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Mi Esquina Socrática

La República que nunca hemos entendido (Parte 6)
Fecha de Publicación: 01/12/2016
Tema: Constitución
El significado contemporáneo del “Estado de Derecho” con el que se complementa a aquel otro más antiguo de “República” se halla brillantemente sintetizado en el primer párrafo de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos del 4 de julio de 1776 redactado por Thomas Jefferson:
 
Nosotros, el pueblo, sostenemos como evidentes por sí mismas estas verdades: que todos los hombres somos creados iguales, que hemos sido dotados por nuestro Creador de ciertos derechos inalienables, entre los cuales se encuentran la vida, la libertad y la prosecución de la felicidad.
 
Eso último del derecho innato de cada hombre a la felicidad fue una joya conceptual muy popular añadida por primera vez al listado habitual de derechos humanos por los ilustrados del siglo XVIII. Pero en el caso de Thomas Jefferson y la Declaración de Independencia norteamericana encerraba adicionalmente un oscuro y doloroso sinsentido: tanto él como algunos de los otros firmantes todavía poseían esclavos y, por tanto, se les planteaba así el dilema moral de considerarlos como subhumanos, o de reconocerles precisamente por la calidad de humanos el derecho innato a ser propietario, sin lo cual nadie puede pretender ser ni libre ni feliz.
 
Tal dilema lo trató de soslayar Jefferson al equiparar a ese otro derecho de todo hombre al de poseer privadamente con ese novedoso y vago derecho a la felicidad. Como ya lo dije, el tal dilema fue en realidad disuelto no con esa declaración sino tras una espantosa guerra civil ochenta años más tarde.
 
Lo decisivo a considerar aquí es el supuesto de lo “innato” de tales derechos específicos, es decir, que los mismos son por naturaleza anteriores y superiores aun a la existencia misma del Estado. Con el tal término, por consiguiente, quedó anulada definitivamente esa pretensión posterior del positivismo jurídico de querer reducirlo todo a la voluntad explícita de legisladores humanos.
 
Así entendido, todo Estado de Derecho entraña simultáneamente el respeto por todos a las leyes republicanas.
 
Pero de nuevo con el otro problema semántico de ¿a cuáles leyes nos referimos? En el caso específico de la Declaración de Independencia norteamericana la ley a la que se alude es, en primer lugar, a una del orden divino (del “Creador”), totalmente ajena, por supuesto, y hasta incompatible a veces con las leyes ordinarias en las que se basa el positivismo jurídico que tanto daño hace, y ha hecho, a las estructuras republicanas que hemos ensayado darnos caótica y reiteradas veces los iberoamericanos.
 
Por lo tanto, el concepto de “República” hoy ha devenido inseparable de ese otro concepto del “Estado de Derecho”, que en última instancia entraña también además del derecho divino los del derecho de la costumbre inveterada (“consuetudo”) y del derecho natural por encima, o siquiera a la par, de todo derecho positivo, aun del constituyente, escrito o no escrito.
 
Lamentablemente, nuestras Facultades de Derecho prefieren entrenar a sus educandos universitarios más por la vía de lo procesal y de lo administrativo que por esa otra vía fundante de la filosofía del Derecho.
 
Es esto lo que explica la base de nuestro desastroso itinerario republicano independiente. Es más, peor aún, hacia ese sendero positivista parece apuntar hoy crecientemente la Organización de las Naciones Unidas y de sus múltiples agencias especializadas en materia de derechos y obligaciones para individuos, corporaciones y pueblos: la FAO, la UNESCO, la OIT, el FMI, el BM, etc.
 
En realidad se aproxima cada vez más al objetivo muy peligroso para la libertad de un gobierno mundial, con total olvido de la sabia premisa de que “el gobierno más cercano al pueblo es el mejor”.
 
En nuestro caso chapín, la sombra de la CICIG, caso único en el mundo, ha crecido mucho más allá de lo inicialmente esperado para las que fue instituida. Ahora hasta se ha atrevido a proponer “reformas” constitucionales en el sector de la justicia, incluidas esas que privilegian a ciertos grupos indígenas sobre el resto de los guatemaltecos.
 
Es indudable que, al igual que aquellos Acuerdos de Paz de 1996, ni beneficiarían a los hombres y mujeres que habitan esta tierra, ni aportarían mayor inteligencia de nuestras realidades sociales y de sus posibles soluciones en este bello trecho geográfico de las Américas.
 
