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Teorema

Carta a mi representante
Fecha de Publicación: 15/03/2016
Tema: Congreso
Estimado Luis Pedro Álvarez,
 
Esta es para comunicarte que en la pasada elección de septiembre te di mi voto, lo que te convierte en mi representante ante el Congreso Nacional de la República. Agrego a lo anterior que en esa elección solo voté por ti. No encontré un segundo candidato a quien otorgar mi representación. Además, pensé, si mi selección es correcta ¿para qué podría necesitar dos?
 
En la elección de 2011 sufragué a favor de Nineth Montenegro y de José Alejandro Arévalo. José Alejandro se fue a la Superintendencia de Bancos y Nineth… bueno, Nineth cobró una suma millonaria como resarcimiento por el asesinato de su esposo. Hecho acontecido hace más de 30 años. Esa suma salió del bolsillo de los contribuyentes quienes la habíamos aportado para fines muy distintos de erogaciones por resarcimientos.
 
Hace cuatro años, también consideré hacerlo por ti pero antes quise conocer tu desempeño en el cargo, en caso lograras el puesto. Creo que tu actuación durante la legislatura anterior fue mejor, mucho mejor, que la de los demás diputados al Congreso. Superaste ampliamente lo que esperaba de ti y lo que, en general, un elector puede esperar de quien lo representa.
 
Sé muy bien que en la práctica no hay tal cosa como una representación, que ese título es un eufemismo. En términos generales, ni los electores conocemos al diputado ni el diputado sabe quiénes lo votaron. Eso no debiera ser así, convendría que hubiera una interacción permanente entre uno y otros. Si los ciudadanos nos tomáramos el trabajo de escribir a quienes votamos explicándoles nuestros puntos de vista, eso ayudaría. Pero es muy complejo. El 4 de octubre de 2014 publiqué un artículo que titulé Democracia Representativa (http://www.opinionpi.com/detalle_articulo.php?id=429). Allí planteo el problema y propongo una solución. Te recomiendo leerlo.
 
Supongo que los congresistas honrados se sentirían más cómodos si al decidir entre favorecer u oponerse a una causa particular, contaran con el apoyo de sus electores. Desde luego, el representante no puede actuar conforme los deseos de sus electores, quienes muchas veces tendrán posturas opuestas, pero sí podría conocer el clima de opinión que priva entre ellos. Es en ese sentido (el del deber ser) que te envío esta carta, en la que, además de anunciarte que eres mi representante, deseo comentar lo que sigue:
 
Sobre la paridad de género, de etnia y de otra índole, la legislación debe asegurar que se respete el derecho de participar de todo aquel que desee hacerlo. Ninguna restricción por etnia, sexo, edad… debería tener validez. El derecho de los ciudadanos dentro de un partido debe estar sujeto únicamente a la normativa interna de este. Tal reglamentación interna debe ser del conocimiento de todos sus afiliados y de quienes deseen afiliarse. La ley debe asegurar lo anterior y penalizar a los partidos cuando la infrinjan. Pero no debe obligar, de ninguna manera, a que los partidos políticos tengan cuotas de representación. Tampoco debe oponerse cuando estos quieran establecerlas.
 
Si se creara el Partido de las mujeres, o el Partido de los indígenas, el Partido Mam, el Partido de los obreros... ninguna ley, absolutamente ninguna, debiera forzar a que hubiera determinado número de hombres en el Partido de las mujeres, europeo descendientes en el Partido de los indígenas, empresarios en el Partido de los obreros o xincas en el Partido Mam.
 
Debo confesar que no siento mayor simpatía por los partidos políticos en general, especialmente en este tema, ya que han hecho un pésimo uso de la autonomía que siempre han tenido para escoger a sus candidatos. Sin embargo, la independencia que deben seguir teniendo para seleccionarlos es mucho más importante que la antipatía que generan. Aunque hagan tan mal uso de esa libertad deben conservarla.
 
