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Mi Esquina Socrática

Sentido común (Parte 3)
Fecha de Publicación: 04/07/2017
Tema: Valores
“Justicia que no es pronta, no es justicia.
Así lo ha reconocido siempre el sentido común, y también el derecho consuetudinario y hasta la filosofía del derecho natural. 

En Guatemala, esta ha sido una debilidad constante y manifiesta en la aplicación del derecho positivo guatemalteco, sobre todo desde la implementación del actual sistema procesal penal, a partir de 1994. 

Y todo ello muy agravado desde la subsiguiente instauración de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en el 2007. 

Y así, ese “retardo malicioso de la justicia” como lo conceptúa el código penal vigente, se ha vuelto un delito reiterado en la administración de la justicia en Guatemala mucho más allá de toda aprobación moral o ética posible.  Esto hace de la CICIG, y de quienes la apoyan, sea en Guatemala o desde fuera de ella, a mis ojos, genuinos delincuentes, empezando por los tres sucesivos comisionados al frente de la misma: Carlos Castresana, Francisco
Dall"Anese, e Iván Velásquez, quienes encima, hipócritamente, han pretendido desviar nuestra atención a este respecto hacia los respectivos abogados de la defensa de los inculpados, a quienes han atribuido falsamente tanta dilatación en la justicia penal.  

Hasta ahora, por otra parte, no ha habido autoridad nacional alguna, ni desde el Poder Ejecutivo, ni desde el Legislativo, como tampoco desde el Judicial que haya sabido o querido defender la soberanía guatemalteca ante tanto abuso. Inclusive un embajador enviado por el Presidente Obama a Guatemala, Todd Robinson, todavía entre nosotros, se ha permitido públicamente a calificar la soberanía de Guatemala como la última de sus preocupaciones.

Esos casos de esas tantas veces repetida infamia de dilación de la justicia, lamentablemente se han multiplicado desde el momento en que la CICIG empezó a involucrarse en los procesos penales de guatemaltecos, bajo el gobierno de Álvaro Colóm y Sandra Torres primero.  El detonante mediático que despertó nuestra atención hacia todo ello lo constituyó el muy ruidoso caso de Rodrigo Rosenberg, por el cual, se ha dicho de paso, han sufrido injusta prisión por tres años los hermanos Valdés Paiz, y que continúan siendo víctimas de tanto acoso por parte de la CICIG. 

Tales retardos maliciosos de la justicia, repito, de los que han sido y son responsables legalmente los comisionados Castresana,
Dall"Anese y Velásquez, por simple sentido común ameritan que se le ponga fin lo más pronto posible al Acuerdo de Creación de la CICIG, firmado imprudentemente por Eduardo Stein en el año 2006, en su calidad de vice-presidente de la República.  

Aunque esa perversa iniciativa sería mejor atribuirla, sin embargo, al ministro de Relaciones Exteriores de Alfonso Portillo, Edgar Gutiérrez, ya en el 2003, aunque su nacimiento a la vida legal haya ocurrido formalmente en el cuatrienio subsiguiente. 

Por lo cual reitero mi oposición desde un inicio a la instauración de la CICIG, que ya había hecho pública desde la primera vez que fue mencionada.  Más tarde, pero sólo por un momento, bajo el liderazgo de Iván Velásquez, equivocadamente la creí tolerable, aun cuando siempre con reservas.  Las que ya no tengo. 

El caso de los hermanos Valdés Páiz había sido precedido por los casos de la indefendible impunidad para los asesinos de Hugo Arce y Víctor Rivera, ambos ya tras la plena presencia de la CICIG en Guatemala, a los que habría de sumárseles los muchos posteriores de Sperissen, el coronel Chiroy, y de otros militares que todavía han guardado prisión por años sin haber sido llevados previamente a juicio ni vencidos legalmente en juicio.  Como si Guatemala fuera un eco tardío de la Alemania nazi o de la Unión Soviética de Stalin. 

