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Mi Esquina Socrática

¿Por qué tanta prisa? (III)
Fecha de Publicación: 14/03/2017
Tema: Constitución

Me he permitido reservar para esta tercera entrega, con ocasión de las problemáticas propuestas de reformas a la Constitución Política de la República e indebidamente promovidas con sentido de excesiva urgencia por el Comisionado de la CICIG, Iván Velázquez, subrayar el gravísimo mal de procedimiento del que ha adolecido desde su llegada a Guatemala: la violación sistemática del debido proceso constitucional por la CICIG.  

De esto tuve para mi sorpresa mi primer asomo cuando el Dr. Velázquez se negó a retirar la pérfida y criminal adhesión de querellante en nombre de la CICIG a la urdida por su antecesor en el cargo, Francisco Dall’Anese, en conjunción culpable con la Fiscal General de entonces, Claudia Paz y Paz, y en contra del ex jefe de la Policía Nacional Civil, Erwin Sperisen.  

Porque a esa viciada adhesión que había empezado por negar el supuesto fundante de todo Estado de Derecho, el principio de la “presunción de inocencia”, -y tal cual la reconoce explícitamente el artículo 14 de la Constitución vigente en Guatemala-, se la interpreta como premisa sine qua non para la presunción de la existencia de un Estado de Derecho.  

Después de aquel paso en falso del Dr. Velázquez, se han multiplicado las órdenes por su parte de prisión para oficiales militares que no han sido llevados a juicio ni vencidos en él, como otras tantas agresiones a la esencia del Estado de Derecho guatemalteco.  

Solo tantas reiteradas violaciones al debido proceso, sea dicho de paso, son suficientes para privar a la CICIG de toda autoridad moral ilegal en cada una de sus actuaciones.

El historial de la CICIG en Guatemala ha sido mixto, como había sido de esperar. El inicio de su gestión fue torpe y vacilante con Castresana, delincuencial con Dall’Anese y heterogéneo con luces y sombras bajo Velázquez.  

Las hordas delictivas del CODECA, por ejemplo, o del CUC, no han sido tocadas por él para nada, mientras todo su peso acusatorio lo ha descargado sobre esas autoridades legítimamente electas por el pueblo de Guatemala pero que traicionaron su juramento de respetar la Constitución y las leyes prestados al momento de la toma de posesión de sus cargos respectivos.  

 La CICIG fue inventada, -repito, caso único en el planeta-, a iniciativa del gobierno de Alfonso Portillo, quien a su turno, hubo de purgar prisión en los Estados Unidos por desfalco al erario público después de haber sido humillantemente extraditado de este país que gobernó.  

¡Qué vergüenza!  

Y en particular ese ente rarísimo de la CICIG ha sido tomado como creciente herramienta sectorial para que la izquierda agitadora e impune intente apoderarse del entero sector justicia.  

Las tales propuestas de reformas constitucionales, encima, urdidas adicionalmente en secreto por don Iván, doña Thelma y Jorge de León Duque, en realidad a lo que apuntan es a la eliminación de las Comisiones de Postulación para los cargos más importantes y decisivos en el sector justicia, hoy, además, indebidamente comandado de hecho por los cinco magistrados de la Corte de Constitucionalidad, y todo con el mismo falso pretexto técnico de separar las funciones administrativas de las jurisdiccionales en la Corte Suprema de Justicia.  

Así las cosas, si don Iván y asociados se salen inconsultamente una vez más con la suya en el Congreso, quedará definitivamente cooptada la facultad de nominación de los magistrados de las tres cortes del sistema judicial.  

Por el contrario, la Asamblea Nacional Constituyente en 1985 había preferido aquellas instituciones de postulación cuya tradición, relaciones mutuas y conocimiento del mundo jurídico nacional, eran innegable y ampliamente reconocida por todos.

Y para muestra de todo ello un botón: la “Comisión Nacional de Justicia” que según don Iván sustituiría a las Comisiones de Postulación estaría integrada por: un juez de paz, un juez de primera instancia, un magistrado de la Corte de Apelaciones, un abogado nombrado por dos tercios de la Corte Suprema de justicia y tres profesionales de carreras no jurídicas, escogidos por los anteriores.

