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Teorema

Los modernos inquisidores
Fecha de Publicación: 06/03/2016
Tema: Electoral
 
A fines de enero pasado publiqué un artículo que titulé La séptima corte (http://www.opinionpi.com/detalle_articulo.php?id=741). En él presentaba el nombre de diez connotados abogados constitucionalistas. Una decena de respetables profesionales conocidos por el público como personas de bien. Ciudadanos que satisfacen plenamente la condición de reconocida honorabilidad. Sugerí que entre ellos se seleccionara a los titulares y suplentes que integrarán la próxima Corte de Constitucionalidad ––CC–– (séptima en la historia de la Constitución vigente).

Ellos son: Flaminio Bonilla, Alejandro Balsells, Mario Fuentes Destarac, José Luis González Dubón, Carlos Molina Mencos, Eduardo Mayora Alvarado, Hugo Maúl Figueroa, Gabriel Orellana, Stuardo Ralón y Roberto Villeda. Posiblemente era una idea muy ambiciosa. Pretender que nuestro país pase de la mediocridad a tener funcionarios del más alto nivel, a contar con un Dream Team en la CC, pudo ser demasiado.

La prensa ha publicado queel presidente Morales sostuvo conversaciones con Mario Fuentes pero no llegaron a nada. Alejandro Balsells, es uno de los actuales precandidatos en el Congreso y González Dubón parece haber sido confirmado por el presidente Morales. En otras palabras de los diez mejores solamente uno ha sido ratificado aunque existe la posibilidad de que el Congreso ofrezca otro.
 
La esperanza de tener una CC de lujo, capaz de participar activamente en la construcción de esa Guatemala esbozada el año pasado en las concentraciones de abril a septiembre, parecen contraerse, aunque dos de ellos podrían hacer mucho. Bien por el presidente Morales y bien por el Congreso si toma la decisión correcta. He escuchado opiniones favorables de los seleccionados por parte del Organismo Judicial. Sin ser conocidos por el público, entiendo que tampoco tienen manchas ni compromisos ilegítimos. Nuevamente la USAC y el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala ––CANG–– se inclinan por aquellos que mejor sirvan a sus particulares réditos en vez de perseguir los más elevados intereses de la nación.
 
Pero no se trata únicamente de la USAC y el CANG. La candidatura de José Luis González Dubón, por parte de presidente Jimmy Morales ha recibido objeciones provenientes de grupos de esa izquierda ahora afín a la Embajada de los Estados Unidos. González también ha recibido la crítica de periodistas de opinión con esa inclinación.
 
Entiendo que González Dubón es conocido como un hombre que habla claro y expone argumentos republicanos. Forma parte del grupo de personas que priorizan la condición de Guatemala como República a cuyo ordenamiento deben estar subordinados los actos democráticos. Aunque posiblemente no lo sepan, me parece que, en el fondo, es esa visión la que impugnan.
 
Para explicar mejor lo anterior, permítame valerme de un ejemplo. La toma de una carretera en forma verdaderamente pacífica puede considerarse un acto legítimo de la democracia. Pero la República lo ve de otra manera. Con base en el ordenamiento constitucional, ha de hacer que prevalezca el derecho ciudadano a la libre locomoción por esa carretera tomada. Si en cambio, lo que prevalece es la democracia (la decisión de la mayoría que participó en la toma de la carretera en este ejemplo) entonces el derecho de quienes detienen el tráfico de personas priva sobre el de quienes desean pasar. Desde luego, este solo es un ejemplo simple. Hay muchas otras situaciones; unas mucho más complicadas, otras de menor trascendencia.
 
Careciendo de señalamientos sólidos en contra de González y no entender bien lo anterior, los señalamientos en contra suya han sido por haber planteado una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto del Congreso de la República que aprobó el Convenio celebrado entre el gobierno y la ONU, para la creación de la CICIG. Uno de esas sindicaciones la hizo Juan Manuel Vega, articulista de Soy 502.
 
González Dubón en un torpe intento de ser políticamente correcto (usualmente no lo es), respondió a las sindicaciones de Vega asegurando que la aludida publicación la hizo como Presidente de la liga ProPatria, dando cumplimiento a un mandato de su asamblea. Por lo que la responsabilidad no era suya sino de la asamblea.
 
Creo que tal aclaración no solo era innecesaria sino permite confusión. Que si lo hizo a título personal o de la organización que presidía, es un asunto secundario y de ninguna importancia para el proceso electoral de la CC. Lo verdaderamente importante, lo que se debe realzar, es que se trataba del ejercicio de un derecho ciudadano que forma parte de la libertad de expresión.
 
Ahora la CICIG es bien vista, pero antes no lo fue. Algunos distinguimos entre la CICIG y el actual comisionado Velásquez. Esto, porque antes hubo otros dos comisionados, de muy ingrata recordación. Si bien es cierto que Velásquez merece el generalizado respeto, aprecio y agradecimiento ciudadano, también es verdad que fueron muchas las voces que se alzaron en contra de Dall’Anese y de Castresana. Tanto que uno no puede hablar de la CICIG sin decir a cuál de los tres se refiere.
 
Es grave es que algunos periodistas de opinión, arguyan que una expresión contraria a la CICIG deba restar idoneidad a un abogado para ser candidato a magistrado de la CC. Causa suma preocupación que quienes están llamados a orientar la opinión pública perciban una acción de inconstitucionalidad planteada en 2007 como una herejía. Que un acto ciudadano conducido dentro de los medios previstos por la Constitución sea visto como un hecho teófobo merecedor de la hoguera resulta, cuando menos, engorroso.
 
El artículo 113 de la Constitución establece que para optar a empleos o cargos públicos no se atenderá más que a razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez. La misma Constitución exige que para ser magistrado de la CC se debe satisfacer los siguientes requisitos (Artículo 270) a) Ser guatemalteco de origen; b) Ser abogado colegiado; c) Ser de reconocida honorabilidad; y d) Tener por lo menos quince años de graduación profesional.
 
Siendo muchos los ciudadanos que satisfacen los requisitos que establece la Constitución, lo que queda es seleccionar dentro de ellos a los mejores. No corresponde a los comentaristas establecer nuevas condiciones (alguno declaró que los candidatos deben tener experiencia previa como jueces).
 
No hay ningún otro requisito fuera de los que establece la Constitución. Aún si se diera el caso de que un candidato sostuviera una férrea oposición a la CICIG, o que otro no fuera conspicuo admirador de Iván Velásquez o de alguien más, que considerara persona non grata al Embajador de los Estados Unidos, ninguna de esas posturas constituye obstáculo para que ese candidato pueda asumir el cargo de Magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Los requisitos los establece la Constitución y el Doctor en Derecho José Luis González Dubón los satisface plenamente.
 
 
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SOBRE EL AUTOR
J, Fernando García Molina
      José Fernando García Molina Guatemalteco, 67 años, casado, dos hijos, ingeniero, economista. Tiene una licenciatura en ingeniería eléct
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