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Teorema

El presupuesto de los gastos
Fecha de Publicación: 21/12/2015
Tema: Finanzas
 
El Estado de Guatemala ha fracasado permanentemente en cumplir los deberes para los que fue organizado, conforme lo expresa la Constitución. Se señala como motivos principales la corrupción de los gobernantes e insuficiente recaudación fiscal. Estos, aunque importantes, no son la razón fundamental. La forma como se gastan los impuestos que paga la ciudadanía, expresada en el Presupuesto de  Gastos de la Nación, constituye una causa estructural que imposibilita al Estado garantizar la vida, la libertad, la justicia, la seguridad y la paz  de la nación. Mucho menos, podría permitirle favorecer el desarrollo integral de la persona.
 
Posiblemente usted está de acuerdo con que el Estado guatemalteco ha estado muy cerca —si es que no lo consiguió— de ser considerado un Estado fallido. Falló en garantizar la vida de los ciudadanos y sus familias, ha sido incapaz de cumplir su obligación de proporcionar justicia, faltó en su finalidad de proveer libertad, seguridad y paz en la nación; frustró la esperanza de desarrollo de la población. La educación, la salud pública y la infraestructura física, excepto durante breves períodos han sido deficientes durante los últimos 40 años o más. Hoy, en este preciso día, su condición es calamitosa.
 
Todo lo anterior tiene que ver con el gasto público. Los funcionarios tomados de la mano y en coro, aseguran que tan grande fracaso no se debe a ellos sino a que la tributación es insuficiente. Se les une la burocracia internacional señalando que Guatemala es uno de los países con menor tributación per cápita. La antipática señora Julliand y los así llamados países amigos ofrecen la “brillante” solución de subir los impuestos. El Comisionado de la CICIG llega al extremo de exponer su bien ganado prestigio para recomendar un tributo específico. Todo un festín entre quienes viven de los impuestos, de los nuestros unos propios y de los ajenos los otros. Orgía a la que con frecuentemente se unen los dirigentes de la prensa nacional y algunos periodistas.
 
El fracaso del Estado guatemalteco no se gestó durante el gobierno de Pérez-Baldetti, ni el de Colom-Espada o el de Berger–Stein. Es muy anterior. Algunos aseguran que el deterioro empezó con el asesinato de Arana en 1949. La izquierda lo ubica en el derrocamiento de Árbenz en 1954 y unos más afirman que vino con el surgimiento de la guerrilla en 1960. Con independencia de su inicio, la inhabilidad del Estado para cumplir su deber ha sido progresiva y nada indica que pueda revertirse.
 
El presupuesto es la más importante ley económica del país, que se renueva cada año. Los diputados analizan, modifican, aprueban o desaprueban el proyecto presentado por los técnicos de Finanzas. Ellos lo preparan con base en el anterior e instrucciones de sus superiores. El presupuesto se ha convertido en un rito, en una tradición desentendida de su importancia económica, ajena a su verdad, a su realidad.  La estructura fundamental del presupuesto, sus prioridades, no han cambiado en años. El siglo pasado, Albert Einstein sentenció: No se puede esperar resultados diferentes si se hace siempre lo mismo.
 
El presupuesto conlleva un proceso que degenera permanente con la inclusión de nuevas secretarías, viceministerios y otras instituciones. Cada vez más recursos son destinados a fines distintos de los que ordenan los primeros dos artículos de la Constitución. El nuevo presupuesto, el aprobado para 2016, difiere muy poco del anterior y de los anteriores. Como sus antecesores, ignora el mandato constitucional que dice:
 
ARTICULO 1. Protección a La Persona. El estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común.
 
ARTICULO 2. Deberes del Estado. Es deber del estado garantizarle a los habitantes de la república la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.
 
En términos presupuestales, ambos artículos exigirían que los recursos públicos fueran asignados prioritariamente al Organismo Judicial y entidades de apoyo a la Justicia, como el Ministerio Público —justicia; al Ministerio de Gobernación —seguridad; a los ministerios de Educación, Salud y Comunicaciones —desarrollo integral de la persona. Se puede esperar que la libertad y la paz sean consecuencia de la seguridad, la justicia y de servicios adecuados de educación y salud. Además, ese desarrollo debe ser responsabilidad de cada familia, correspondiendo al Estado el rol de procurador.
 
