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Invitado de honor

Alex Baur: Sperisen Una pesadilla sin fin
Fecha de Publicación: 31/03/2018
Tema: Justicia
Después de cinco años de detención preventiva, Erwin Sperisen fue liberado en septiembre pasado por orden de la Corte Suprema Federal. En una entrevista con Weltwoche, el ex jefe de policía guatemalteco habla sobre su relación con Suiza, sus experiencias con los tribunales de Ginebra, los 1849 días de confinamiento solitario, y lejos de su familia.


Y la responsabilidad no aclarada de la ejecución de los siete detenidos en la prisión de Pavón.
"Fue un juicio claramente político" - Erwin Sperisen y su familia en su apartamento en Ginebra. Imagen: Sébastien Agnetti para el Weltwoche Ver: https://www.weltwoche.ch/ausgaben/2017-51/artikel/un-interminable-cauchemar-die-weltwoche-ausgabe-512017.html


Alex Baur. Alex Baur, Lucerna 1961. Editor del semanario suizo Die Weltwoche. Ha recibido varios premios, incluido el Alstom Journalism Prize en 2004 y el Zurich Journalism Prize en 2014.
El Palacio de Justicia es majestuoso ante la cálida luz del sol de otoño, los gritos de los niños jugando y el ladrido de perros de vez en cuando desde el paseo Saint-Antoine. En las terrazas de los cafés de la ciudad reina una convivencia tranquila. En la distancia, un chorro de agua brota hacia el cielo. Cuando Erwin Sperisen mira por la ventana de su apartamento, la ciudad de Ginebra se presenta con un lado encantador, casi irónico.

El mundo detrás de la fachada del apartamento Sperisen en el casco antiguo es un poco menos agradable. Los padres comparten una habitación pequeña, los tres niños duermen en la cocina-comedor. El servicio social de Ginebra no concede más a la familia Sperisen; a más de uno le hubiera gustado deshacerse de él desde hace mucho tiempo. Pero Erwin Sperisen no puede moverse. Un brazalete electrónico lo impide. Y él no quiere moverse. Porque él, hombre de 48 años, está luchando por su rehabilitación. Una cuestión de honor y principios.

El fiscal de Ginebra, Yves Bertossa, creyó que tenía ante sí un simple juego y podía salirse con la suya fácilmente cuando arrestó al ex jefe de la policía de Guatemala el 31 de agosto de 2012. Creyó que un testigo clave y documentos de Centroamérica podían demostrar que Erwin Sperisen había asesinado a siete prisioneros en su país en 2006. Como no fue posible extraditar a Guatemala a este binacional suizo, Bertossa lo llevó ante la justicia en Ginebra.

Pero el juicio de Sperisen rápidamente se convirtió en una pesadilla legal. Las declaraciones y documentos de Guatemala, contaminadas por maquinaciones políticas, no valían ni en el papel en el que estaban escritos; estaban llenos de contradicciones. La denuncia que se montó, con indultos y privilegios, enviados desde Guatemala a un gran costo, no fueron muy útiles. Solo proporcionaban especulaciones muy poco concretas, nada verificable ni confiables.

Mientras en Guatemala, Austria y España los coacusados eran absueltos uno después del otro, el poder judicial de Ginebra retuvo obstinadamente los cargos contra Sperisen. Las acusaciones han cambiado constantemente. En ocasiones decían que Sperisen había ejecutado a los detenidos con sus propias manos, en otros escenarios, que se mantenía deliberadamente alejado de la escena del crimen. Y cuanto más duraba el juicio, más difícil le resultaba a la justicia de Ginebra admitir que habían encarcelado al hombre equivocado.

A fines de septiembre de 2017, el Tribunal Supremo Federal puso fin a la tragedia y ordenó la liberación inmediata de Erwin Sperisen. Desde entonces ha estado bajo arresto domiciliario, a menos de cien metros del Palacio de Justicia de Ginebra. Las condiciones son contenciosas. Tres veces a la semana, Sperisen debe presentarse en una estación de policía en el otro extremo de la ciudad. El poder judicial de Ginebra no tiene prisa, el nuevo juicio está programado para mediados de abril. Pero al menos Erwin Sperisen está nuevamente con su familia. Él recibe a Weltwoche en su pequeño departamento.

Weltwoche: según la sentencia del Tribunal Federal, no cabe duda que algunos reclusos han sido ejecutados durante la toma de la prisión de Pavón, hace ya once años, pero no está demostrado que usted sea responsable. ¿Quién mató a los siete reclusos?

