ENSAYOS >
Título:     Tema:     Autor:    

Mi Esquina Socrática

El sector productivo y la CICIG
Fecha de Publicación: 27/02/2018
Tema: Transparencia
No conozco a nadie que no asegure, al menos de labios para afuera, que no esté cien por ciento en contra de la corrupción.

Mi problema moral es otro: ¿a cuál tipo de corrupción se refieren? Porque son casi infinitos y también relativamente difíciles de tipificar desde el punto de vista de los tres condicionantes últimos para la formación de cualquier juicio ético: de la moralidad del acto en sí mismo, de la voluntariedad con la que se procedió a él, y de las circunstancias concretas del agente cuando ocurrió.

Sin contar que cualquier forma de corrupción que se quiera condenar habría de entrañar por nuestra parte, quienes juzgamos, de cierta certeza moral de la inexistencia de antecedentes penales de la misma índole en nosotros mismos.

Y con otra condicional más contundente: carácter, lo que inevitablemente entraña firmeza de principios, criterios éticos claros y jamás negociables, y una determinación previa a negarse asimismo ventajas injustas en la competencia universal en la que sin cesar estamos inmersos.

Me identifico asimismo con la premisa de que el sistema productivo en manos privadas es lo que a todas luces mantiene en pie a esta o cualquier otra economía floreciente, siempre y cuando las reglas hayan sido siempre iguales para todos.

De ahí que la casi totalidad de los avances productivos los crea la  iniciativa de hombres y mujeres libres y tesoneros.

El otro sector correlativo, y hasta cierto punto parasitario del anterior, lo constituye todo lo estatal; no menos imprescindible dentro de ciertos parámetros cuyo conjunto conocemos como el “Estado de Derecho”. Así lo esclareció Robert Nozick en su magistral “Anarquía, Estado y Utopía” (1974).

Pero percibo igualmente al sector “productivo” de Guatemala al momento muy confundido y dividido a propósito de la presencia entre nosotros de la CICIG, muy en especial bajo su Comisionado actual, Iván Velásquez.

Y ciertos columnistas de opinión también parecen no menos confundidos porque olvidan que el CACIF es una asociación legítimamente instituida para la defensa y promoción de los intereses de sus asociados, y no en cuanto “Think Tank” en torno a todas las prioridades nacionales.

De ahí que sea comprensible que algunos aceptemos su vigencia moral al mismo tiempo que objetamos propuestas suyas como ésa reciente de invitar a Guatemala con todos sus gastos pagos al corrupto Daniel Ortega, que explota inmisericorde a su propio pueblo, como igualmente lo hace pero mucho más groseramente Nicolás Maduro con el suyo propio.

Algo parecido a lo que ahora ocurre respecto a la CICIG por parte de algunos voceros aislados del sector privado organizado.

La “corrupción”, para empezar, es tan vieja como el pecado original. Y la lucha contra ella, tan amplia y onerosa como la de la entera cantidad de humanos que hemos existido por los últimos cuarenta mil años.

Incluso me atrevería a decir que todo hombre y toda mujer desde que comienza a tener algún uso de la razón ineluctablemente se han visto tentados por ella… “Nihil novi sub sole.

Todos somos corruptibles en mayor o menor grado, y por lo mismo llamados no menos a superarnos luchando contra nuestros propios instintos para siquiera alcanzar un mínimo de aceptación por Dios y por los demás humanos. Tampoco nada nuevo bajo el sol.

La “corrupción” en el sector público, en cuanto entrelazado inevitablemente con el privado, es la más ardua de combatir de todas. No hay un simplista “deus ex machina” que la elimine, ni tampoco profeta infalible que con facilidad la identifique. ¿Qué se cree entonces Iván Velásquez?...

Entonces, ¿por qué tanta alharaca y divisionismo a su propósito?

Creo que por tratarse de un ente internacional en el que a los nativos de este país no se les permite llevar la voz cantante, caso único en el escenario internacional de nuestros días. Una CICIG, sea dicho de paso, en cuanto muy parecida en su sigiloso actuar al caso de la Unión Soviética al que aludió su contemporáneo Winston Churchill como: “un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma”. Porque ¿a quién rinde cuentas públicamente?

 En segundo lugar, por estar constituida la CICIG por hombres y mujeres forrados de inmunidades y privilegios cual nunca antes en este país. Por lo que me animo a pensar que por esa misma razón algún día todos ellos, incluidos Edgar Gutiérrez y Eduardo Stein, con otras luminarias de menor incandescencia, también habrán de comparecer ante un tribunal de justicia competente simplemente por el delito de “traición a la confianza pública”.

Tercero, por un historial concreto del tal engendro extranjerizante, repleto de innumerables violaciones a las normas jurídicas y morales más elementales y legalmente de validez universal, conocido como el debido proceso jurídico.

En cuanto el sector productivo agrupado principalmente en el CACIF, o en su extensión más desinteresada de FUNDESA, se escuchan voces de quienes parecen consentir a todo lo que la CICIG hace.

Esto, a su turno, lo atribuyo a otra experiencia no menos universal: las permanentes e incómodas tensiones que siempre surgen tarde o temprano entre gobiernos y mercados. Y de ahí, los recíprocos cobros rencorosos de deudas por saldar entre políticos y empresarios, como se evidencian hoy aquí.

El sector productivo del país, como en cualquier otra parte, guarda multitud de reclamos recíprocos ante quienes han abusado una y otra vez de su monopolio legal de la fuerza. Todavía no olvido la cólera reprimida de algunos ejecutivos criollos por lo acaecido aquel “jueves negro” de infausta memoria durante el gobierno de Alfonso Portillo…

Pero, además, ¿quién no ha sido víctima alguna vez, particularmente en este mundo del subdesarrollo, directa o indirectamente, de las políticas erradas, o de las decisiones inconsultas por parte de funcionarios ineptos, o de la extorsión dineraria hasta por Presidentes de la República y sus Ministros, o de lo que es aún peor, por parte de magistrados y jueces, y todos, a su vez, parapetados tras ese absurdo artículo 439 del Código Penal que equipara al cohecho activo con el pasivo, lo que asegura así que ninguna víctima de la extorsión por cualquier funcionario público, incluso de los fiscales del Ministerio Público, se atreva a denunciarlos?

Corruptos en pos de otros así hipotéticamente calificados de no menos corruptos…

¿Y el debido proceso?... Conculcado una y otra vez, empezando por los plazos de ley, por la mismísima Corte Suprema de Justicia (?) y por la Corte de Constitucionalidad (?…?)
¡Salve, cara parens, dulcis Goathemala, salve!
(Continuará)
 
 
   
Powered by NeBSGT