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Mi Esquina Socrática

Sentido común (Parte 4)
Fecha de Publicación: 19/07/2017
Tema: Valores
 
NOTA: Ya escrito el artículo de opinión que sigue, me llega la estupenda noticia desde Suiza de que el Tribunal Federal (el equivalente a la Corte Suprema de Justicia entre nosotros) de ese país ha ordenado la repetición del juicio seguido contra Erwin Sperisen, a propósito del caso del motín de los reos en la cárcel de Pavón en 2006, y a instancias desde Guatemala de la Fiscal General de entonces, Claudia Paz y Paz, y de su compinche de la misma ínfima calidad moral, Francisco Dall’Anese en nombre de la CICIG.

Esta noticia entraña una impresionante victoria de la justicia a secas en favor del tan cruelmente martirizado ex-Jefe de Policía de Guatemala Erwin Sperisen.  Y una derrota mayúscula para Claudia Paz y Paz y Francisco Dall’Anese, que urdieron desde Guatemala ese infame espectáculo montado en el Cantón de Ginebra, con la colaboración de otro abogado bribón de la misma calaña, el suizo Yves Bertossa.  También una bofetada indirecta al actual Comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, que quiso mantener la condición de querellante adhesivo para la institución que dirige.

Por lo tanto, ya es hora que Guatemala se libere cuanto antes de ese esperpento llamado CICIG, que en lugar de aliviar las evidentes injusticias del sistema judicial guatemalteco, las ha agravado por medio del montaje de pruebas falsas, de la reclusión de víctimas sin someterlas a juicio, y de comprar testigos no menos falsos como “colaboradores eficaces.”  En Guatemala la justicia ha sido por muchos años muy deficiente; la CICIG la ha agravado con dedicatorias evidentes para tantos funcionarios corruptos del Partido Patriota y el silencio todavía más reprochable sobre la catarata de corrupción en la que incurrió la UNE.  La parcialidad fungiendo hipócritamente de justicia…
 
El clamor por la justicia es tan antiguo como el drama bíblico de Caín y Abel, es decir, en términos históricos desde aquellos inicios de la Revolución Urbana hace aproximadamente unos siete u ocho mil años en las márgenes del río Nilo, en Egipto, o del Tigris y Éufrates en Mesopotamia. Antes de ello, al parecer los humanos generación corta tras generación en cuanto nómades sufrientes lo creían todo sujeto a un destino ciego. Apenas habían desarrollado una conciencia de que las cosas entre los hombres pudieran desenvolverse de otra manera más aceptable a la de lo al parecer inevitablemente acaecido. Todo se atribuía a un sino implacable, inapelable e incomprensible.

Pero al concentrarse los humanos en las márgenes de los ríos y lagunas para asegurarse de un suministro de agua potable permanente, aquellos humanos empezaron a caer en la cuenta de que no todo ha de ser inevitable. Y así, cambios en sus destinos empezaron a parecerles posibles por la mera voluntad propia.

De ahí se deriva nuestra manera más reciente de entender lo justicia en cuanto producto de acciones deliberadas. Empezó a florecer la libertad.

Desde entonces, no se nos puede atribuir responsabilidad por injusticia alguna a menos que sea debida y rigurosamente probada.  He ahí simultáneamente el punto de partida del derecho que hemos dado en llamar “consuetudinario” o de la costumbre. Ejemplo, el Código de Hammurabi.  Por lo mismo, nos ha resultado tan compleja y difícil la noción de lo justo en abstracto, o lo injusto a priori.

Eso es, también, lo que hoy subyace a esas reiteradas demandas de nuestros pueblos indígenas en contra de un sistema de justicia que les llegó desde muy lejos, allende los mares.

Tema que ha devenido hoy en Guatemala muy conflictivo a resultas, entre otras causas, de la suscripción por Guatemala del tan mal entendido Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo –OIT– (1996).

Por todo esto, esas propuestas de reformas constitucionales sometidas a discusión desde hace unos meses en el Congreso de la República por la intromisión ilegítima de la CICIG también son muy debatibles.  Porque en ninguna de ellas se reconoce el derecho a ser oída la voz consuetudinaria de los pueblos autóctonos. Y yo les concedo en esto algo de razón.

Pero tales iniciativas propuestas para montar dos sistemas de justicia paralelos, tampoco tienen mucho de racional.  Porque la constatación de la pertenencia étnica de la gran mayoría de los guatemaltecos es hoy en la mayoría de los casos casi imposible.

Y además, en los raros casos en los que no cupiese incertidumbre étnica alguna, ¿según cuál derecho consuetudinario se dirimiría la cuestión: según la del acusador o la del acusado?

Además, la cultura contemporánea en todo el mundo civilizado tiende a reconocer la primacía al derecho positivo escrito, sobre todo consuetudinario oral.

Por añadidura, el Estado de Guatemala ha suscrito acuerdos internacionales de validez inapelable en materia de derechos humanos, a los que también los derechos ancestrales de los pueblos indígenas de todo el mundo habrían de ser sometidos sin excepciones.

El reconocimiento, por tanto, de los valores y procedimientos “ancestrales” en la prosecución de la justicia habrá de ser en la práctica muy limitado y nada sujeto a interpretaciones que podrían ser muy arbitrarias, abusivas y hasta crueles.

Pero a pesar de todo ello, le asiste cierta validez a ese reclamo constante de los pueblos indígenas para que sus tradiciones en alguna manera sean tenidas en cuenta a la hora de impartir justicia, sobre todo local.   Pues creo que eso es legítimamente atribuible, a la ausencia total de la legítima voz del pueblo a lo largo de los procesos judiciales, tal como se deriva de la aplicación excluyente del derecho positivo hacia las tradiciones penales de los pueblos indígenas de América.

Porque en realidad en el sistema de derecho positivo vigente, desde su fase acusatoria inicial hasta su misma sentencia final, incluida la casación, no se le deja oír ni por excepción a la voz de la costumbre, o sea, a la de los mismos hábitos de los hombres y de las mujeres del mismo pueblo a secas.

Pero es posible descubrir otra vía alternativa que lo satisfaga: aquí hago mía la reiterada sugerencia de la Lic. Karen Ness para la instauración en nuestro sistema jurídico de la institución del jurado. O sea, que se permita incorporar en algún momento del proceso la voz del pueblo, y no sólo las de los peritos judiciales, todos funcionarios del Estado.

Tal solución nos la sugiere una tradición inveterada del derecho común europeo, y reforzada por las tradiciones de los países de cultura principalmente anglosajona.  A esa institución recogida por el derecho positivo anglosajón, correspondería con exclusividad la determinación de responsabilidad penal o de inocencia de todo acusado.  Que procedería por unanimidad de doce jurados seleccionados al azar de entre la comunidad respectiva.  Mejora que por algún momento de la historia de Guatemala casi se logró bajo el gobierno modernizante de Mariano Gálvez en la primera mitad del siglo XIX, aunque poco tiempo después, lamentablemente, fuese desechada.

La innovación entre nosotros del “jurado” pudiera ser la respuesta última y la más eficaz a ese clamor reiterado de los pueblos indígenas porque su voz sea reconocible en algún momento de cada proceso judicial, sobre todo en materia penal. En este supuesto, el pueblo decidiría de la inocencia o culpabilidad del acusado, de acuerdo a sus cánones consuetudinarios todavía vigentes.  Al juez, por su parte, en cuanto representante del Estado, le estaría reservado la determinación concreta de la pena a fijar.

(Continuará)
 
 
   
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