Me he hecho esta pregunta una y otra vez. Fue una operación a gran escala. 2,500 miembros de las fuerzas del Ejército, Policía, Fuerzas Especiales, personal penitenciario –se nos encargó recuperar el control de los 1,800 internos. Yo estaba en el otro extremo de la prisión, a 300 metros de donde ocurrió el tiroteo, las imágenes de video y testimonios demuestran que se dispararon tiros desde la prisión.
Había mucha gente allí. No tengo dudas hasta el momento de que se haya producido un intercambio de disparos entre los detenidos y la policía. Vi a los muertos a unos veinte metros de distancia. No era mi trabajo investigar los casos de muerte. El fiscal del Ministerio Publico había estado presente desde el inicio de la intervención. Cuando la situación estuvo bajo control, de inmediato comenzó a tomar huellas dactilares. Si yo hubiera intervenido en la investigación, habría quedado sujeto a juicio.
Lamentablemente, conforme los informes de la autopsia, hoy debemos suponer que hubo ejecuciones, al menos en tres casos. En aquel momento, sin embargo, no tenía idea de las investigaciones, eran tarea exclusiva del fiscal. Aquel era, claramente, un procedimiento de la justicia.

¿Por qué estaba el Ministerio Publico en el sitio desde el principio?

Sabíamos que los reclusos estaban armados. Esperábamos, en parte debido a incidentes anteriores, que hubiera heridos y muertos. También estaban los servicios de salud, previendo el peor de los casos. Se trabajó bajo la hipótesis de que podría haber hasta un centenar de muertes.

Rápidamente se sospechó que se trataba de ejecuciones ocurridas durante el asalto a la prisión.

Esa sospecha no se basó en investigaciones realizadas por el Ministerio Público. Sergio Morales, Procurador de los Derechos Humanos, la hizo circular tres meses después del evento. Esa versión se basó solo en declaraciones correspondientes a rumores de los reclusos.

Sin embargo, las lesiones y la evidencia indican que hubo ejecuciones. Es poco probable que los detenidos se mataran entre ellos.

Eso es lo que las autopsias permiten asumir hoy. No en todos los casos, pero por lo menos en tres. En aquel momento, no me informaron sobre las investigaciones del Ministerio Público. Fue hasta cuatro años más tarde que tuve conocimiento de las conclusiones de los hallazgos, que en realidad estaban llenos de deficiencias. Este es el principal problema de todo lo sucedido: no hubo ninguna investigación correcta, todo estuvo bajo una fuerte presión política.

Alguien debe haber ordenado y llevado a cabo estas ejecuciones. Estos pueden incluir la policía, el ejército, los servicios secretos, las fuerzas especiales del Ministerio del Interior, el personal penitenciario y las pandillas competidoras. Todos estaban armados. ¿Qué piensa usted?

No lo sé. Solo puedo decir una cosa: nunca hubo una estrategia ordenada desde arriba, como lo afirmó el fiscal de Ginebra, Yves Bertossa. Todos los sospechosos: nuestro superior, el ministro del Interior Carlos Vielmann, mi colega el Director del sistema penitenciario doctor Alejandro Giammatei, mis subordinados, los jefes de la intervención Javier Figueroa y Mario García Frech, han sido absueltos. Sin embargo, hay una figura central en esta historia que nunca fue acusada: Luis Linares Pérez, el testigo de la fiscalía.

¿Puede explicar eso?

Linares Pérez pertenecía al Servicio de Inteligencia del Ejército y luego estaba trabajando para el sistema penitenciario cuando ocurren los hechos. Curiosamente, su papel nunca fue investigado. Estuvo a cargo de los preparativos para la intervención e involucrado en los tiroteos, lo que el admite en su propio testimonio. Unos días antes de la intervención hubo un conflicto entre los narcotraficantes detenidos donde murieron unos antiguos colegas del ejército de Linares Pérez al salir de Pavón.
Linares Pérez se convirtió luego en el principal testigo de la acusación. En sus declaraciones, que están llenas de contradicciones, no me incrimina directamente. Él las ha cambiado y adaptado una y otra vez. Sospecho que quería exculparse denunciando a otras personas. Como recompensa, recibió impunidad y una visa de residencia en Canadá.

Según la acusación, los "Riveritas", una unidad de comando semiprivada bajo las órdenes directas del Ministro del Interior, desempeñó un papel clave en el tiroteo. Un tal Víctor Rivera, un venezolano al que se le atribuye un pasado en la CIA, dijo que había mandado a las tropas. Según Bertossa, él era el hombre responsable de las "acciones de limpieza social".

