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Mi Esquina Socrática

Desmonopolicemos el IGSS
Fecha de Publicación: 19/07/2016
Tema: Construir el Estado
 
Guatemala progresa a un ritmo aritmético: 1, 2, 3, 4, 5… Pero queda siempre a nuestro alcance al mediano plazo progresar a un ritmo geométrico: 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128… Y, sin embargo, igualmente sabemos, y queremos, que puede progresar a velocidad exponencial: 1, 3, 20, 115, 3020, medio millón, cien millones…
 
Para llegar sólidamente a esta última velocidad de crecimiento potencial, un grupo cívico al que me adhiero de todo corazón propone un salto de veras radical para Guatemala: desmonopolizar el IGSS…
 
¿Cómo así?...
 
Porque la clave quasi mágica del desarrollo en todas partes ha sido siempre la visión del largo plazo cuando se hace presente en algunos individuos claves en la competencia permanente que llamamos “mercado”.
 
Si desmonopolizáramos hoy al IGSS, regresaríamos más experimentados a aquel genuino logro de “previsión social” al largo plazo que marcó a fines del siglo XIX la transición de la beneficencia individual de otros tiempos a la colectiva de los nuestros de hoy, o sea, de la previsión individual privada y voluntaria a la comunitaria pública y obligatoria.
 
Con aquella se inauguró el bien intencionado cuido solidario universal e ineludible de todos los necesitados, al mismo tiempo que el progreso sostenido de los países industrializados se mantenía en torno a un crecimiento anual promedio del seis o más por ciento del PIB, el ritmo de desarrollo requerido, según Walter Rostov, que nos pasaría inevitablemente al primer mundo.
 
Es decir, que con aquella iniciativa alemana la previsión al largo plazo pasó a ser del talante personal a prioridad universal del Estado.
 
El problema, empero, es que el Estado tiende a ser por su naturaleza monopólico en todas las funciones que emprende, o de las que se apropia. Ese es el meollo de esta cuestión que me ocupa y me aflige a un mismo tiempo.
 
La novedosa propuesta al respecto de ninguna manera equivaldría a un regreso a la sola privatización del servicio a los más pobres o a los más enfermos como lo fue en todas partes antes de 1881. Pero sí queda enderezada a la liberación de todos nosotros, los sujetos desde entonces al régimen colectivo de la previsión estatal, de ese instintivo pero injustificable monopolio típico que, reitero, caracteriza la mayor parte de las iniciativas contemporáneas con respecto al bien común.
 
Porque solo individuos libres al interior de sus consciencias y al exterior de sus actos son quienes emprenden, anticipan obstáculos, los afrontan, les ingenian soluciones y los resuelven, y siempre a su propio riesgo.
 
Aquel primer pequeño paso hacia la monopolización de los servicios con pretensión de universales se dio en Alemania por manos de parlamentarios del II Reich en el aludido año de 1881.
 
El segundo paso democrático, de mucha mayor resonancia, se dio en los Estados Unidos unos cincuenta años después, con el ascenso de F. D. Roosevelt, bajo la etiqueta, más fácil de vender durante la Gran Depresión económica de los años treinta, de la “seguridad social”, contemporánea a los ensayos totalitarios de, en la misma dirección, bajo Lenin y Stalin.
 
Y a Guatemala nos llegó poco después durante el régimen bien intencionado, pero bastante ingenuo, de Juan José Arévalo, y por manos de una eminencia médica, el doctor Ricardo Asturias.
 
Todos esos pasos “históricos” se hallan hoy hondamente cuestionados, aunque principalmente por razones presupuestarias dado el envejecimiento gradual desde entonces de la población en casi todas partes. Al igual que ese otro concepto por cierto en el que hubo de ser encuadrado, el del “welfare state”, el Estado “benefactor”.
 
A su turno, la raíz del envejecimiento se deriva precisamente del incontenible avance de la productividad en el trabajo y en el cuidado de la salud consecuencias de los no menos incesantes saltos de la Revolución Industrial.
 