En muchos años de formulación y propuesta, de análisis y aprobación del presupuesto, nadie parece haberse preguntado si la versión anterior era la correcta. Nadie se ha atrevido a pensar si el que se ha de aprobar —con base en el anterior— conduce a alcanzar los fines para los que fue organizado el Estado, claramente expresados en la Constitución. Incluso el mismo documento constitucional es contradictorio cuando establece asignaciones para fines distintos de los que inicialmente define como prioritarios. ¿Pobreza intelectual? ¿Negociaciones?
 
¿Y si la versión inicial hubiera sido equivocada? De ser así el error se habría perpetuado. Hay evidencia empírica más que suficiente para afirmar de manera contundente que esa versión inicial y todas las reproducciones intermedias fueron equivocadas. ¿Acaso no constituye demostración suficiente ese Estado cuasi fallido que priva en nuestro país?
 
Al desarrollar el texto constitucional, los constituyentes del ‘85 y después los del ’93 en un acto de arrogancia extrema, establecieron porcentajes fijos para prioridades distintas de las que ellos mismos enunciaron en ese documento. Hicieron de cumplimiento obligatorio para tantos años como vigencia tenga Constitución, erogaciones cuya prioridad es inferior a la vida, la libertad, la justicia, la seguridad…
 
Los montos expresados en la Constitución vigente como porcentajes respecto al total de ingresos tributarios (sin contratación de nueva deuda) son:
 
Obligaciones constitucionales
Municipalidades
10.00%
Universidad de San Carlos
5.00%
Organismo Judicial
2.00%
Deporte Federado
1.50%
Educación Física
0.75%
Deporte no federado
0.75%
Subtotal
20.00%
Costo de la deuda (para 2016)
21.60%
Organismo Legislativo (sugerido por el autor)
0.36%
Subtotal
41.96%
Saldo
58.04%
En la parte inferior del cuadro anterior agregué dos renglones. El primero se refiere a la deuda contraída por el Estado, principalmente durante los tres gobiernos anteriores. Las deudas hay que pagarlas. Afortunadamente, ese es un principio que el Estado guatemalteco ha observado, principalmente en lo que se refiere a la deuda externa.
 
El pago de la deuda (principalmente amortizaciones e intereses) programado para 2016, respecto de los ingresos tributarios esperados (para poder comparar con las cifras previas), representa 21.6% de estos. Más que la quinta parte de los impuestos se destina a pagar la deuda nacional. Aun así, analistas internacionales y funcionarios locales afirman que la deuda de nuestro país es manejable, incluso que podría incrementarse. Tal frivolidad, y su carga de insensatez, me dejan perplejo. 
 
El Organismo Legislativo cuesta a los contribuyentes mucho dinero. Para 2016 se presupuestó cerca de 1.5% de los ingresos tributarios. Pienso que debiera ser menos. Si el presupuesto global fuera de tres veces el sueldo anual (14 sueldos mensuales) de los 158 diputado, esa cifra descendería a 0.36%.
 
Usando esas cifras, queda 58.04% de los ingresos para financiar los gastos del Estado. Si se fortalece la administración de la justicia, queda para lo prioritario poco menos de 55% de los tributos. Si de esto se descuenta la seguridad, educación, salud e infraestructura, alcanza para pagar la administración del Ejecutivo (Presidencia, Cancillería y Finanzas).
 
Utilizando los fondos con austeridad y sensatez, es posible pensar que una parte importante pueda ser destinada a la inversión pública en infraestructura física (cárceles, escuelas, hospitales, carreteras…). La inversión público privada o la inversión estrictamente privada (como en los teléfonos y la energía eléctrica) podrían desarrollarse para atender las necesidades que el Estado no alcanza a cubrir.
 
Para todo lo demás (agricultura, minería, trabajo, procuradurías…) queda poco. Pero muchas son funciones sin las cuales el país puede sobrevivir. En cambio sin satisfacer adecuadamente las de alta prioridad el fracaso del Estado será cada vez mayor.
 
Me temo que no basta con que el presidente y su gobierno no sea ni corrupto ni ladrón. Creo que se requiere más que eso. Conceptúo que en el presupuesto de los gastos y el ordenamiento de sus prioridades está la solución.
 
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SOBRE EL AUTOR
J, Fernando García Molina
      José Fernando García Molina Guatemalteco, 67 años, casado, dos hijos, ingeniero, economista. Tiene una licenciatura en ingeniería eléct
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