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Política y Sentido Común

Nubarrones en el horizonte (Parte II)
Fecha de Publicación: 21/01/2017
Tema: Guatemala

A finales de octubre de 2016, una conocida organización campesina realizó una convocatoria para paralizar la capital y prácticamente todo el país (20 ciudades y carreteras), con los objetivos, decían, de pedir la renuncia del presidente Jimmy Morales, para que se deje de criminalizar a los defensores de los derechos humanos (se referían a los sindicados de quemar maquinaria y secuestrar campesinos en un proyecto hidroeléctrico en Huehuetenango) y para que se nacionalice la energía eléctrica. El rechazo a nivel de los centros urbanos de todo el país fue generalizado. Poca gente les manifestó apoyo en medios o redes sociales, donde fueron criticados duramente y hasta insultados.

El día de la convocatoria se dio. De los bloqueos que habían anunciado en todo el país, parecieron dar marcha atrás a última hora, y la generalidad urbana creyó que, con la aplastante opinión en contra manifestada durante más de una semana en las redes sociales y en todos los medios (periódicos, televisión abierta, cable, radios), los habían forzado a dar marcha atrás; que habían sido derrotados. Y como después de eso ya nada se supo, ésa es, hasta hoy, la creencia urbana generalizada.

En el interior del país la dinámica fue distinta, pues quienes acudieron a bloquear carreteras fueron los mismos miembros de esta organización que se roba la energía eléctrica pero que cobra una cuota fija a los usuarios finales, actividad delictuosa que, en algún lado hemos leído, les deja entre Q. 50 y Q. 65 millones anuales. Siguiendo una directriz orquestada (y posiblemente pagada en efectivo), el bloqueo tan anunciado de carreteras fue súbitamente interrumpido para, después de la jornada de protestas con pancartas y megáfonos, replegarse y desalojar; y ahí está lo interesante que casi nadie ve ni entiende: regresaron a sus comunidades a echar agua a su molino conforme una agenda oculta, para los demás, que no terminaba con la pretendida paralización del país.

Lo que a esta organización le interesaba no eran los bloqueos ni la renuncia real del presidente. Su triunfo fue mediático pues estuvo en todos los medios durante más de diez días; todo el mundo sabía de ellos; hasta en los rincones más apartados del país; y eso les ha venido sirviendo hasta la fecha, porque la labor de zapa continúa para sumar adeptos a su causa con un discurso anti sistema (renuncia del presidente y de los jueces –curioso, el tema de los diputados lo veremos después), nacionalización de la energía eléctrica (eso implica la generación y la transmisión), cierre de las empresas mineras, nacionalización de las fincas para repartirlas a los campesinos, rescate y nacionalización del agua para las comunidades y el tema que desarrollamos a continuación.

Paralelamente, la pretendida Reforma al Sector Justicia impulsada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, y el Ministerio Público, MP, también ha venido a remover las aguas de la agenda política, proyecto que es cierto que algunas comunidades apoyan, aunque nos atreveríamos a afirmar que la mayoría de ellas permanece totalmente indiferente o se van interesando en la medida que se van enterando; pero este es un tema que, a nivel urbano, ha generado cuestionamientos y, lejos de ayudar a cohesionar al país, más lo está dividiendo. Cuando el presidente del Congreso de la República, Oscar Chinchilla, en su discurso de toma de posesión (14 de enero de 2017) dijo que iba a apoyar dicho proyecto, las redes sociales reportaron que casi no hubo aplausos de los mismos diputados. Es decir, el tema no los entusiasma.

Entendiendo el campo como lo entendemos después de casi treinta años de trabajar entusiastamente con comunidades campesinas, estamos capacitados para ver el veneno en la propuesta de lo que denominan “Diversidad Jurídica”, pues las comunidades han venido aplicando su justicia ancestral, a la manera que cada quien la entiende, sin interferencia ni del Estado ni de nadie (hay videos que lo comprueban). Por otro lado, vemos detrás de la misma no sólo (nuevamente) la agenda de la denominada Comunidad Internacional, sino la injerencia de algunos diputados que, precisamente, provienen de las filas de la extrema izquierda, de esa que no ve hacia un futuro de mayor progreso sino que busca los medios para seguir manipulando en el campo y, con ello, mantener alguna cuota de poder y el flujo de dólares y de euros provenientes de sus financistas ¿Casualidad que aquél grupo no pida la renuncia de diputados?

La Reforma Constitucional al Sector Justicia, si se aprobara como está planteada, sería un instrumento formidable de zozobra y manipulación para este tipo de líderes negativos de nuestro país, pues de algo que se da de manera natural y que les sirve a las comunidades para obtener alguna justicia después de que, también con la cooperación internacional (esta de la AID, de buena fe), se acabó con los Juzgados de Paz y, con ello, la posibilidad de tener, en el lugar, una autoridad que juzgara cuestiones menores, ahora se tendría el marco legal para comenzar a crear, a su sabor y antojo y quién sabe cómo, estructuras comunitarias encargadas de juzgar, pero todo en favor de esa agenda internacional a la que se deben; y lo que vemos, con nuestra experiencia, es únicamente caos al final de ese túnel.

Aquí es donde nuestro análisis se vuelve interesante, porque si estudiamos un poco hacia dónde van los recursos provenientes de la Cooperación Internacional de países como Noruega u Holanda, o la Washington Office for Latin America, WOLA, de los Estados Unidos de América, o la impresionante red de ONG’s e instituciones (¡ojo! ¡Instituciones!) financiadas por George Soros y su Open Society Foundation, veremos que la entidad que convoca los bloqueos y se roba la energía eléctrica, el proyecto de reforma constitucional, las invasiones y tomas de fincas y otras cuestiones, algunas de ellas ligadas al tema de los derechos humanos, todas están ligadas a un objetivo común.

¿Cuál es ese objetivo? Hasta la pregunta es un poco necia. Por supuesto que la toma del poder. Todo apunta, según nuestra información, a que detrás de todo esto está, además de los diputados aludidos, un catedrático de Derecho Agrario, antiguo militante de la guerrilla, quien fuera expulsado por quién sabe qué razones del partido político Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, el partido de la ex-guerrilla, y que según informaciones recibidas quiere demostrarle a sus antiguos camaradas, después de que “lo ningunearon”, que él sí puede llegar a la Presidencia de la República.

Las masas de población urbana, incluyendo las élites que están más enfocadas en hacer negocios hoy, despertarán del letargo diletante hacia el nuevo proceso electoral, cuando este comience a calentar motores, en 2018; mientras tanto, todo el mundo celebró las fiestas del fin de 2016 sin percatarse que, en el interior del país, la actividad política de este grupo, que cuenta con cualquier cantidad de dinero para movilizarse, no cesó, es febril, y que cada día se están fortaleciendo con el imaginario de la pobre gente que cree que, apoyándolos, ya no pagarán energía eléctrica, las plantaciones productivas y las minas de todo el país serán de ellos y que el maná caerá del cielo.

Hay otros elementos que apuntan a que todo esto, que aquí analizamos, se dé, y que la contienda electoral de 2019 sea muy ideologizada, pero se salen del ámbito nacional y caen en el campo de la nueva Guerra Fría (se puede consultar
http://politicaysentidocomun.blogspot.com/2014/11/el-mundo-vive-una-etapa-de-transicion.html). Lo que sí podemos anticipar es que las autoridades que sucedan a las actuales resultarán electas, en gran medida, por la ciudadanía rural de Guatemala, que está despierta y vibrante desde ya.