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Teorema

Violaciones constitucionales
Fecha de Publicación: 03/05/2017
Tema: Constitución

Hay que darle chance a nuestra Constitución, nos la quieren reformar, restregar, rascar, manosear… Y nadie puede asegurar que después de tentarla, modificarla, manipularla, vaya a quedar mejor. ¡Nadie!

Dicen que es necesario hurgarla, tocarla, sobarla… dicen que es inoperante. Y que no sirve porque en Guatemala, la palabra Justicia se debe escribir con minúscula, como sintiendo vergüenza por lo que tenemos. Hay que reconocer que en eso hay mucho de verdad. Pero la Constitución no es culpable de que la justicia sea paupérrima.

El 1 de julio de 1984, dentro de un proceso legítimo, más que 78 de cada 100 ciudadanos habilitados para votar elegimos a 88 diputados constituyentes y les ordenamos elaborar una nueva Constitución, la actual. Concluyeron su trabajo casi un año después; la nueva Constitución fue promulgada el 31 de mayo de 1985.

En cambio, el origen de la reforma que ahora se propone, es espurio. Nadie sabe quién escribió sus artículos, ni si fueron redactados aquí, en Colombia o en Estados Unidos. Lo que sí se sabe es que originalmente fueron presentados por la Fiscal General, el Comisionado de la CICIG y el Procurador de los Derechos Humanos. También se sabe que ninguno de ellos está facultado para hacerlo. Que entonces los filtraron a través de los tres presidentes de los organismos del Estado (¿fraude de ley?). Pero, de acuerdo con el artículo 277 de la Constitución, ellos tampoco estaban autorizados para hacerlo (el presidente sí, pero en Consejo de Ministros, requisito que no se cumplió). Finalmente, después de tan errático proceder, terminaron consiguiendo que algunos diputados las presentaran.

No se vale criticar dónde estamos sin saber de dónde venimos. Recordemos entonces que en 1985, diputados constituyentes legítimamente electos, introdujeron importantes cambios en el sector justicia. Antes de 1985, correspondía al Congreso elegir, designar y remover a los más altos funcionarios del Poder Judicial, así como aprobar o improbar su presupuesto de gastos. Encuentro aberrante que el Poder Legislativo ejerciera un dominio tan grande sobre el Poder Judicial y que aun así, en esas constituciones (las anteriores a la de 1985), se declarara la independencia de poderes. Pero ese es otro tema.

La Constitución de 1985 introdujo cambios importantes: Redujo el poder del Congreso sobre el Organismo Judicial –OJ. Amplió el período del mandato de los magistrados a cinco años. Suprimió la facultad del Congreso para seleccionar arbitrariamente a los funcionarios del OJ y también le quitó la potestad de elegir al presidente de ese organismo.

Adicionalmente, fortaleció al sector justicia estableciendo la carrera judicial. El Artículo 209 ordena el establecimiento de la Carrera Judicial y que se dicte una ley que la regule. Establece que losingresos, promociones y ascensos se harán mediante oposición. Le quita al Congreso la capacidad de decidir el presupuesto del OJ, asignándole, como mínimo el 2% del presupuesto de ingresos ordinarios y mantiene a su favor como fondos privativos, los ingresos derivados de la administración de justicia.

En lo referente a la elección de jueces y magistrados, para elegir a las autoridades del Organismo Judicial,  acude a los abogados del país. Los constituyentes consideraron que de   un “juicio de expertos” se podía esperar mejores resultados que de una elección popular. Los abogados tendrían ventaja en seleccionar buenos candidatos porque conocían, o podían conocer mejor el historial de los candidatos, colegas suyos. De todas formas, a esa comisión no le quedó la última palabra.

Aunque en la práctica no sea así, en teoría los diputados representan a los ciudadanos que los eligieron. Por eso corresponde a ellos la selección final, en nombre nuestro. Pero no tienen libertad para escoger a quien les dé la gana. Los trece a seleccionar deben provenir, exclusivamente, de entre los 26 candidatos presentados por la Comisión de Postulación. Si quisieran evitar el sesgo político, los diputados podrían hacer una selección al azar de entre los 26 nominados. Nunca lo han hecho así.

Dicen que la Constitución de 1985 y las reformas de 1993, definen procedimientos errados para seleccionar a los jueces, magistrados y otros altos funcionarios. Pero no mencionan que se soslayan importantes mandatos constitucionales. Precisamente, los establecidos para evitar que entre los seleccionados hubiera abogados incapaces, ignorantes y sin una preparación ética adecuada. Tampoco se señala que en las cortes ha privado ese tipo de abogados. Menos aún se denuncia que son ellos, y no la Constitución, los verdaderos y únicos responsables de que la Justicia en nuestro país sea precaria.

La Constitución sí previó que esto podría suceder y dictó los medios para evitarlo. El artículo 113 dice: “Los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos y para su otorgamiento no se atenderá más que a razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez”. Esa disposición nunca ha sido acatada.

Como si lo anterior no fuera suficiente, la Constitución establece en su artículo 207 condiciones especiales para ser magistrado o juez, diciendo: “Los magistrados y jueces deben ser guatemaltecos de origen, de reconocida honorabilidad, estar en el goce de sus derechos…”.

El requisito de honradez, cuando se trata de seleccionar a un magistrado, se lleva a su forma más estricta cuando se exige que el postulante goce de reconocida honorabilidad. Son dos condiciones: se debe tratar de una persona honorable y, además, su honorabilidad debe ser reconocida por los abogados Miembros de la Comisión de Postulación –MCP– que habrán de seleccionarlo.

Se ha dicho que es muy difícil medir la honorabilidad de una persona. Indudablemente así es. Afortunadamente no se exige medirla. Se trata en cambio, de conocer la percepción que los MCP tienen sobre esa persona.

El proceso puede ser tan simple como pedir a los MCP decir, mejor si a viva voz, quiénes de los candidatos son, dentro de su conocimiento, honorables. En ningún momento estarían acusando a nadie de ser poco honorable, mucho menos calificando a otro como pícaro. Algunos candidatos obtendrían muchas menciones, otros recibirían pocos “votos” y unos más, ninguna. Aquellos a la cabeza del listado son quienes cumplen el importantísimo requisito de “reconocida honorabilidad”.

Los ciudadanos tenemos la obligación cívica de respetar nuestra Constitución y defenderla. Particularmente cuando comprendemos que si hoy es violentada, mañana será cambiada nuevamente, y después, una y otra vez.

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