Rivera dirigía una empresa de seguridad privada que trabajaba estrechamente con la policía y el Ministerio del Interior. Originalmente había sido contratado por víctimas o familiares principalmente en casos de secuestro, robos de bancos y otras formas de crimen organizado. Esto se debió al hecho de que una empresa de seguridad privada puede actuar de manera mucho más flexible y ágil que la policía que, como todas las instituciones estatales, opera con mucha pesadez y burocracia en Guatemala.
Rivera había trabajado durante varios años como asesor del Ministro del Interior. Me sorprendió verlo, a él y sus hombres, en el lugar, al final de la toma de control. El plan preveía que el ejército y la policía aseguraran la prisión y que entrarían junto con los servicios del sistema penitenciario para lo que sería la requisa al final de la intervención. El objetivo era desmantelar las organizaciones criminales que habían tomado el control de Pavón. Nunca fue una cuestión de acciones de limpieza social.

¿Él no debía eliminar la delincuencia organizada a través de un crimen de estado?

No. Si ese hubiera sido el caso, habríamos procedido de manera diferente. Habíamos supuesto que el centro de la resistencia estaría en otro lugar, en la entrada principal. Es por eso que estaba allí. Se pensó que el asalto en el lado sur era una distracción. Fue allí donde el tiroteo tuvo lugar frente al "chalet" del narcotraficante capo de la droga colombiano Jorge Batres. Batres tenía su propio edificio en el complejo de la prisión, tenía guardaespaldas, cámaras, amas de casa y todo lo que eso conlleva.

Antes de la intervención en la prisión, hubo amenazas de la mafia contra el Director del sistema penitenciario, Alejandro Giammatei: o la operación era cancelada o su familia entera sería asesinada. Si podemos contar con algo en Guatemala, es la venganza de la mafia. Sería lógico, tal vez incluso comprensible, para los funcionarios decir esto: liquidemos a los líderes de la mafia antes de que nos liquiden.

Sí, esa es una hipótesis que se planteó contra el doctor Giammattei. Pero fue absuelto, esto quiere decir que después de una minuciosa investigación no se encontró evidencia alguna de que hubiera podido ser él. Personalmente, no creo que las cosas hayan sucedido así. Pero si ese hubiera sido el caso, habría sido responsabilidad de las autoridades del sistema penal, no la mía. No hubiera ganado nada, pero sí arriesgado mucho. Antes de la toma de Pavón, nunca tuve conocimiento de ninguna amenaza de los detenidos.

Sus oponentes políticos lo acusan haber participado sistemáticamente en “operaciones de limpieza social”. Esta sospecha esta otra vez en el aire desde la guerra de las guerrillas. Hay casi 6.000 asesinatos en Guatemala cada año, la mayoría de ellos nunca se aclaran, el sistema judicial falla miserablemente ¿Quería combatir el crimen con el crimen?

Desde la Conquista, estas atrocidades han sido recurrentes en Guatemala, en realidad también antes. Me presenté para luchar contra la violencia. Mi politización se remonta a los años 90. Era el momento de las negociaciones de paz. Pertenezco a una generación comprometida con la esperanza y la voluntad de derrotar al terror y convertir a Guatemala en una nación moderna y civilizada. Mis mayores dificultades fueron en la misma policía porque no acepto la corrupción o el linchamiento.

En algunos medios, de comunicación le hemos convertido en un fanático evangélico que predica la guerra santa contra el crimen. ¿Cómo se posiciona en esto?

Fue un periodista de El Salvador quien hizo circular esa teoría, y luego la repitieron otros. No tiene sentido, va en contra de mis principios. Soy protestante pero nunca he predicado mi fe y nunca he sido un fanático. Lo que es cierto es que una vez tuve, siendo jefe de la policía, un programa de televisión en una cadena evangélica. Entonces tenía la ambición de hacer una carrera política.
Pero la religión nunca fue abordada en mi programa que siempre giró en torno a la seguridad y el trabajo policial. El canal vino a buscarme, no porque fuera protestante, sino porque la empresa quería transmitir algo que no tenía nada que ver con la religión y que le interesara al público. Tenía una audiencia de seis millones de espectadores, incluidos muchos oficiales de policías que toqué de esta manera. Fue un programa en el que se incluían numerosas llamadas en vivo de televidentes que se quejaban de los problemas de seguridad, pero también sobre los abusos cometidos por la policía.