Todo ello, además, en contradicción flagrante de lo preceptuado en el artículo 14 de la Constitución vigente.  El cual artículo de la presunción de inocencia de todo sindicado ha sido violado una y otra vez por la CICIG con el silencio cómplice de los fiscales generales de turno desde Amílcar Velásquez, seguido por Claudia Paz y Paz, y hoy por Thelma Aldana, quien además, ha añadido el mal ejemplo de su subordinación ilegítima pero incondicional, así como ilegal e inmoral, a las extralimitaciones ilegales de Iván Velásquez.  Y por eso ella se ha aun atrevido a cooperar en sutiles extorsiones a diputados, y en otras abiertas mucho menos sutiles, como le han acaecido al diputado Fernando Linares Beltranena y otros tres.  Y todo para facilitar los cambios en la Constitución en el sector justicia, cosa que de ninguna manera estaba prevista en el Acuerdo que dio vida a la CICIG, ni en la Constitución. 

Recuérdese que la CICIG fue introducida y promovida bajo el único pretexto explícito de que investigaría y perseguiría a los  “cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos” que violan sistemáticamente las leyes del país y el Estado de Derecho (tercer Considerando).  Grupos impunes que, empero, han agudizado su ensañamiento criminal en las áreas rurales de los departamentos de San Marcos, Huehuetenango, Sololá, Sacatepéquez, o, más recientemente, en Izabal, en el área del Río Polochic.  También conviene recordar que los dos primeros departamentos citados, creo que no por casualidad, han sido del área de la jurisdicción eclesiástica del Obispo Álvaro Ramazzini.    

Todo esto resulta más ofensivo si tenemos en cuenta que la actual fiscal general había sido incluida en una lista de candidatos a magistrados objetables a juicio del Comisionado Castresana.  Tacha que asimismo hizo suya Iván Velásquez, antes de que el Presidente Pérez Molina la hubiese designado Fiscal General de la República.  ¿A qué se deberán tantos cambios de lealtades recíprocos?...  El colmo se ha dado en las últimas semanas, cuando la Fiscal General “adornó” el frontispicio del edificio del Ministerio Público con la misma bandera transexual con que previamente había “engalanado” Todd Robinson el de la Embajada de los Estados Unidos.  De lo cual, por si acaso, conservo una foto.   

La Constitución aprobada por el pueblo de Guatemala hace ya treinta y dos años contiene disposiciones explícitas que deberían haber inhibido a esos constantes violadores de la misma desde su refugio en la CICIG.  Y, aún más indignante, a pesar de que el texto constitucional habría de prevalecer sobre cualquier ley, tratado, o acuerdo internacional, la cobardía de ciertos jueces y magistrados del Organismo Judicial a lo largo del decenio han hecho posibles tantos atropellos jurídicos, no obstante estar todos ellos por público juramento sujetos en consciencia a jamás tolerarlos. 

Y los pocos jueces valientes e íntegros, empero, que se han atrevido a aplicar los mandatos constitucionales en oposición a las arbitrariedades de la CICIG, a su turno han sido amenazados, denigrados públicamente por la misma y por el propio Velásquez, añadido el acoso por parte de ciertos medios de comunicación masiva, cuyos directivos parecen temblar ante la mera posibilidad de que les sea retirada la visa para entrar en los Estados Unidos. 

Valgan como ejemplos la magistrada Patricia Valdés, el magistrado Carlos Aguilar, y los jueces Adrián Rodríguez Arana, Verónica Galicia, Walter Villatoro, Oscar Sagastume, y Michelle Dardón Aguilera. 

Hasta para llorar resulta que la Corte de Constitucionalidad, que podría poner un hasta aquí a tantas ofensas a la estructura jurídica fundamental de Guatemala, se halla influenciada en exceso por la magistrada Gloria Porras, quién alardea de contar con el respaldo irrestricto de Robinson, y amenaza a sus colegas con iniciarles una investigación por la CICIG si no se pliegan a sus requerimientos. 

Pueblo de Guatemala, ¡ponte de pie, y recupera tu independencia!
 
 
   
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