Recordando a Muso
Tema: Construir el Estado
En el artículo anterior referí que hay fortunas empobrecedoras y fortunas enriquecedoras. Unas y otras dependen de cómo se acumulan. No me refiero a las fortunas ilegales como las de los capos. Las fortunas empobrecedoras legales, se acumulan utilizando la ley misma para que mediante el poder coercitivo del Estado se transfiera artificiosamente dinero de un gran número de consumidores a un reducido número de productores.
El embuste consiste en otorgar un privilegio legal que permita empobrecer a los demás, asegurando que es de alta conveniencia social. Se oculta lo que verdaderamente es: la violación al derecho de todos los habitantes para buscar sus satisfactores dónde y cómo más les convenga, sujetos únicamente a respetar el igual y recíproco derecho de los demás. Y, por último, que se oculte su verdadera naturaleza: una vulgar legalización del despojo.
Nadie estaría dispuesto a aceptar que el Estado, en forma transparente, cobre un impuesto cuya recaudación sea transferida a una empresa, para hacer más rentable su producción. La oposición a tal intento sería formidable. Se diría que la rentabilidad de todas las empresas debe ser alcanzada por sus propios méritos económicos. Razonamiento que es irrefutable.
Por ejemplo, suponga que se quiere favorecer a los dueños de las fábricas de ganchos de pelo para señora y que mediante una ley se ha creado un impuesto extraordinario sobre la importación de tales ganchos, haciendo onerosos los importados. Los productores locales, así protegidos, podrían subir el precio de los ganchos que fabrican. Así, estarían recibiendo un subsidio disfrazado, directamente, de las damas que los consumen.
De esa forma, los productores de ganchos de pelo acumularían una fortuna empobrecedora. Al conjunto de señoras que utilizan ganchos de pelo, se le habría empobrecido en la misma medida que a los productores se les habría enriquecido. Ellas habrían podido adquirir, a menor precio, un producto importado. Lo que pagaron de más, creó la riqueza del otro.
La argucia consiste en hacer que estas leyes se perciban como el costo de fomentar alguna actividad. Ello se logra con argumentos que suenan plausibles, como el de fomentar el empleo. Tales explicaciones no toman en cuenta el costo de oportunidad de los recursos. El análisis común que se presenta compara únicamente el beneficio de hacer ganchos, contra el de no hacer ganchos.
Un análisis más completo habría sido compararlo contra producir otros productos, económicamente viables que se fabricarían en vez de los ganchos. De no haber posibilidad de obtener un subsidio, los fabricantes de ganchos habrían buscado formas más eficientes de producirlos. Si eso no hubiera sido posible habrían destinado sus recursos a fabricar productos sin subsidio.
Guatemala es un país pobre. Eso quiere decir que sus habitantes tienen a su alcance menos productos y servicios que quienes habitan un país rico. Los habitantes del país rico producen una mayor cantidad y diversidad de productos que los del país pobre. La escasez de productos en el país pobre evidencia las muchas posibilidades de producción sin atender que hay. Los nuevos (o mejores) empleos estarían destinados a producir los satisfactores de que ahora carecemos.
El ingenio del hombre para justificar subsidios (rent seeking, en inglés) es sorprendente. Por ejemplo, los productores de ganchos podrían conseguir ese subsidio, que empobrece a las damas, utilizando su influencia para pasar una ley exigiendo que solo pueda importarse ganchos en cajas que contienen un número inusual de ganchos o que los mismos vengan cubiertos con una pintura fungicida.
Otra forma muy utilizada (y corruptora) de obtener fortuna empobrecedora con base en subsidios directos del consumidor, consiste en crear reglamentos que dificulten la entrada de nuevos competidores aduciendo que así se puede ordenar la competencia. Una más, descansa en impedir la exportación de alguna materia prima para que el grupo fomentado la pueda comprar a un precio menor que el del mercado, siendo subsidiado así por sus propios proveedores. Otra, radica en establecer precios mínimos, es decir, prohibiendo vender más barato, para asegurar el subsidio al productor. También se promueve el subsidio regulando cuotas de mercado, para que la competencia no cause baja de precio que anule el subsidio del consumidor. Y así… la imaginación es el único límite.
La creación de fortunas empobrecedoras conlleva un efecto negativo adicional: Frecuentemente los dueños de las empresas subsidiadas se apoderan de las autoridades a cargo de aprobar las leyes o disposiciones que permiten crearlas. No solo para proteger los privilegios que ya tienen sino también para crear otros nuevos. Con frecuencia consiguen poner funcionarios en los ministerios que corresponde quienes están a su servicio. La corrupción que generan alcanza a los diputados en el Congreso, quienes obedecen sus instrucciones. La artimaña consiste en lograr que las leyes, disposiciones o reglamentos se perciban como algo necesario para proteger a los consumidores o a los trabajadores, o al país.
La población debe ser particularmente cuidadosa cuando se hable de una “política de fomento” o de reactivar la economía. En el fondo se trata de mecanismos mercantilistas diseñados para otorgar privilegios que conviertan en rentable lo que por sus propios méritos económicos no lo es.
Para conseguirlo, se utilizan diferentes formas de subsidio que necesariamente habrá de empobrecer a un sector de la población. La cantidad que cada consumidor otorgue como subsidio al productor suele ser suficientemente reducida como para que este decida que no valga la pena reclamar. Pero pueden ser millones de personas quienes estén contribuyendo a crear una fortuna empobrecedora. Además, en una sociedad así, el consumidor otorga no uno sino muchos subsidios “legales” a las empresas subsidiadas.
La magnitud de la política de fomento tiene que ser suficiente para desplazar del mercado de recursos a otros empresarios que no requieren subsidios. En ausencia de privilegios, estos verdaderos empresarios se quedarían con esos recursos (tierra, mano de obra, capital, etcétera). Si ellos no fueran desplazados de la actividad productiva, la política de fomento no tendría objeto.
Los gobiernos mercantilistas, a pesar de que algunas veces actúan de buena fe, pero son presa de la recomendación de organismos internacionales, que los sorprenden en sus buenas intenciones, pronto caen presa de los oportunistas. El resultado es que terminan formando los gobiernos de los privilegiados, por los privilegiados y para los privilegiados. Así, los consumidores más pobres, obligados a subsidiar la producción con privilegios, se ven impedidos de salir de la indigencia. La pobreza se generaliza, al mismo tiempo que se crean grandes fortunas empobrecedoras.