El tema de la religión también ha pesado en el juicio de Ginebra como una acusación implícita. Los evangélicos tienen la reputación de ser la "línea dura" de la derecha.

Hay razones históricas para esto. Con lo que se ha llamado la Teología de la liberación, surgió una alianza entre la guerrilla y sectores de la Iglesia Católica, especialmente los jesuitas, en toda la América Central. Hoy día, casi la mitad de la población de Guatemala es protestante. Esto provoca tensiones que están totalmente caricaturizadas en Europa. En toda América del Norte y América del Sur, la libertad religiosa siempre ha tenido un significado diferente del que tiene en Europa. Con nosotros, la religión se considera un asunto privado, yo comparto esa opinión. En Europa, siempre ha sido una cuestión de proteger al Estado de la influencia de la iglesia. En América, la prioridad era lo contrario: las iglesias debían protegerse de la influencia del Estado.

¿Dónde se encuentra políticamente?

Yo soy generalmente conservador, centro-derecha. Los extremos son extraños a mí. Creo que las cosas tienen que desarrollarse gradualmente y desde el interior. Sí, creo en los valores cristianos tradicionales. No debemos tirar por la borda de un día para otro lo que la tradición nos ha dado. En asuntos económicos, soy más bien una tendencia hacia Hayek que hacia Keynes. Creo que un Estado pequeño debe estar al servicio de su gente, y no al revés.

La izquierda de Ginebra le describe como un oligarca. ¿Qué piensa?

Mis abuelos tenían una vidriería en Guatemala. Perdieron todo en los años 60 cuando mi abuelo se enfermó y murió. Mi padre se hizo cargo de su propia carpintería, que con el tiempo se convirtió en una fábrica de muebles. Llegó a la política a través de la Asociación de Pequeñas Empresas, luego a su mandato en Ginebra, donde representa a Guatemala en la OMC. Crecí en la clase media.

¿Qué hay de su relación con Suiza?

A diferencia de mi padre, no aprendí ninguno de los idiomas nacionales. Sin embargo, vine a Suiza a la edad de veinte años, para hacer la escuela de reclutamiento, como lo hizo mi padre en su época. Pero no me aceptaron; por un lado, debido a mi falta de conocimiento del idioma, por otro lado, mi entusiasmo por el ejército suscitó desconfianza. Sé que pueden poner esto en mi contra ahora. Pero no soy un Rambo. En el ejército suizo, sólo quieren a soldados que no tienen de verdad el deseo de hacer el servicio (se ríe).

¿Su formación?

Estudié administración de empresas en Guatemala e hice prácticas en un hotel. Mi jefe se dedicaba a la política. Él despertó mi entusiasmo por la política y me hizo ir a la Municipalidad de Guatemala. Trabajé allí como asistente del alcalde. Más tarde, hice una pasantía en la Procuraduría General de la Nación. Me gradué en Ciencias Políticas como estudiante asalariado. Conocí a mi esposa Elizabeth en la universidad. Ella es de El Salvador, pero también tiene raíces suizas.

¿Cómo se convierte en líder político de la "Policía Nacional Civil" de Guatemala?

Cuando era adolescente, me gradué de Bombero Municipal ad-honorem y en Protección Civil. Sé que es cursi, especialmente en mi papel de supuesto perpetrador de una masacre. Pero es así. Siempre he tenido vocación por el bien común. En 2004, me propusieron ser el comandante al mando de los Bomberos Municipales en Guatemala. Ya estaba en medio de las negociaciones salariales cuando el Ministro del Interior, Carlos Vielmann, me ofreció, para mi sorpresa, el puesto de jefe de la policía.
Solo tuve diez horas para pensarlo. Sabía que no tenía la estructura para ese trabajo ni pertenecía al partido en el poder. Tenía 34 años, ninguna experiencia con la Policía Nacional, solo con la Policía Municipal. Mis amigos y familiares me suplicaron, casi de rodillas, rechazar la propuesta. La policía tiene muy mala reputación en Guatemala, la consideran un cementerio político. Entre los bomberos hay pocas posibilidades de cometer errores. Pero finalmente me dije: no podemos criticar a la policía y luego escondernos cuando tenemos la oportunidad de hacer algo. Así que acepté a la mañana siguiente.

¿Cuánto ganaba como jefe de la policía?

Alrededor de $ 2,800 por mes. Mi esposa ganaba más como consultora de planificación de negocios (se ríe). Con solo mi salario no hubiéramos podido pagar el colegio de los tres hijos o la hipoteca de nuestro departamento. Después de dejar la policía, publiqué mis finanzas: tenía menos dinero que antes de asumir el cargo.

