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Teorema

Los avatares de la LEPP
Fecha de Publicación: 23/05/2016
Tema: Legislación
 
La aún no aprobada Ley Electoral y de Partidos Políticos ––LEPP––, a la que adelante me referiré simplemente como La ley, es el tema de discusión nacional más importante de estos días. Mucho podría cambiar, si tenemos una buena ley y esta se cumple. El futuro de nuestros hijos, pese a ser un argumento muy abusado, podría efectivamente quedar asegurado, si La ley es capaz de asegurar que los treinta años de historia política reciente no se repetirán jamás. Si no puede garantizarlo, entonces ¿Para qué cambiarla?
 
Pese a su importancia, esa discusión sana y creativa no se dio, ni se está dando. En cambio, presenciamos, a veces divertidos ––lo que nos causa vergüenza, dada la seriedad del asunto––, esa absurda lucha de poder entre el Presidente de la República y el Presidente del Congreso. En vez de la seriedad exigida por sus respectivos cargos, parece que se tratara de jovenzuelos presumiendo de quien puede tomar más tragos.
 
El señor Taracena se ha mostrado, insolente y abusivo al referirse al presidente Morales. Ha olvidado que se dirige a quien, por el cargo que desempeña, es el más alto dignatario de la nación. En vez de guardar la compostura que corresponde al Presidente del Organismo Legislativo, Taracena ha asumido la conducta propia de un peleador callejero: insolente, abusivo, grosero, bajo, ruin...
 
Creo que la inmensa mayoría, desconocemos el texto de La ley que se discute, lo que no es extraordinario si tal mayoría no incluyera a los periodistas de opinión. Las opiniones vertidas por la prensa, la radio, y la televisión, reflejan más la simpatía o antipatía hacia el presidente Morales (creo que la simpatía hacia Taracena es inexistente) que opiniones capaces de orientar al público. La exposición seria y profunda ha estado ausente. Aún los más avezados periodistas de opinión, quienes suelen aportar interesantes y originales puntos de vista, argumentos profundos y hasta tesis sobre los asuntos más importantes de la nación, en este tema, a lo sumo han ofrecido meditaciones pueriles.
 
Resumo las consideraciones más frecuentes:
 
Argumentos controversiales de La ley: Forzar una mayor participación indígena en los cargos públicos de elección (fue desechado). Forzar una mayor participación femenina en los cargos públicos de elección (fue desechado). Dirigir fondos públicos hacia los partidos políticos para financiar actividades proselitistas en vez hacerlo para cubrir altas prioridades nacionales (aprobado). Obliga a las empresas de televisión abierta a transmitir publicidad política pagada mediante una “tarifa electoral”, equivalente a 20% de la tarifa comercial promedio.
 
Argumentos a favor: Los cambios son insuficientes pero ya marcan un avance. La ley se origina en el TSE y ya fue aprobada por la CC. Permite revisiones cada cuatro años, por parte del TSE.
 
Argumentos en contra: No cumple con las exigencias ciudadanas manifestadas en la Plaza 15 de abril (el título es mío) hace un año. Deja mucho pendiente. No se reduce el número de diputados.
 
La ley, desarrollada mayormente por el TSE, debe facilitar razonablemente bien, los sistemas de fiscalización y control por parte de este tribunal. La CC certifica que, en opinión de los magistrados de ese tribunal, La ley no contiene disposiciones que contravengan la Constitución. El Congreso, como representante de los intereses ciudadanos debió actuar en nuestro nombre.
 
Pero en la práctica, tal representación no existe. El sistema opera para que los ciudadanos legitimemos la selección generalmente dolosa (suele haber compra - venta de candidaturas) de los partidos políticos. No existe un proceso democrático de selección de candidatos ¿Acaso no evidencia ilegitimidad que las papeletas presenten parientes cercanos de figuras políticas prominentes? Y si no existe tal representatividad ¿quién cuidó los intereses y aspiraciones del electorado?
 
¿Cómo podría el Congreso a procurar la limpieza del sistema político nacional cuando es el principal beneficiario del esquema vigente? Los diputados, si bien dicen actuar en nombre nuestro, en realidad lo hacen vigilando sus personales intereses y los del partido que representan. Hay evidencia abundante de lo anterior.
 
Los electores deberíamos ser los grandes beneficiarios de los procesos electorales, nuestras autoridades debieran ser progresivamente mejores. Pero los beneficios se concentran en los círculos políticos. Para trasladar poder al electorado, las papeletas de votación debieran incluir un cuadro en blanco, semejante a los que contienen las fotografías de los candidatos, pero con un rótulo que dijera Ninguno. En la eventualidad de que Ninguno obtuviera más votos que cualquier candidato, la elección debería repetirse, con nuevos candidatos. Lo hecho con darle migajas de valor al voto nulo, solo consigue desviar la intención del elector.
 
El presidente Morales dice querer propuestas, la anterior y las que siguen son las mías: Que para ser diputado, los candidatos deban mostrar que representan a cierto número de ciudadanos, digamos a diez mil, mediante declaraciones legales, administradas por el TSE. Requisitos de tipo ético, educativo y de servicio a la comunidad debieran ser exigidos para ser candidato a ostentar el título de “Dignatario de la Nación”.
 
Los electores pedimos que se redujera el número de diputados y que este quedara fijo. Personalmente creo que 40 sería suficiente, pero podrían ser 60 u 80, no más. La ley abusa, al establecer 160, dos más que el exceso actual.
 
Los últimos diez presidentes del Organismo Legislativo son: Mario Taracena, Luis Rabbé, Arístides Crespo, Pedro Muadi, Gudy Rivera, Roberto Alejos, Arístides Crespo, Eduardo Meyer, R. Darío Morales y Jorge Méndez Herbruger. Hoy, algunos están en la cárcel, otros enfrentan juicios que podrían terminar en prisión. Unos más, parecen haberse salvado pero de ellos, más de uno, tiene méritos suficientes para una larga condena.
 
La ley, esa nueva ley hija del TSE, bendecida por la CC y manipulada por el Congreso está por cobrar vigencia. Los ciudadanos debemos exigir que La ley se modifique para que impida, de manera contundente y definitiva, que en el futuro políticos con inclinaciones criminales como los de los últimos 30 años o más, puedan llegar al Congreso. Si un pensamiento así está atrás de la enigmática sonrisa del presidente Morales, yo lo apoyo. Pero si lo que busca es salir bien librado en su rivalidad con Taracena, entonces no vale la pena.
 
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SOBRE EL AUTOR
J, Fernando García Molina
      José Fernando García Molina Guatemalteco, 67 años, casado, dos hijos, ingeniero, economista. Tiene una licenciatura en ingeniería eléct
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