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Teorema

Bloqueo de carreteras
Fecha de Publicación: 28/02/2017
Tema: Construir el Estado
 
La tesis de graduación (URL 2004) de la abogado Lisa M. Pineda, “Limitaciones al derecho constitucional de manifestación” contiene la siguiente declaración: “De esa cuenta se puede determinar que en Guatemala, existe un vacío legal, ya que la misma Constitución Política de la República en el artículo treinta y tres establece claramente que una ley específica regulará todo lo referente [a las manifestaciones], y a la fecha no existe normativa alguna. Por lo tanto, se insta al Congreso de la República, para que realice una iniciativa de ley específica en la materia, donde se estipulen los lineamientos y directrices por medio de la cual se debe regir toda manifestación, los plazos y las sanciones pertinentes a aplicar a todas aquellas personas que al ejercer su derecho se extralimite, transgrediendo otros derechos y rompiendo el orden público.”
 
 
El bloqueo de carreteras como medio de protesta social por parte de grupos que buscan satisfacer sus particulares intereses ha ido en aumento. Los últimos meses hubo un período con un promedio superior a un bloqueo por semana. Las organizaciones que reclaman de esa forma han desarrollado una logística sofisticada. Su poder de convocatoria alcanza dimensiones nacionales, tienen dinero y son tremendamente eficientes.

Un bloqueo exige la movilización de gran número de personas, a quienes deben proporcionar bebidas, alimentos y compensar el o los jornales perdidos. Además, hay que proveer sistemas de control, supervisar, coordinar la actividad y dotarla de negociadores calificados y con experiencia. En un bloqueo a nivel nacional [varios puntos de interrupción], participan miles de personas. El costo debe ser muy alto para los organizadores.

Por lo general, quienes lo instigan se apoyan en campesinos que portan palos o machetes y, ocasionalmente, uno o más revólveres. En el campo, un machete es un instrumento de trabajo pero también es un arma. Semanalmente ingresan a los hospitales muchas personas heridas por esas armas.

El daño causado recae sobre los ciudadanos trabajadores que transportan carga o pasajeros y sobre quienes se trasladan de un lugar a otro en vehículos particulares. La carga de los perecederos se estropea, la entrega de productos se atrasa, las citas se incumplen… Permanecer arbitrariamente detenidos varias horas bajo el sol incomoda a las familias; los niños desesperan.

En primera instancia el daño lo sufren quienes quedaron inmovilizados, pero luego el círculo se amplía hacia gran parte del país. Las pérdidas inmediatas han sido cuantificadas en millones de quetzales. Con excepción de quienes participan en el bloqueo, prácticamente nadie, dentro de la población trabajadora, apoya tales manifestaciones de fuerza y poder; se quejan por la intimidación sufrida. Incluso, aunque muy poco frecuente, ya hubo pérdida de vidas.

Ante una situación de bloqueo, el gobierno busca negociar con quien dirige el operativo, representado por su experimentado negociador. Mientras lo hace, la paralización de los viajeros y la carga se mantiene. Las temerosas autoridades aspiran a que pronto llegue la noche. Saben que quienes fueron contratados para apoyar el asedio terminan su jornada “laboral” al final de la tarde.   

La autoridad teme las consecuencias que su intervención pudiera causar. Justifica esa actitud pusilánime los sucesos de octubre de 2012 en la Cumbre Alaska que dejara siete muertos y más de 30 heridos. Hoy, más de cuatro años después, nueve militares aún guardan prisión por aquel suceso. Nada de eso debió suceder.

Ese antecedente y otros semejantes permiten afirmar que el uso de la fuerza es una respuesta equivocada. Pero el Estado no cuenta con otra solución. Mantener esa actitud pasiva, tolerante y temerosa es interpretado por la población como ausencia de gobierno en todo el territorio. Y entonces ¿para qué están? se pregunta la gente. Si se mantiene la frecuencia reciente, su costo económico terminará menguando el desarrollo nacional.

Guatemala es una República, un país donde imperan las leyes y no la voluntad de grupos ciudadanos. Así lo establece nuestra Constitución Política. Para proceder dentro de la ley, hay que cumplir el mandato constitucional regulando el inalienable derecho ciudadano a manifestar. Creo que convendría seguir un procedimiento como el siguiente:

Primero: Generar un diálogo donde participen los abogados constitucionalistas de mayor renombre en el país. A ese análisis debe la mayor difusión posible. Se trata de un Juicio de Expertos que debe concluir definiendo si existe subordinación del artículo 16 (libertad de locomoción) al artículo 33 (derecho de reunión y manifestación) o si el 33 vulnera al 16 ya que ejerce coerción para evitar el ejercicio de la libertad de locomoción.

Segundo: Lo más probable, a mi entender, es que el resultado de esa discusión privilegie la libertad de locomoción. Una vez que toda la población lo sepa y entienda, lo que sigue es regular el ejercicio del derecho de manifestación, prohibiendo el bloqueo de carreteras y castigando penalmente cualquier violación a ese ordenamiento constitucional. Será muy importante que el reglamento de la ley incluya multas y reclusión, aunque poco severas. Asimismo, que la penalización incluya a las personas y entidades que financian los bloqueos y a quienes coordinan tales acciones.

Tercero: Paralelamente, el Ejecutivo debe proveer medios adecuados, expeditos y eficaces para atender las peticiones legítimas de los grupos que ahora ejercen presión de esa forma. Las soluciones y acuerdos alcanzados entre el gobierno y quienes manifiesten dentro de las regulaciones de la nueva ley, deben recibir máxima prioridad. Si el arreglo requiere inversiones importantes, ese monto debe figurar en el presupuesto del año siguiente. Si no hubiera acuerdo, los manifestantes deberán renunciar a sus peticiones.

Cuarto: Si a pesar de lo anterior, un bloqueo de carreteras llegara a suceder, el gobierno no utilizará medidas de hecho para disolverlo. En vez de ello, tomará fotografías de los participantes. Aquellos que puedan ser identificados, posteriormente serán arrestados y sometidos a los tribunales de justicia. Modernos drones permiten hacer fotografías de muy buena calidad desde una altura considerable. También están las fotos en tierra. Por ello la legislación referida autorizará que las fotografías tomadas sirvan como prueba determinante de participación en el ilícito.

Necesito valerme de un ejemplo: Suponga usted que un participante es fotografiado, identificado y llevado a tribunales. La fotografía sirve como medio de prueba y la persona en cuestión recibe condena en la primera entrevista y la acepta. Entonces, debe pagar una multa de mil quetzales y recibir un mes de prisión, por ejemplo. Si no acepta ese procedimiento abreviado o apela la sentencia, irá a un juicio ordinario en el cual podría quedar sujeto a seis meses de cárcel y una multa de cinco mil quetzales. Las cifras y tiempos solo buscan plantear la idea.

¿Cuántas personas reincidirían? ¿A cuánto se elevaría el costo de financiar los bloqueos de carreteras?

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SOBRE EL AUTOR
J, Fernando García Molina
      José Fernando García Molina Guatemalteco, 67 años, casado, dos hijos, ingeniero, economista. Tiene una licenciatura en ingeniería eléct
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