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Teorema

Plan de Gobierno (segunda parte)
Fecha de Publicación: 07/08/2015
Tema: Gobierno

Propuesta 14: Establecer que todos los medicamentos que compre el Estado (incluido el IGSS) deben ser productos genéricos (como sucede en la mayoría de países europeos y algunos de Latinoamérica). El precio debe estar por debajo del precio en fábrica más un porcentaje razonable para cubrir costos de transporte, administrativos y el beneficio del intermediario. El precio promedio será el de tres de los siguientes países: Israel, Alemania, Suiza, Estados Unidos, India, Brasil y Canadá). El contrato se cerrará entre el gobierno y el fabricante. El precio de compra bajo ninguna circunstancia podrá ser más alto que el precio de venta en las farmacias locales. Cualquier excepción que se requiera, debe ser aprobada por el director de hospital quien será corresponsable con el médico que ordenó el medicamento de marca.

Propuesta 15: Prohibir que los médicos que trabajan en los hospitales públicos también lo hagan en clínicas privadas, incluyendo la propia. Hay que ampliar sus contratos a 45 horas semanales con la mejora correspondiente en sus honorarios.

 

Propuesta 16: Prohibir que los empleados públicos y los funcionarios por elección o designación tengan segundos empleos (incluido dar clases en las universidades). Los profesionales universitarios no podrán tener bufetes, oficinas, clínicas, etcétera.
 
Propuesta 17: Construir hospitales próximos a los centros urbanos (pero fuera de ellos) para dar atención a pacientes que requieran cirugía y hospitalización. Los hospitales que se encuentran saturados y cuyas instalaciones sean insuficientes para atender la demanda (como el Roosevelt y San Juan de Dios), dejarán de ofrecer servicios de cirugía y hospitalización. Las instalaciones actuales serán modificadas para consulta médica y emergencias.

 

Propuesta 18: Si los países que se menciona, aceptan colaborar en este proyecto, se adoptará el sistema educativo que tienen en Hong Kong, Japón, Israel, Finlandia y Singapur, respectivamente, uno para cada región del país. El programa cubrirá todos los niveles, desde la primaria hasta diversificado. Una sexta región será atendida haciendo uso extensivo de medios tecnológicos, buscando la asistencia del Massachusetts Institute of Technology –MIT—, que lidera este tipo de enseñanza. Cada cinco años se deberá descartar el sistema que haya sido más difícil de adaptar y ofrezca resultados inferiores, hasta quedar con uno solo. Esos programas serán manejados por técnicos de los países correspondientes. El Ministerio de Educación actuará exclusivamente como entidad solicitante de la cooperación, estará a cargo de coordinar los programas y de funciones administrativas como el pago de salarios a los maestros.
Propuesta 19: El gobierno garantizará que todo niño con aptitudes para estudiar pueda llegar tan lejos como sus aptitudes lo permitan.
Propuesta 20: Construir reclusorios en las regiones más remotas de el Petén para encerrar (previo juicio legal que así lo determine) a los mareros y otros jóvenes delincuentes. Sujetar a los allí recluidos a una férrea disciplina militar, buscando convertirlos en personas útiles. Estas granjas de rehabilitación deben ser auto sostenibles. Los reclusos cumplirán allí su condena.
Propuesta 21: Proponer al gobierno de USA, a través de la DEA, que compre a Guatemala toda la droga que se incaute a un precio 50% más bajo que el precio de mercado en NY o LA. Los narcotraficantes detenidos en esos operativos pueden, a solicitud de Estados Unidos ser extraditados a ese país de manera automática, van incluidos en el precio. 

Propuesta 22: Ejecutar los veredictos judiciales que condenaron a muerte a varias personas actualmente mantenidas en prisión. Muchos de ellos desde la prisión siguen delinquiendo, ofrecen un mal ejemplo, requieren mayores y más costosas condiciones de seguridad y no se espera ya nada de ellos. El costo de mantenerlos en prisión es mucho más alto que el de dar educación a un niño o el de mantener a un enfermo hospitalizado. 

