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Teorema

La Séptima Corte
Fecha de Publicación: 30/01/2016
Tema: Constitución
 
En su artículo 268, la Constitución crea la Corte de Constitucionalidad –CC– como entidad independiente de los demás organismos del Estado. Su función esencial es la defensa del orden constitucional. Otras funciones están definidas en el artículo citado. Estas, aunque importantes, están bajo la gran sombrilla de su razón de ser primordial.
 
Integran la CC, cinco magistrados titulares y cinco suplentes, que duran en sus funciones cinco años. Los magistrados titulares y sus respectivos sustitutos, son seleccionados por la Corte Suprema de Justicia –CSJ–, el Congreso, el Presidente de la República, el Colegio de Abogados –CANG– y la Universidad de San Carlos –USAC. Este año acontece la séptima renovación de la CC. Los nuevos magistrados deberán tomar posesión el miércoles 13 de abril.
 
Hay cuatro requisitos para ser magistrado, los primeros tres son extremadamente simples, el cuarto también lo es pero en ocasiones anteriores, no ha sido observado. Al menos, ha sido causa de controversia. Estos son: ser abogado guatemalteco con quince o más años de graduado y el cuarto, el “difícil”: ser de reconocida honorabilidad.
 
Resulta que los electores, con excepción de algunos diputados y el Presidente, son abogados. Y la mayoría de ellos conceptualizan la honorabilidad de forma muy básica y en términos negativos. Aunque resulte inconcebible, arguyen que es honorable todo aquel que carece de antecedentes penales y no está siendo procesado. Así, hasta Luis Rabbé es honorable.
 
Desde luego, a esa tesis se opone otra, más estricta, que considera que la condición de “persona honorable” no es una con la cual se nazca y que solo se pierda mediante resolución judicial. Por lo contrario, afirma, tal jerarquía solo la alcanza quien ha desarrollado una vida pública irreprochable.
 
La palabra “pública” no fue escrita por descuido. Significa que es la población la que debe considerar si una persona es honorable o si no lo es. Los líderes de opinión en materia constitucional, merced a su participación en foros, discusiones, entrevistas y debates públicos son conocidos por la población y suelen ser abogados honorables.
 
En 2011, el Congreso eligió a Alejandro Maldonado y a María Araujo, como titular y suplente, respectivamente. El CANG designó a Hugo Pérez y Ricardo Alvarado. La CSJ nominó a Roberto Molina y Carmen María Gutiérrez. La USAC escogió a Mauro Chacón y Juan Medina. El presidente Colom, nombró a Gloria Porras y a Héctor Trujillo. Roberto Molina y Alejandro Maldonado ya habían sido magistrados en la quinta CC (2006 a 2011).
 
Previo a la elección de 2011, el Movimiento ProJusticia objetó la candidatura de Bonerge Mejía, decano de la Facultad de Derecho de la USAC, vinculándolo con grupos cuestionados por tráfico de influencias. Mejía terminó declinando su candidatura. También refutó la del exdiputado Héctor Efraín Trujillo Aldana, vinculado a la UNE y a la señora Torres. Lo relacionó con el desfalco al IGSS durante el gobierno de Portillo. Colom perseveró y designó a Trujillo Aldana. En diciembre anterior, Trujillo fue arrestado en Estados Unidos, acusado de pedir soborno y vender influencias dentro de la FIFA. Su arresto suscitó el mayor descrédito que haya sufrido la CC en toda su historia, tanto nacional como internacional.
 
Algunos afirman que la CC es una institución política y que por lo tanto está facultada para resolver desde esa perspectiva. En la Constitución, que le da vida, nada indica que esa pueda ser su naturaleza. Creo que no debe serlo, absolutamente no. Aun cuando el procedimiento de selección permita ese equívoco, la CC debe atenerse a su función primordial que es defender el orden constitucional.
 
Sus fallos deben estar estrictamente circunscritos dentro de ese ordenamiento. Debe resolver fuera de la influencia política partidista, de los grupos de poder o de la presión popular. Esto, solo se puede lograr si se concede el mayor y más estricto énfasis posible a la condición de honorabilidad de sus integrantes porque de ello dependerá la autoridad moral que puedan ejercer.
 
Además, la séptima CC enfrentará condiciones políticas más complejas que las seis renovaciones anteriores. La presión política para reformar la Constitución no debe ser contenida con argucias sino dejarla fluir dentro de los procedimientos previstos en el mismo texto. La reforma del corrupto Estado de Guatemala es un hecho que ya inició y que que principió donde debía empezar: el Congreso de la República.
 