¿Cuáles eran las principales preocupaciones del jefe de la policía?

Carecía de todo, desde uniformes decentes hasta inodoros en los puestos de guardia. En términos generales, hubo tres problemas: personal, equipo, comunicación. Como parte de un primer inventario, definimos más de 500 proyectos, de los cuales pude lanzar aproximadamente la mitad y completar algunos de ellos en tres años, es decir, durante mi mandato. Además de la infraestructura, la corrupción era el problema superior.

Establecimos un seguro de vida para los policías y las viudas de policías asesinados, guarderías, servicios médicos un hospital formal para policías y para familiares cercanos, construcción de urbanizaciones seguras, mejoramos la capacitación y abrimos oportunidades de carrera. Fuimos la primera fuerza policial en toda América en equipar todos los vehículos con un sistema de rastreo por GPS y algunas cámaras. El objetivo era crear un vínculo más fuerte entre la policía y la institución, para protegerlos, pero también para controlarlos. Estas son formas efectivas contra la corrupción.
Un oficial de policía que tiene mucho que perder piensa dos veces antes de ser sobornado. Estuve muy activo como Presidente de la Organización de Jefes y Directores de Policía de América Central y el Caribe, así como de Interpol.

Durante su mandato, se constituyó a la comisión internacional de investigación CICIG. Es ella la que inició más tarde diligencias en su contra. ¿Cuál fue el objetivo?

Inicialmente, la idea era crear una autoridad para asesorar, capacitar, investigar y luchar contra las estructuras paralelas de la mafia dentro de los organismos estatales. Había en todas partes grupos que practicaban corrupción: en las comunas, en las aduanas, en las fuerzas armadas. También se hablaba de "operaciones de limpieza social".

Queríamos establecer una organización internacional porque no podíamos confiar en nuestro propio personal. Yo apoyé completamente su acción. Pero cuando en 2008 el nuevo gobierno llegó al poder, la CICIG cambió su enfoque.

¿Por qué?

Claramente, la CICIG no lograba avanzar en la lucha contra la mafia en el seno de las estructuras estatales. Había que presentar resultados, entonces se apoderó de lo que parecía más fácil. El nuevo gobierno de Álvaro Colom ordenó, que la CICIG investigara los sucesos en Pavón que se habían convertido en un asunto político.Las demandas también desviaron los ojos de un escándalo de corrupción y asesinato, el caso Rodrigo Rosenberg, que había causado una crisis real dentro del gobierno de Colom.
La operación de Pavón había sido considerada hasta ese momento un éxito del anterior gobierno de Oscar Berger. Después de mi renuncia, obtuve una calificación muy alta de popularidad en las encuestas de opinión. El director del sistema penitenciario Alejandro Giammatei incluso llegó a ser un potencial candidato presidencial para la siguiente elección. Los enjuiciamientos de la CICIG tenían como objetivo destruir esa imagen positiva.

¿Por qué renunció en 2006 y se trasladó a Ginebra?

Hubo varios intentos de asesinato en mi contra. Mi helicóptero fue saboteado, granadas devastaron mi oficina, nos dispararon una vez y otra en mi automóvil. También hubo amenazas concretas contra mi esposa e hijos. Primero envié a mi familia a los Estados Unidos, pero las autoridades estadounidenses con las que tenía un contacto muy bueno no pudieron darnos ninguna garantía. La mafia de la droga también está activa en los Estados Unidos. Es por eso que envié a mi familia a Ginebra, donde mi padre trabaja en la OMC.

¿Qué pensó hacer entonces?

Planeábamos una estadía solamente de un año hasta que la situación se calmara en Guatemala. Pero mi esposa encontró un trabajo en la misión de Guatemala a la ONU, los niños se aclimataron. Fue entonces cuando se produjo el escándalo del asesinato de tres parlamentarios salvadoreños por parte de agentes de policía de Guatemala.
Una historia complicada en la que el dinero de la droga desempeñó un papel importante. Los dispositivos de GPS que había instalado en los vehículos de la policía permitieron identificar a los oficiales de policía. El Ministro del Interior presentó su renuncia fue una decisión política que buscaba calmar las protestas de nuestro vecino país. Dudé mucho sobre si debía renunciar junto al Ministro o permanecer en el cargo. Decidí hacerlo, a pesar de que nunca se me imputaron fallas. Así fue como vine a buscar a mi familia a Suiza.

