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Teorema

Preguntas incómodas
Fecha de Publicación: 20/09/2017
Tema: Política

Los manifestantes tienen razón cuando afirman que el presidente Morales debe ser sometido a los tribunales como cualquier otra persona, como sucede en aquellos países donde existe ese Estado de Derecho adonde que aspiramos llegar. Aseguran que su alto cargo le ordena servir al pueblo y le prohíbe enriquecerse con los bonos que el Ministerio de la Defensa (ojalá solo haya sido ese Ministerio) en muy mal momento le extendió. Están en la razón cuando, además afirman que no ha hecho bien su trabajo y se ha dejado manipular.

Pero…

¿Se puede esperar que se le aplique una justicia justa o le recetarían una enorme dosis de justicia envilecida? ¿Acaso el encarcelamiento del hijo y del hermano no constituye evidencia suficiente de abuso de justicia por parte de la Fiscal, bajo la dirección de la CICIG y la protección de la Embajada? ¿Acaso no hay lugar para pensar que al nada más perder el derecho de antejuicio, el presidente Morales sería detenido y, que con lujo de fuerza, todo un contingente de policías armados hasta los dientes lo esposaría y lo llevaría arrastrado a los tribunales como si se tratara del peor criminal?

Al fin de cuentas, los expertos en cuestiones jurídicas no consiguen ponerse de acuerdo con los fiscales. Unos afirman que los cargos en su contra son penales; otros aseguran que son administrativos. Muchos de quienes nada sabemos de leyes y tribunales pensamos que se trata de cargos políticos.

Si se le encontrara culpable ¿merecería cárcel por esos cargos? ¿Acaso obtuvo un beneficio personal en dinero como consecuencia de las imputaciones que le hace la Embajada-CICIG-MP?

Si ellos, el hijo y el hermano, fueron objeto de arbitrariedad ¿Cómo se puede esperar que actúen con el Presidente?

Además,

¿Vale la pena que por esos supuestos “graves delitos” cometidos por el Presidente, el Gobierno se quede acéfalo?

¿Debe trastornarse todo el andamiaje administrativo del Estado por una denuncia de financiamiento electoral sin documentar? ¿Acaso no basta una multa severa?

Y si hablamos de moralidad, de asumir el vicepresidente Cabrera, ¿no hay más tachas en su historia personal que en la de Morales? Siendo así ¿No estaríamos saliendo de un mal menor para caer en un mal mayor?

Mucho se dice que la señora Nineth Montenegro integrar, con otras dos personas, la terna que sería presentada. ¡Al congreso, por Dios santo! Este debería elegir, dentro de esa terna a un nuevo Vicepresidente. El Congreso es la cueva donde la señora Montenegro ha pasado seis legislaturas (esta es la sexta). En su segunda legislatura fue conocida como la “Diputada Campero” por recibir apoyo financiero y político de Dionisio Gutiérrez. Hace unos años, el Estado de Guatemala (usted, yo, y todos los que pagamos impuestos) fue condenado por la CIDH al pago de unos Q. 24 millones a la señora Montenegro y otros familiares suyos por la desaparición de su primer esposo, en 1984. La señora Montenegro exigió que el pago se hiciera de forma secreta. Muy probablemente, tal estipendio se hizo efectivo durante 2016. Si se diera el caso, ella, quien no puede hablar de nepotismo después de haber colocado a su hija en el PARLACEN, seguramente sería la ungida por sus pares del Congreso.

¿Habríamos mejorado?

¿Estarán de acuerdo los que se fatigaron hoy al manifestar con las mejores intenciones, quienes dejaron de cobrar un salario o tuvieron pérdidas económicas por perder un día de labores, quienes crédulos, lo hicieron con la certeza de estar ayudando a construir una Patria mejor?

¿Vale la pena que por la diputada Montenegro, un premio paupérrimo, cuando no un castigo, se detenga la economía nacional, haya trastorno en las calles, la gente se asolee, haya incertidumbre, que nadie quiera invertir, que se detenga el precario progreso, que la justicia se siga envileciendo?


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