Toda Constitución política puede estar a ratos urgida de reformas, y en el caso de Guatemala solo los guatemaltecos habrán de decidirlo. Por eso creo que la CICIG ya ha excedido ilegalmente por mucho sus metas institucionales. Es de agradecer al Alto Comisionado Iván Velásquez, y solo a él, sus significativos logros en la lucha contra la corrupción. Pero los chapines no son menores de edad necesitados de tutores venidos de España, Costa Rica o Colombia, mucho menos coordinados subrepticiamente por la mano imperial de un Embajador de los Estados Unidos actual, pedante y superficial. Así se nos vuelve más difícil vivir satisfactoriamente bajo un verdadero Estado de Derecho, ni aun siquiera poder llegarnos a considerar como personas que viven en una genuina República de leyes justas e iguales para todos.
 
¿Cuándo y cómo, entonces, lograremos situarnos a esa altura?
 
Cuando la ley sea respetable y de hecho respetada por todos. A esa conclusión se endereza todo lo hasta aquí escrito por mí. Con un par de advertencias adicionales: el sistema democrático de gobierno que culmina en uno republicano de pesos y contrapesos también supone ciudadanos que de antemano ya saben gobernarse en lo individual a sí mismos. Por eso la edad promedio del votante también deviene así otro factor muy importante a considerar.
 
Cuando se inauguró en la práctica la Constitución americana en 1789, la mayoría de edad requerida legalmente para gozar del derecho a elegir a gobernantes era de veinticinco años. Pronto se redujo a los veintiuno, y ahí permaneció hasta la Guerra de Vietnam, en cuya secuela se volvió a acortar a los dieciocho años sobre el supuesto de que al joven que obligatoriamente es llamado al riesgo de perder su vida habrá de reconocérsele su derecho a opinar previamente en qué momento es más conveniente exponerse a tal trágica eventualidad.
 
El problema, sin embargo, reside en que mientras más inexperto e inmaduro es el votante, más fácil de explotar y manejar resulta por demagogos y embaucadores de oficio. No por casualidad, por ejemplo, Daniel Ortega ha rebajado para sus conciudadanos en Nicaragua la edad para ejercer ese derecho ciudadano al voto a los dieciséis años.
 
Por todo eso no ha dejado de sernos muy sabio el dicho de que “el precio de la libertad es una eterna vigilancia”… por adultos.
 
De nuevo el positivismo jurídico aquí imperante entra en el cuadro del Estado de Derecho.
 
El positivismo a secas lo inventó Auguste Comte en 1851. Lo “positivo” para él no era un juicio de valor sino todo dato de la experiencia sensorial como lo entendía la ciencia experimental de su tiempo. Hans Kelsen, en su “Teoría pura del Derecho” (1934), se apropió de esa visión para aplicarla al Derecho. Según él, toda norma jurídica se fundamente en otra que le es anterior y superior, pero siempre producto de la reacción racional del hombre. El concepto de “justicia” de la moral queda así relegado al arbitrio de lo meramente emocional, un escalón por debajo de lo racional y experimental. Se supuso por él que todo ordenamiento jurídico ha de consistir en una pirámide de normas hasta una suprema, aunque nunca la pudo identificar. Para Carlos Cossio y F. A. Hayek esa teoría ha sido el preámbulo lógico para los sistemas totalitarios de izquierda y derecha del siglo XX, aunque en lo personal Kelsen siempre permaneció un convencido demócrata. De él también nos ha venido ese énfasis tan contemporáneo sobre la superioridad del derecho internacional sobre los derechos respectivos de los pueblos.
 
Nuestra América “Latina” ha derivado cada vez más hacia ese positivismo jurídico. Guatemala no es la excepción. Por eso entre nosotros muchos catedráticos del derecho se han vuelto rigurosamente “positivistas” en pos de una “certeza jurídica” que en la práctica se ha visto imposible y ajena a la escala de los juicios de valor ético.
 
En pocas palabras, para el positivista toda “ley” estatal es por su naturaleza siempre justa. Lo que condujo inevitablemente a una aporía moral manifiesta en los juicios de Núremberg que condenaron las atrocidades Nazis, presidido aquel tribunal, irónicamente, también por un juez a las órdenes de Stalin. Se supone que tal aberración a los ojos del sentido común de cualquier hombre sensato ha sido superada por la reciente instauración de la Corte Penal Internacional, que aquí no tengo más espacio para analizar.
 
¿Viviremos alguna vez en Guatemala bajo un genuino Estado de Derecho? Nos faltan muchos factores previos, pero para ello, sobretodo, habríamos de hacer mayoritariamente nuestro el espíritu inquisitivo de Pascal, que nos advierte: “El esfuerzo mental por aclararse las ideas es el fundamento de la vida moral.”