¡Es difícil imaginar que pudiera haber instituciones y personas menos calificadas para seleccionar magistrados!  

La dispensación de la justicia ha sido calificada de igual y pronta para todos en cuanto rasgo imprescindible para poder reconocerle a su turno su carácter de poder soberano. Sin ella la mera existencia del Estado sería injustificable, muy al tenor de aquel célebre apotegma de San Agustín: “Sin la justicia, ¿qué serían las naciones sino pandillas de ladrones?”.  

Y por eso mismo, también la filosofía jurídica moderna a partir del Varón de Montesquieu ha elevado la administración de justicia al nivel de los otros poderes soberanos, el Legislativo y el Ejecutivo.  

Por tanto, esas iniciativas que se discuten en el Congreso de la República en pro de supuestas mejoras en el sector justicia nacional surgen desde su raíz éticamente maculadas.  

Porque solo se le reconoce ese debido rango a la justicia si ella es el término final de un debido proceso legal. En realidad, el debido proceso así entendido figura entre los más gloriosos logros del espíritu moderno, aun por encima de aquella otra innovación del siglo XVIII de establecer constituciones escritas para todas las naciones.  

Y así, la verdadera trascendencia de aquel precedente para las pocas sociedades contemporáneas que calificamos hoy como auténticas democracias constitucionales, se hizo más clara y precisa con esta nueva noción que le fue posterior del “Estado de Derecho”.  

En efecto, las primeras dos constituciones escritas en el Occidente, la norteamericana de 1787 y la francesa de dos años después, fueron amplias y explícitas en la descripción de los límites del poder público, aunque no tanto a lo interno entre los diversos poderes.  

Las primeras diez enmiendas a la Constitución norteamericana incorporadas al texto original de la misma intentaron remediar ese desequilibrio entre los derechos de lo privado y la jurisdicción de lo público, pero no tanto así en la Constitución de la República francesa. De esta última, Napoleón fue su implementador en suelo francés, pero se aprovechó de la vaguedad del término de “la separación e igualdad entre poderes soberanos” para silenciar toda crítica a su propio poder ejecutivo.  

A remediar principalmente a tal abuso por parte del poder ejecutivo, pues, se encaminó el concepto decimonónico de “Estado de Derecho”. Un verdadero nuevo recordatorio de que el Estado existe subordinado al progreso de la justicia entre los hombres y no viceversa.  

Permítaseme una aclaración ulterior algo fastidiosa: en el derecho positivo tal como lo vino a entender más tarde Hans Kelsen toda ley es por definición justa. Lamentablemente esta es la interpretación que se ha vuelto común en casi toda Iberoamérica. Equivale a confundir en uno los dos conceptos dispares de Estado de Derecho y Estado de legalidad.  

Pero también en la concepción original del Estado de Derecho tal como se le entendió a partir de la fallida revolución de 1848 en los países de habla alemana, el Estado de Derecho quedó referido a todo lo muy anterior y muy superior a cualquiera legislación positiva, reducible alternativamente o al derecho natural, o al derecho consuetudinario o al derecho positivo. Solamente en base a esa posible comparación entre el texto de una ley positiva y una norma del derecho natural o consuetudinario se podría hablar de la justicia o injusticia de una norma legal.  

Ese ha sido desde la raíz el pecado original de la CICIG. Don Iván y todos sus colaboradores actúan bajo supuestos jurídicos positivistas. Por eso han violado una y otra vez los principios igualitarios del Estado de Derecho, por ejemplo ese ya mencionado de la presunción de inocencia.  

Peor aún: han aplicado a Guatemala recetas colombianas y argentinas exógenas a la legislación vigente en este país, mientras al mismo tiempo se han dedicado a mover sus hilos de influencia en el Departamento de Estado primero con Hillary Clinton, después con John Kerry, más tarde con Thomas Shannon, siempre con la anuencia culpable de su superior jerárquico en todo Barack Obama, del que es portavoz aquí su Embajador Todd Robinson.  

Todos, pues, del más alto al más bajo, violadores inmunes del Estado de Derecho guatemalteco.
 
 
 
 
   
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