También quisiera comentar acerca del intercambio de ofensas entre los diputados César Fajardo y Mario Taracena. No voy a abundar acerca de lo impropio de tal espectáculo en el pleno de ese alto Organismo de Estado. Lo que quiero expresar es que me resulta inaudito, que los demás diputados hayan perdido tiempo discutiendo quién de los dos tiene la razón. Aun peor, que algunos buscaran defenestrar a Taracena por haberse dirigido en esos términos a un “honorable representante”.
 
Por lo visto nadie se escandalizó por los datos revelados. Taracena denunció que Fajardo tiene casi 40 personas a su servicio y que ocupa una oficina que cuesta más de Q. 20,000 mensuales. Esos salarios y ese alquiler los pagan contribuyentes que sudan para tener al día alquileres por menos de mil y se lo piensan mucho antes de contratar un asistente o una secretaria.
 
¿Y quién es Fajardo? ¿Cómo es que nadie sabe de él? ¿Por qué ninguno recuerda alguna iniciativa suya? ¿Qué ha hecho durante los largos años que lleva como diputado? ¿Cuáles han sido sus acciones como fiscalizador? ¿Ha propuesto la derogatoria alguna dentro de ese cúmulo de leyes que entorpecen la vida ciudadana? ¿Cómo justifica ese número de empleados y que le alquilen una oficina? ¿Cómo se puede justificar tal abuso? Y Taracena ¿ha procedido con el desalojo y la cesantía correspondiente o ya se arreglaron?
 
Puedo adivinar que Fajardo (y también Taracena) fue de los primeros en votar a favor de la reforma fiscal de Pável Centeno hace cuatro años. Si ese y muchos otros semejantes es el destino que de nuestros impuestos ¿Cómo se atreven a pedir más? Actos de esa naturaleza ¿acaso no explican que Guatemala tenga una tributación baja?
 
También quiero manifestar mi respeto, admiración y absoluta solidaridad con la señora Lucrecia Marroquín ahora viuda de Palomo. La cruzada que ella ha desarrollado en busca de que se cumpla ley y que la Constitución tenga plena y total vigencia en todas sus partes es loable. ¿No debiera alguno de los diputados estar al frente de ese proyecto? ¿Lo estás apoyando tú?
 
Sobre nuevos impuestos como el que en muy mal momento sugirió el Comisionado de la CICIG, quiero decir que no se trata de declarar que los ingresos tributarios son insuficientes. Siempre, sin importar cuál sea su monto, los ingresos serán menores que las necesidades. Esto es, serán insuficientes aquí y en cualquier sociedad, por rica que sea. De lo que se trata es de establecer prioridades. Creo, igual que el señor Velásquez y todos quienes arguyen en favor de un mayor presupuesto para el Ministerio Público, que están en lo correcto. Así debe ser. Más aún, el sector justicia, en general, debe contar con mayores recursos. La justicia y la seguridad ciudadana son las mayores prioridades del Estado. Así lo estipula la Constitución y así lo confirmamos todos.
 
Los fondos adicionales que se trasladen a la justicia y a la seguridad pública (las dos principales prioridades del Estado), deben provenir de reducir el presupuesto de entidades cuya prioridad tiene menor jerarquía. Por ejemplo, de los asesores y la oficina del señor Fajardo y de muchos como él en el Congreso, en el Ejecutivo y aún en el Organismo Judicial. Ellos deben ser tratados como lo que son: Una de las últimas prioridades del Estado.
 
Para finalizar, te comento sobre el programa de resarcimientos, creo que ese dinero está causando mucha conflictividad. Muchos afirman que es un asunto ideológico pero me atrevo a contradecirlos. Se trata de un tema meramente económico. Si están repartiendo dinero y hay alguna forma, por peregrina que sea, para entrar en el reparto, la gente va a buscar calificar para obtener una parte. Visualiza el cuadro de un abogado persuadiendo a un grupo de gente sencilla de “luchar por sus derechos” y convenciéndolos de que le paguen a él la mitad de lo que perciban.
 
¿Y el pueblo? ¡El pueblo a pagar!
 
 

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SOBRE EL AUTOR
J, Fernando García Molina
      José Fernando García Molina Guatemalteco, 67 años, casado, dos hijos, ingeniero, economista. Tiene una licenciatura en ingeniería eléct
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