Propuesta 23: Construir en los penales un espacio adecuado y con las instalaciones necesarias para que los reclusos no tengan que asistir a los tribunales. En cambio se utilizará medios electrónicos de video conferencia con la presencia de autoridades judiciales en ambos extremos. Es más seguro, económico y conveniente trasladar a un funcionario judicial que a un reo.

 

 
Propuesta 24: Establecer, sin dar lugar a duda, que el derecho a la libre locomoción de las personas dentro del país es de un orden superior a cualquier otro que se le oponga. La legislación ordinaria deberá establecer penas para quienes hagan bloqueos de carreteras, retenes, paros y manifestaciones excepto cuando hayan sido aprobadas con una semana de anticipación.   

Propuesta 25: Vender en pública subasta todos los vehículos del Estado, excepto radio patrullas, ambulancias, vehículos y maquinaria para la construcción de caminos y obras públicas, así como otros cuyo uso se considere absolutamente necesario. Tanto el Presidente como el Vicepresidente, los ministros de Estado y demás funcionarios deberán utilizar vehículos de su propiedad. Más que el ingreso por la venta, el beneficio consiste en los ahorros obtenidos por combustibles, mantenimiento, repuestos y choferes así como en toda la corrupción asociada. El Estado compensará sobre la base de Km recorridos por el uso del vehículo del funcionario, conducido por él mismo, en asuntos oficiales. 

Propuesta 26: Definir la función social del Estado y su carácter subsidiario, exclusivamente a favor de los ancianos (75 años o más), de los niños hasta 12 años (cuando sus padres no puedan mantenerlos y hasta cierto número de hijos), así como a favor de las personas con incapacidad física total o mental comprobadas. El Estado garantizará condiciones mínimas para la sobrevivencia de esas personas. No más gasto público en programas clientelares como bolsas solidarias, láminas, abonos, etcétera.
Propuesta 27: Favorecer que personas privadas desarrollen fundaciones de ayuda social utilizando fondos propios.

Propuesta 28: Promover que las personas que tienen un nivel bajo de ingresos se incorporen al régimen tributario nacional. Para conseguirlo, tanto el NIT como los tributos efectuados quedarán vinculados unidos al DPI. Cuando un habitante solicite servicios públicos como educación, salud, seguridad, justicia, etcétera, deberá presentar su DPI para hacer constar su condición de contribuyente activo y ser tratado como tal, con premura y eficiencia. En caso de una emergencia se obvia este requisito. Si no es contribuyente activo, debe pagar por los servicios que solicita una tarifa reducida, pero debe pagar por ellos. Si se trata de un indigente, se practicará un estudio socioeconómico previo, para demuestrar esa condición. 
Propuesta 29: Redactar la Ley Electoral y de Partidos Políticos, desde el principio, desechando cualquier proyecto anterior, especialmente el actual proyecto de ley. La nueva ley, entre otros objetivos tendrá el de cerrar oportunidades para que personas que no cumplan los requisitos de capacidad, idoneidad y honradez puedan optar a cargos de elección popular. Se deberá desarrollar una amplia discusión pública en la elaboración de la nueva ley, que incluya a todos los sectores y personas individuales interesados. Solo cuando ese ejercicio hay concluido, la ley pasará a un cuerpo de abogados constitucionalistas que cuenten con condiciones propias de ciudadanos notables, particularmente preocupados por el futuro político de la nación y que la situación actual no vuelva a acaecer jamás, por ninguna razón. Se procederá de la misma forma con las otras tres leyes constitucionales así como con alguna legislación ordinaria.
 
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SOBRE EL AUTOR
J, Fernando García Molina
      José Fernando García Molina Guatemalteco, 67 años, casado, dos hijos, ingeniero, economista. Tiene una licenciatura en ingeniería eléct
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