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Teorema

Razón de Estado
Fecha de Publicación: 20/01/2017
Tema: Construir el Estado

En 1589, Giovanni Botero publicó Della ragion di stato –De la razón de Estado–, obra que le daría fama y buen nombre por toda Europa, provocado un debate que se mantuvo durante décadas. Botero (Ver http://javiersanchezcarbajal.blogspot.com/2012/10/la-razon-de-estado-de-giovanni-botero.html) define el Estado como “el dominio sobre los pueblos” y la razón de Estado como “el conocimiento de los medios aptos para fundar, conservar y ampliar tal dominio”. Consideraba que la conservación era la de mayor importancia ya que se basa en la sabiduría y en la prudencia.

El debate sobrevino porque con frecuencia la Razón de Estado se había utilizado para justificar medidas de dudosa ética o abiertamente tiránicas. Pero también está su connotación legítima, la que busca preservar el orden establecido.

El también italiano Palazzo en su Discorso del governoe della ragione vera di Stato, Venecia, 1606 (Ver http://www.monografias.com/trabajos17/razon-de-estado/razon-de-estado.shtml) define la Razón de Estado como un método o arte que permite descubrir cómo hacer para que el orden y la paz reinen en el seno de la república.

Desempolvo los recuerdos lejanos de Maquiavelo, Botero y otros, para referirme a la situación actual de Guatemala y lo que sucede al hijo y al hermano del presidente Morales. Pero no solo a ellos ya que el mismo Presidente, quien ninguna responsabilidad legal puede tener por los actos de sus familiares ya que ambos son adultos, vive sin embargo una grave crisis política. No solo el Presidente, sino también sus ministros y el gobierno mismo. Y no solo el gobierno, sino también todo el Estado, sus tres poderes y sus instituciones, ahora tambaleantes.

Si el Estado cruje ¿Acaso ese conflicto y las situaciones miserables que conlleva no atañen a todos los ciudadanos? Entiendo que en los titulares de la prensa internacional, las noticias sobre Guatemala ahora mueven a la risa para unos o pena y compasión para otros. Antes, aunque solo ocasionalmente, figuraban los artistas, los científicos y otros personajes de enorme valía que comparten su prestigio y sus éxitos con esta tierra que guarda sus ombligos.

La crisis del Estado guatemalteco es la crisis de todos y cada uno de sus habitantes honrados.

Entiendo que la crisis actual tiene dos fundamentos principales: por una parte, los cargos presentados por el Ministerio Público y la CICIG contra José y Samuel Morales, hijo y hermano del presidente. Son acusados de haber participado en una estafa al Estado de Guatemala en 2013, vendiendo servicios que no fueron prestados por Q. 180 mil y unas canastas navideñas por Q. 90 mil, cifra que se presume sobrevalorada. En los tres casos, el proceso de venta fue anómalo.

El segundo componente importante es la previa indignación de la población por los recientes descubrimientos de robos, estafas y otros actos ilícitos cometidos principalmente durante el gobierno anterior. Nuestros impuestos fueron utilizados para enriquecer a funcionarios, mientras la población que debía recibir los servicios que presta el Estado sufría por su ausencia o por su pésima calidad. El resentimiento contra la élite política del país y aún contra funcionarios de menor rango, se convirtió en cólera que busca ciego desagravio, como lo evidencian los mensajes por las redes sociales. Y la venganza es mala consejera.

Me abstendré de comentar sobre las acusaciones contra los Morales. En realidad, me importa poco lo que pueda sucederles. Pero sí me importa muchísimo lo que podría acontecer a nuestra Guatemala. Resulta que algunos grupos políticos, cuando no todos, perciben la crisis como una posibilidad de alcanzar el poder. Aunque se trate de medios pacíficos no por ello dejan de ser ilegítimos, ajenos a la decisión popular en las urnas.

Es probable que estemos frente a un rompimiento del Estado de Derecho, de la toma del Estado y sus instituciones, de la ruptura del orden que establece la Constitución. ¿A cambio de qué? ¿De humillar a los familiares del presidente? ¿De sentenciarlos a prisión? ¿De hacerlos restituir un cuarto de millón de Quetzales? ¿De poder decir que en Guatemala prevalece la ley?

Me parece que con un triunfo así, la legalidad tendría un costo demasiado alto. Además, sería un triunfo pírrico a la luz de todos los criminales en libertad; de la impunidad de quienes fanfarronean con detener el tráfico y paralizar el país; de quienes hacen prisioneros a turistas y les amenazan con la muerte; de todos los criminales que no son perseguidos por la justicia.

Ante todo ello, propongo hacer uso del concepto de Razón de Estado y por su medio conseguir que el juicio a los sindicados sea postergado tres años, hasta cuando haya terminado el período presidencial de Morales ¿Que sufrirá el Estado de Derecho? Sí, claro que sufrirá menoscabo. Pero ese sería un mal menor en comparación con la crisis recién iniciada, misma que, de desarrollarse, podría devastar nuestra frágil institucionalidad.

¿Qué exagero? Aceptemos que el Estado no colapsa y nos mantenemos dentro de un régimen de legalidad. Quedémonos solo con el menor de los males, el de la pésima imagen de nuestro país. Un analista político y comentarista de televisión hizo una observación la noche del miércoles 18. Propuso la escena de un presidente que visita su hijo y a su hermano en la cárcel. Imaginó las fotografías de ese suceso dando la vuelta al mundo de inmediato, llenándonos de vergüenza. Piense usted en nuestros conciudadanos en el extranjero siendo objeto de bullying social. Algunos quizá hasta renegarían de su nacionalidad ¿Acaso vale la pena?

En la otra mano, postergar el juicio a los Morales hasta enero de 2020 permitiría al Presidente enmendar, a partir de este año, lo que le salió mal el anterior. Ahora ya habrá aprendido mucho de lo que ignoraba hace doce meses. La forma como está manejando la crisis le ha hecho merecer elogios hasta de una prensa que le es adversa. Si eso ha sido así podemos esperar con cierto grado de confianza que este año su desempeño supere, quizá ampliamente, al del año anterior. Pero si debe hacerlo con la carga de sus familiares en prisión, esa probabilidad es necesariamente menor.


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SOBRE EL AUTOR
J, Fernando García Molina
      José Fernando García Molina Guatemalteco, 67 años, casado, dos hijos, ingeniero, economista. Tiene una licenciatura en ingeniería eléct
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