nivel nacional y gracias a lo que la producción es escasamente un mísero 3% de la demanda del sistema y el crecimiento nulo de su capacidad hidroeléctrica a pesar de haber recibido el total de las hidroeléctricas nacionales, libres de toda deuda, pero eso sí, un gobierno irresponsable y populista se ingenió el mecanismo de exprimirle hasta la última gota de sus recurso económicos con el subsidio a la “tarifa social”
Lo que es de todos, no es de nadie, hagámoslo chinche.
Por otro lado, la gestión pública y la corrupción más generalizada y prácticamente presente a toda actividad, es ya de dimensiones sin precedente.
La corrupción, de dimensiones mamotréticas, tiene la impunidad garantizada por el manejo político del sistema de justicia y la aplicación de la ley y el orden público es inexistente.
Creo que puedo calificar a nuestra Guatemala como un país inmerso en una anarquía generalizada, con un sistema político agotado, corrupto, inservible y totalmente desprestigiado, excepto para los políticos, cuyo único fin es su enriquecimiento personal, sin miramiento ni escrúpulo alguno y presumen descaradamente, de su estatus. Auténticos sinvergüenzas.
Y como salpican por todos lados, la sociedad es tolerante. Auténtica corrupción total.
Al escenario descrito hay que agregarle las ingentes necesidades de sus pobladores en materia de salud, educación, orden público, comunicaciones que incluyen internet, carreteras, embalses de riego y de regulación de caudales, saneamiento ambiental en toda su extensión conceptual y territorial, hay que agregarle que el presupuesto nacional, ni siquiera incluye renglones de inversión, el total del presupuesto se usa en gastos de operación y escaso mantenimiento. No hay inversión estatal productiva, punto.
Así las cosas, considero que insistir en que el gobierno de turno va a cambiar el rumbo y el escenario, es sencillamente un error, el más grande error por cierto que hemos cometido con la falsa esperanza de que “el próximo gobierno, lo cambiará”.
En consecuencia, la inversión en infraestructura debe provenir del sector privado y hacer rentable su desarrollo. No conozco otra alternativa y si conozco los resultados de las actividades donde se aprecia claramente el beneficio que ha habido en las áreas donde el sector privado ha invertido en infraestructura y reconozco también el fracaso que ha sido pretender resolver los problemas con inversiones estatales.
Y no será con la aplicación de la ley de inversiones público-privadas que se consigan, ley que por cierto junto a otras tantas habría que tirar a la basura. Yo propongo en cambio, simplemente quitarle la exclusividad al estado en las áreas que la tiene, haciéndolo competir con el sector privado, en las áreas como educación, salud, seguridad… y permitiendo a los ciudadanos elegir con quien suscribir sus servicios.
Alternativa nacional, inversión pública o privada en obras de infraestructura:
La experiencia habida en los últimos 25 años en el país, nos indica el éxito habido con las inversiones privadas en las áreas energía eléctrica y comunicaciones. No es el objetivo de esta artículo enumerar los beneficios colaterales habidos, baste con resaltar que en esas dos áreas, la demanda está cubierta, que incluso se exporta su oferta y que es a precios competitivos a nivel centroamericano sin haber constituido deuda alguna nacional.
¿Qué tal nos iría como país si propiciáramos la inversión privada en la infraestructura nacional en las áreas de salud, educación, comunicaciones, seguridad, justicia, cuidado ambiental, etc.?
¿O seguimos como estamos delegando en el Estado y su Gobierno de turno el desarrollo de esas áreas?
El Estado tiene la función principal de respetar y garantizar la vida, la propiedad privada y la libertad de sus ciudadanos. Que no es poco, a eso llevémoslo. Con eso viviremos felices.
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Alfonso RodrÃguez Anker |
| Nacionalidad: Guatemalteca, Españ | |