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Reflexión

Bajo el mando de los criminales
Fecha de Publicación: 05/06/2013
Tema: Justicia

 

El abuso y la insolencia de grupúsculos que amparados en la responsabilidad diluida de las turbas han decidido apropiarse de Guatemala resulta cada vez más peligroso e indignante.

 

Secuestran a particulares y agentes de seguridad a cambio de dinero o rescate, y en otros casos, el canje busca liberar a los agentes a cambio de sustraer de la custodia policíaca a sus amigos, autores o cómplices de flagrantes hechos criminales, impidiendo con ello la investigación y la poco probable remisión a los tribunales de justicia, acción que sería una realidad si viviéramos en un Estado de Derecho.

 

 Y qué pasa con el artículo 201 del Código Penal que estipula que “A los autores materiales o intelectuales del delito de plagio o secuestro de una o mas personas con el propósito de lograr rescate, canje de personas o la toma de cualquier decisión contraria a la voluntad del secuestrado o con cualquier otro propósito similar o igual, se les aplicará la pena de muerte y cuando esta no pueda ser impuesta, se aplicará prisión de veinticinco a cincuenta años.  En este caso no se apreciará ninguna circunstancia atenuante.”

 

Por supuesto nuestro país tiene límites a la pena de muerte por la imposibilidad de solicitar el indulto o conmutación de la pena al cual tiene derecho todo condenado a la pena de muerte conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

 

Y las turbas queman vehículos, amenazan con linchar y lo concretan, destrozan bienes, violentan derechos fundamentales de terceros, y sin embargo, aún cuando hay evidencias de su conducta delictiva, siempre hay argumentos para justificarlos y etiquetarlos como víctimas.  Esa solidaridad con su ilegalidad está destruyendo al país.

 

Las instancias del orden prefieren hoy arriesgarse a las consecuencias de ser retenidos por la fuerza, despojados de sus armas y pertenencias y humillados por la “marabunta” desbocada, antes que enfrentar la criminalización de la que son objeto en su intento por mantener el orden. 

 

Hagan lo que hagan, las voces sesgadas por el prejuicio siempre están dispuestas a increpar supuestos abusos de los agentes que intentan imponer el orden y proteger los derechos de los demás ciudadanos.

 

Voces que siempre están clamando por  llevar a juicio a esos agentes si éstos defienden su integridad, ignorando la norma penal que indica que cometen atentado “…quienes acometen a funcionarios, a la autoridad o a sus agentes, o emplearen violencia contra ellos, cuando se hallaren en ejercicio de sus funciones o cargos, o con ocasión o motivo de ellos.”    

 

Pero el colmo fue la escena protagonizada por el propio Presidente de la República cuando acudió el pasado 22 de mayo a dar el banderazo de salida a la construcción de 28 Km. de un tramo carretero en Santo Domingo Xenacoj, Sacatepéquez, en donde varias comunidades se concentraron para rechazar la construcción porque va a beneficiar a “la cementera”.

 

El argumento es absurdo porque no es una vía exclusiva pero el problema no fueron las comunidades a las que ofreció escuchar el Presidente;  el problema fue la presencia de un sujeto, con pinta de marero, un llamado líder, que en el colmo del irrespeto al derecho a la integridad de toda persona desenvainó un machete y con pretensiones de samurai, blandía el arma chocándola con una vaina, en actitud amenazante frente al Gobernante que llegaba a cumplir una función oficial.

 

Es de felicitar al programa “A las 8:45” por haber comentado tan espeluznante escena de total desprecio e irrespeto hacia la máxima autoridad nacional, el Presidente Pérez Molina, quien por cierto, mostró carácter al acercarse tranquilo, a pocos pasos del ridículo energúmeno e indicarle que escucharía a todos siempre que su conducta fuera respetuosa.

 

Ese acto tuvo el agravante de que su objetivo fue la persona electa por el pueblo mediante sufragio universal y secreto para dirigir los destinos del país durante un período de cuatro años.

 

Dice el Art. 411 del Código Penal. “Quien ofendiere en su dignidad o decoro o amenazare, injuriare a cualquiera de los Presidentes de los Organismos de Estado será sancionado con prisión de uno a tres años.”

 

 

¿Qué harían los jefes de Estado de otras naciones ante un hecho semejante?  Sin embargo, aquí se condena o se condona dependiendo de quién se trata ¿Seguirán los representantes de esas naciones provocando el Estado fallido que ya se anuncia?  ¿Lo toleraremos?  

 
 
   
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