Habrá mucha presión para que todos los cambios por venir busquen caminos fáciles desarrollándose al margen de la ley. La demanda popular, ejercida por medio de manifestaciones, marchas y concentraciones será enorme. Pero si se adoptan medios  ilegales, los cambios que se haga al Estado no serán válidos y todo el trabajo habrá sido inútil.
 
Todos los caminos de la ley terminan en la CC que tiene la última palabra. Será necesario que esta entidad pueda ostentar una autoridad moral muy alta, mucho más que la que haya tenido jamás. Sus magistrados deben ser personajes que inspiren confianza a la ciudadanía, que sepan explicar el camino que, dentro de la constitución, deben tomar tales demandas. Como país, no podemos incurrir en el error de tener magistrados como el abogado Trujillo. Algo así no debe volver a suceder jamás.
 
Los representantes de las cinco instituciones seleccionadoras están moralmente obligados a elegir abogados que reúnan condiciones personales, más que de honorabilidad, de notabilidad. Los seleccionados deben conocer la Constitución como ninguno y tener la capacidad de explicar el fundamento e implicaciones de cada uno de sus artículos, con la mayor simpleza y claridad a la población. Sus resoluciones deben comprendidas por todos, para que los ciudadanos acatemos sus sentencias.
 
Creo firmemente que es necesario que los electores dirijan su mirada a quienes se han convertido en defensores públicos del texto levantado en 1985 y reformado en 1993. Esas personas distinguidas ya son conocidas por el público y disfrutan de su confianza. Ellos han participado en entrevistas y debates por la radio y la televisión donde han defendido exhaustivamente el ordenamiento constitucional. Lo han hecho dando soporte a artículos que los menos versados consideramos débiles, ambiguos o equivocados. La selección debe alejarse de los abogados que manejan el arte de la negociación. Se requiere de personas constitucionalmente intransigentes.
 
La Constitución, como está actualmente, merece los mejores defensores de su articulado. Si habrán de suceder cambios, estos deben surgir de un debate profundo en el cual la defensa del orden establecido sea la mejor posible.
 
He identificado diez abogados constitucionalistas que han acudido a los medios a defender el texto constitucional y son consultados cada vez que se requiere una voz experta. Su discurso no ha cambiado ni se ha acomodado a las circunstancias. Creo que algunos son poco simpáticos pero esa carencia la reemplazan sobradamente con conocimientos y una extraña pasión constitucional, común a todos.
 
Suelen afirmar que la Constitución es buena, que no necesita ser reformada, que los cambios debieran ser mínimos y que el texto provee los mecanismos para hacerlo, incluso el de la Consulta Popular. Además, se trata de personas que cumplen plenamente con los más estrictos criterios de honorabilidad. Son abogados a quienes resultará superfluo —como debiera ser— presentar una constancia de antecedentes judiciales.
 
Algunos podrían asociarse con sectores de derecha, de izquierda otros. Tengo la certeza de que todos ellos son otorgarán prioridad a su pasión por la Constitución sobre una vulgar pasión política o convicciones ideológicas. Estoy convencido de que en las suyas, el ordenamiento constitucional del país estaría en las mejores manos posible. Ellos son:
 
Flaminio Bonilla
Alejandro Balsells
Mario Fuentes Destarac
José Luis González Dubón
Carlos Molina Mencos
Eduardo Mayora Alvarado
Hugo Maúl Figueroa
Gabriel Orellana
Stuardo Ralón
Roberto Villeda
 
Los nombres anteriores están listados en orden alfabético. Aunque no creo que sea así, admito la posibilidad de que pueda existir otro abogado, con mejor preparación, superiores condiciones de honorabilidad y que goce de mayor confianza popular que los antes mencionados. Podría aceptar que fuera más de uno, incluso que diez que reunieran tan excelsas condiciones. De ser así, que sea esa o esas personas quienes ocupen el cargo de magistrados titulares y suplentes de la CC. Pero que no haya uno solo que esté por debajo de los mencionados en el listado anterior. Si Guatemala ha de cambiar y ello es responsabilidad de todos, ahora corresponde a los abogados electores de la USAC, el CANG y la CSJ, así como a los congresistas y al Presidente Morales, cumplir con su parte.
 
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SOBRE EL AUTOR
J, Fernando García Molina
      José Fernando García Molina Guatemalteco, 67 años, casado, dos hijos, ingeniero, economista. Tiene una licenciatura en ingeniería eléct
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