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Teorema

Prioridades presupuestales
Fecha de Publicación: 16/05/2016
Tema: Construir el Estado
 
Margaret Thatcher era Ministro de Educación del Reino Unido cuando a fines de octubre de 1971 Terry Coleman la entrevistó. El gobierno repartía leche a los niños mayores de siete años, programa que ella había suprimido; además, había aumentado el precio de las comidas escolares. El público la llamó La robaleches, creándole un costo político enorme. Ella respondió a su hostil entrevistador, que debía economizar para construir 75 nuevos centros de primaria. La cita busca resaltar su comprensión sobre que, con fondos limitados, podía hacer uno u otro, pero no ambos. Decidió qué era más importante y hacia allí dirigió los recursos de que disponía su cartera.
 
Muchos no dudan en llamar cuasi fallido al Estado de Guatemala, el nuestro. Otros, sin mayor miramiento, lo adjetivan fracasado. Por lo contrario, no he escuchado o leído a nadie que lo califique como exitoso. La percepción derrotista incluye a los propios gobernantes, cada uno en su respectiva época y aun calificando su propia gestión. Así, hay evidencia suficiente para afirmar que algo anda mal y que debe haber cambios significativos.
 
El Presupuesto general de ingresos y gastos de la nación, es una ley de la República que se renueva cada año. Desde la perspectiva de la economía nacional, es la ley más importante del país. El presupuesto asigna los recursos que manejará cada dependencia del Estado. Si la disponibilidad de fondos, que siempre será insuficiente, se distribuye correctamente, podremos avanzar como país. De lo contrario seguiremos donde estamos… o un poco peor.
 
El gobierno actual cuenta con un gabinete que, en términos generales, supera a varios anteriores. Se puede esperar que ellos administren mejor y con mayor probidad los fondos públicos. Pero si la cartera de Cultura y Deportes, la de Energía y Minas, la de Economía, la de Agricultura, la de Ambiente o la de Trabajo llegaran a desarrollar sus funciones con excelencia ¿Nos alejaría esa condición de ser un Estado que se dirige al fracaso?
 
Creo que no, que el nuestro sería un Estado en ruinas, aún si el Ministerio de Agricultura tuviera un desempeño ejemplar. Piénselo, suponga que el Ministerio de Ambiente de Haití fuera un ejemplo para el mundo. Pero eso no cambiaría la realidad de Haití. ¿Cierto?
 
Creo que es necesario que el presupuesto deje de responder a la estructura establecida alrededor de 1946, cuando las necesidades eran diferentes. Aunque el monto del presupuesto ha aumentado, y lo ha hecho desmesuradamente, su composición porcentual poco ha variado. ¿Serán las autoridades del nuevo gobierno capaces de identificar las prioridades de la nación y distribuir los tributos en esa proporción?
 
El procedimiento es simple. El Presidente de la República, reunido en Consejo de Ministros debe establecer cuáles son esas prioridades y ordenarlas conforme su importancia. Las de hoy son diferentes de las que teníamos hará unos 70 años, cuando fueron establecidas la última vez. Posteriormente, el gobierno debe distribuir en forma porcentual (es importante que sea en términos porcentuales), lo que queda después de pagar las deudas y las asignaciones constitucionales.
 
Será necesario formar grandes sectores. Por ejemplo, Justicia, Seguridad, Infraestructura, Educación, Salud, Administración Pública y “Los demás”. Es importante que sean solo siete sectores, ––sería mejor si fueran menos–– para facilitar la asignación de prioridades. El sector Justicia, que posiblemente resulte beneficiado, posteriormente distribuirá lo que le corresponda (entonces ya no tiene por qué ser porcentual), entre cada una de sus dependencias. El sector Seguridad y los demás sectores, harán lo propio. Los gastos de Administración del Estado, comprenden la Presidencia, el Ministerio de Finanzas, el de Relaciones Exteriores y las respectivas dependencias de estos. “Los demás” se refiere a todos aquellos que no sea razonable incluir entre los primeros siete.
 
El actual texto constitucional, entre otros grandes errores, asignó partidas fijas para ciertos renglones de gasto. Tal vez en 1985 fueron adecuadas, pero el país ha cambiado mucho en 30 años; sus necesidades también. Por ejemplo, ahora se tiene mayor claridad en la importancia de la justicia y la necesidad de que esta figure con un presupuesto superior al 2% entonces asignado (más otros recursos propios). Cuando se creó el Ministerio de cultura y deportes, la necesidad de instalaciones deportivas era mucho mayor que ahora. En 30 años, numerosos complejos deportivos han sido creados y aunque aún falten muchos otros, seguir invirtiendo 3% en deporte y educación física es poco sensato cuando los hospitales enfrentan carencias. La Universidad de San Carlos recibe 5% del presupuesto. Y así…
 
Resolver las dificultades originadas en la Constitución exige reformar el texto constitucional y, aunque muy conveniente, es tarea ardua. Pero otros sectores no tienen esa restricción constitucional. El Congreso gasta, más bien dilapida, cerca de 1.5% del presupuesto. Los beneficios, percibidos principalmente por su burocracia, provienen de aumentos salariales calculados en forma exponencial. Un grave error financiero, semejante al incurrido por la USAC. Si su asignación fuera de solo la cuarta parte de lo que recibe, podría funcionar bien ¡y sin rebajar el sueldo de los diputados!
 
El Congreso solo es un ejemplo, dramático tal vez, de lo que también sucede en las demás dependencias del Ejecutivo. La refundación debe obedecer a las prioridades de la nación y estas deben ser determinadas por el gobierno sin la participación de terceros. Los ciudadanos debemos respetar lo que decidan las autoridades que libremente elegimos. Lo que no podemos aceptar es su inacción o que se siga haciendo lo que a través de los años nos ha llevado a tan precaria situación.
 
Si se abriera la discusión, la auto denominada “Sociedad civil” presentará su propia agenda, lo mismo harían organizaciones empresariales, la USAC, los sectores campesinos, los sindicalistas, los… Y correremos el riesgo de terminar peor que como estamos ahora.
 
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SOBRE EL AUTOR
J, Fernando García Molina
      José Fernando García Molina Guatemalteco, 73 años, casado, dos hijos, ingeniero, economista. Tiene una licenciatura en ingeniería el&eacu
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