¿Por qué hubo ataques contra usted y su familia?

Nunca he caído bajo el control de ninguna pandilla o banda de la mafia y su corrupción.

¿Qué quiere decir con eso?

Las ofertas siempre llegan a través de terceros, informantes de segunda categoría, nunca directamente de los jefes. Comienza inocentemente. Una pandilla de la mafia pasa información sobre una pandilla rival a la policía, es colaboradora. Hay arrestos, prestigio… y se crea una proximidad que pronto se vuelve peligrosa. Para el policía que enfrenta problemas de dinero todos los días, existe una gran tentación de desviar un algo para él o para la institución. Cuando lo hace, el policía queda expuesto al chantaje. Los organismos internacionales como la DEA operan sobre esta base.

Ellos unen fuerzas con una pandilla para estas peleen entre ellas. Puse fin a esta práctica en Guatemala. Como principio, ya no colaboramos más con ninguna pandilla. Aunque hubo menos arrestos espectaculares, ninguna pandilla podría depender de la protección policial. Fue aquí donde comenzaron las amenazas de muerte y los ataques, combinados con ofertas de hombres de paja de clase inferior. Un gran clásico: "plomo o plata": puedes elegir entre dinero o balas.

¿Huyó de Guatemala?

No. El gobierno guatemalteco pagó los billetes de avión, primero para mi familia y luego para mí. Porque el gobierno ya no podía garantizar nuestra seguridad. Las acusaciones contra mí surgieron mucho más tarde.

¿Cuáles fueron sus proyectos en Suiza?

Tenía la perspectiva de un trabajo en Interpol en Lyon. No está lejos de Ginebra y habría sido perfecto. Como jefe de policía, alenté las relaciones con la Interpol y los modernicé, tenía una muy buena reputación en Lyon, ellos también conocían mi participación en asociaciones policiales internacionales. El idioma no fue un problema gracias a mi conocimiento del inglés. No había una oferta concreta, pero Interpol había manifestado interés en principio. También tuve conversaciones con instituciones suizas. Cuando aparecieron las acusaciones de la CICIG en contra mía, toda posibilidad desapareció.

¿Cómo se enteró de estas acusaciones?

Fue en septiembre de 2010. Estaba buscando en la Internet un periódico matutino de Guatemala. La CICIG anunció que había abierto una investigación contra diecinueve funcionarios del gobierno de Óscar Berger, entre los cuales incluían mi nombre. Nos acusaron de diecisiete delitos que van desde el narcotráfico hasta el asesinato, acoso sexual, robo de automóviles y secuestro. Una miscelánea completa. Me sorprendió.

Informé al abogado Florián Baier, amigo de la familia. Baier escribió inmediatamente una carta al Fiscal General de Ginebra en ese momento, Daniel Zappelli. Le expliqué dónde vivía, que estaba en todo momento a disposición de las autoridades y le aseguré mi cooperación sin reservas. Dos semanas después, mi esposa fue despedida de la Misión de Guatemala ante las Naciones Unidas sin ningún motivo.

¿Qué pasó después?

Durante un año, no pasó nada. En 2011, el fiscal Michel-Alexandre Graber me convocó a su oficina. Me mostró un informe que la CICIG le había enviado desde Guatemala. Durante el interrogatorio, resultó que no había nada concreto en mi contra. Graber anunció una solicitud de asistencia legal mutua dirigida a Guatemala que incluía la solicitud de exponer lo que se estaba llevando a cabo en contra mía. Estuve de acuerdo, quería clarificar este caso. De manera espontánea, di mi consentimiento para la divulgación de toda mi situación financiera.
Un año después, supe que un nuevo fiscal, el abogado Yves Bertossa, se estaba ocupando de mi caso. Esto me preocupó porque Bertossa está estrechamente relacionado con la ONG TRIAL, como descubrí en una búsqueda en Google. Los grupos de izquierda, en estrecho contacto con TRIAL, han estado creando un clima hostil para mí por un tiempo, pero en un tema completamente diferente. TRIAL incluso contrató a un detective para que espiara mi vida privada y al cual descubrí tomando fotografías de mi persona y mi familia.

¿Había pues unas acusaciones anteriores contra usted?

No tiene nada que ver directamente con el procedimiento oficial. Este fue el caso de "Finca Nueva Linda", una ocupación ilegal de tierras, un conflicto armado entre organizaciones "campesinas" o ex guerrilleros en 2004 en Retalhuleu. Esto h