Pero ahora, afortunadamente, ya disponemos de la información suficiente para discernir los pros y contras de esos copulados desafíos de la seguridad social y del Estado benefactor.
 
En lo concreto, por ejemplo, ya muchos nos inspiramos en el modelo de previsión social chileno diseñado por uno de los más brillantes “Chicago boys” de su tiempo y discípulo del gran maestro Arnold Harberger, José Piñera, de la década de los ochenta del siglo pasado.
 
Constituyó una iniciativa verdaderamente revolucionaria, y aun recomendada editorialmente para los Estados Unidos por el “Wall Street Journal”, que fue incluida años más tarde por Steve Forbes en su plan de gobierno durante su frustrado intento electoral por la presidencia de los Estados Unidos en 1996.
 
Asimismo, imitado con retoques que no siempre lo favorecieron, por algunos otros países iberoamericanos como la Argentina, Perú, Colombia y El Salvador.
 
La ventaja decisiva para Guatemala de adoptar el Plan Piñera en su forma original reside en que pasaríamos del plan de reparto al corto plazo vigente a otro de capitalización de la entera economía nacional al largo plazo, amén de abrir para el asalariado, por primera vez, la opción de escoger su permanencia en el muy objetado sistema del IGSS o el ya experimentalmente exitoso diseño Piñera.
 
Hoy, entre nosotros, tan solo un aproximado 17% de los asalariados formales cotizan al IGSS, porque también hasta estas alturas se desparrama la informalidad del empleo, que supera alrededor de un 75% de nuestra población económicamente activa (PEA).
 
Sobre lo cual, encima, llueven en cataratas las críticas y reclamos de sus afiliados, aunque también haya algunos dispuestos a testimoniar de haber recibido un servicio excepcionalmente eficaz. Mientras que, por otra parte, el número de asegurados privadamente con independencia del IGSS elocuentemente ya supera con creces al de los afiliados por obligación legal al mismo.
 
Esa insatisfacción mayoritaria, pues, con los servicios del IGSS lleva a una mayoría de los trabajadores y de sus empleadores a contratar la carga adicional de añadir un seguro privado que hoy por hoy los atienden con mayor eficiencia que lo obligatorio estatal. Pero que equivale por analogía a un caso más de doble tributación.
 
Los monopolios artificiales como el IGSS nunca han funcionado eficazmente al muy largo plazo como se había esperado en el noble sentido con que fueron pretextados. Y todos, inevitablemente, se enderezan, más tarde o más temprano, a la quiebra total, que tampoco puede ser menguada mediante el alza de la carga tributaria sobre el número cada vez relativamente menor de los que cotizan al seguro social.
 
Para mayor ofensa, aquí la deuda patronal al IGSS por parte del Estado aumenta irresponsablemente (ya oscila alrededor de unos treinta y cuatro mil millones de quetzales, incluida la deuda patronal de la Universidad de San Carlos que irónicamente es la única con una representación permanente en la dirección del IGSS).
 
Tal vez el más benéfico efecto colateral de la desmonopolización del IGSS sería el del aporte educativo que entraña para nuestros asalariados aprender a planear su futuro desde la perspectiva del largo plazo. Esto se traduciría en un aumento de las tasas de ahorro y, por consiguiente, en una contribución significativa a la capitalización del entero país, ahorro condición sine qua non para la creación de más empleos formales.
 
Por último, esa posible desmonopolización del IGSS equivale a la introducción del criterio de la libre competencia en el sector público con sus connaturales consecuencias a la mejora de la calidad de los servicios médicos y a la baja de sus precios.
 
De ser aprobado este proyecto, hasta se podría esperar la desaparición de tantos chantajes internacionales, como nos ha sido lamentablemente evidente desde la firma de los acuerdos de paz.
 
Y se podría incluir otro beneficio adicional para nuestra clase trabajadora: la creación de un seguro contra el desempleo, tan imprescindible en toda sociedad de permanente cambio cuando progresa.
 
 
 
   
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