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Teorema

Juego sucio
Fecha de Publicación: 14/12/2017
Tema: Justicia
La Corte Suprema de Justicia –CSJ– retiró el derecho de antejuicio al diputado Linares. Ahora él irá a juicio y estará sujeto a la decisión de un tribunal que, de encontrarlo culpable, podría condenarlo de uno hasta tres años de prisión. La Fiscal y su padrino, obviamente seguirán presionando a jueces y magistrados para conseguir una condena.

Ei cargo contra Linares es Discriminación, en contra de personas con alguna forma de discapacidad, principalmente física. El Consejo Nacional de Atención a las Personas con Discapacidad –CONADI-- hizo un proyecto de ley y lo presentó al Congreso. En él solicita que el Estado les conceda una serie de prerrogativas capaces de compensar su condición. Linares en el ejercicio de su cargo como Diputado al Congreso de la República, opinó que los recursos públicos que significaba tal solicitud no debían ser cubiertos con fondos públicos. El CONADI convirtió la postura de Linares en un acto de discriminación y presentó una denuncia en contra suya en la Fiscalía de Derechos Humanos.

La Fiscalía, siguiendo el procedimiento que marca la ley pero, aparentemente, sin mayor análisis dio trámite a la solitud y esta terminó en la CSJ. La Corte nombre a un Juez Pesquisidor para que analizara lo sucedido tan minuciosamente como posible y que rindiera un informe sobre el cual los magistrados habrían de decidir. El Juez Pesquisidor no encontró mérito en la acusación y concluyó recomendando que fuera rechazada.

De acuerdo con la misma Constitución de la República, los diputados no incurren en responsabilidad alguna por sus opiniones sobre las leyes y otros temas de su competencia. Es más, su obligación constitucional, su razón de ser consiste en expresarse sobre los temas que maneja el Congreso y ninguno les incumbe más que la creación de una nueva ley.

Es claro que no hay delito a perseguir, como informó el juez pesquisidor nombrado para ese propósito, después de un amplio análisis de los cargos y los derechos del acusado.

La obligación de leer, analizar y expresar opinión sobre las leyes que se discuten en el Congreso y fuera de él, es un deber que pocos diputados cumplen. Linares es uno de esos pocos diputados que se manifiestan frecuentemente y discute razonando con base a la Constitución y otras leyes. La gran mayoría no lee, no discute, no razona… solo levanta la mano.

Entonces, ¿por qué buscar llevar a juicio a quién si hace su trabajo? ¿Por no estar de acuerdo con él? ¿Por qué no goza de simpatía popular? ¿Por qué no milita en grupos de izquierda progresista? ¿Por haber hecho señalamientos fuertes contra la Fiscal, el exembajador Robinson (cuando estaba en funciones) o el Comisionado Velásquez? ¿Se trata, utilizando el término siciliano, de una vendetta?

Creo que no, debe haber algo más subyacente tras la decisión de la CSJ. La decisión de la CSJ atenta frontalmente contra el Estado de Derecho. Contribuye poderosamente a que se termine de romper la poca confianza en la justicia guatemalteca. Si crecientemente hemos estado mal, ahora, con esta decisión estamos mucho peor. Estoy convencido de que se trata de un asunto de la mayor gravedad.

Me pregunto sobre los móviles que condujeron a que la CSJ haya procedido de esa manera. Definitivamente no pudo ser una equivocación o desconocimiento de la ley. Cualquier otra cosa menos eso. Me atrevo a pensar que fueron objeto de presiones muy fuertes. Y ¿quién puede presionar tanto a doce (la totalidad) de magistrados como para hacerlos ponerse de acuerdo con suma rapidez y conseguir una votación unánime? Además ¿Qué puede motivar a ese ente para imponerse así sobre los juristas que ocupan la más alta posición en la organización de la justicia?

Ahora, la situación que se presenta es más grave que lo que pueda suceder al diputado Linares. Creo que está en juego el ejercicio correcto de la función que desempeñan --o debieran desempeñar-- los diputados. Si deben cuidarse de opinar so pena de ser encarcelados ¿para qué los necesitamos? Y si habremos de carecer de un Congreso de la República que represente a los ciudadanos entonces tendremos otra cosa, llámela como quiera pero no habrá una República.

Entiendo que un grupo de ciudadanos destacados, que incluye a varios abogados, están conscientes de que el Sector Justicia presenta grandes deficiencias que afectan negativamente al país, aún más que el Ejecutivo o el Legislativo. Piensan que es necesario introducir cambios profundos, que no tiene sentido seguir con “más de lo mismo”. Entre ellos se barajan varios nombres para ocupar posiciones destacadas en la conducción política del país. Uno de esos nombres es el de Fernando Linares. Hablan de él para varios cargos, incluido el de candidato a la Presidencia de la República.

¿Será que por allí saltó la liebre? ¿Causará tanto temor la posibilidad que él ocupe ese cargo u otro en la CSJ, la Corte de Constitucionalidad o el mismo de Fiscal General?

Entiendo que, en caso de ser condenado, la pena es conmutable mediante el pago de una cantidad cuyo monto es poco importante. Entonces, la estrategia tendría que ser la de un juicio largo que impidiera la participación de Linares en los cargos políticos que se estarán presentando en los próximos 18 meses.
 
Le recomiendo ver la entrevista que a este respecto hizo Rodrigo Polo a Fernando Linares en https://www.youtube.com/watch?v=PLg79lkqafo