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Teorema

Plan de gobierno
Fecha de Publicación: 05/08/2015
Tema: Gobierno
 
En el cierre de la entrevista que Brailsford hiciera a Gandhi en 1946 escribe: “Me marché con la sensación de haber estado conversando con un hombre que tenía el valor de creer que la sociedad debe basarse solo en principios morales”.
 
Un plan de gobierno, enfrenta tres obstáculos: Falta de datos estadísticos recientes, la conveniencia política, o no, de lo que se desea proponer y los obstáculos que pone la Constitución a verdaderamente se necesita hacer. Ser políticamente correcto (por ejemplo si usted va a proponer el uso extensivo de computadoras –tablets– en la educación primaria, se puede quedar sin el voto de muchos maestros) puede ser una decisión difícil pero abordable. La Constitución es el mayor de los escollos.
 
El plan que adelante sugiero, es para un Gobierno Provisional que funcione dentro de un Estatuto de Gobierno –EG– previamente discutido y que ya ha sido aprobado mediante Consulta Popular, por la mayoría de ciudadanos. No habiendo Constitución, no ha lugar a inconstitucionalidad alguna. El EG contiene una normativa tan férrea como la Constitución pero a diferencia de esta, tiene entre sus propósitos, el de suprimir la inmunidad de que disfrutan los funcionarios corruptos, despojarlos de ese escudo en que han convertido el cuerpo legal.
 
Las propuestas de gobierno adelante incluidas estarían, todas ellas, contempladas en el EG. Es de la mayor importancia que la población lo discuta y acepte. Si la gente lo discute, pero al momento de realizar la Consulta Popular, no lo acepta, el país se mantiene dentro de la Constitución. El gobierno de Maldonado y quien haya sido electo Vicepresidente entregan sus cargos en enero 2016 a quien resulte electo en los comicios previos.
 
Un Gobierno Provisional, como el sugerido en (http://www.opinionpi.com/detalle_articulo.php?id=635), tendría a lo sumo un año de vigencia. No se puede entretener con temas conflictivos como la Minería, la Reforma Agraria, la Ley de desarrollo Rural o los privilegios de algunas industrias. Su principal propósito sería limpiar el Estado, hacerlo viable, asegurar que los futuros gobernantes sean hombres de rectitud plenamente comprobada. Así que este es un Plan inconstitucional de gobierno. Uno que se desarrolla sin tener una elección que ganar. Uno que no está atado a la Constitución de 1983 cuyas virtudes han sido socavadas.
 
Así que su aceptación y puesta en la práctica sería una expresión libre de ciudadanos que buscan crear un futuro para la nación, mediante un Estado fundado sobre bases eminentemente morales. Un gobierno desentendido de la política, de los políticos y de los grupos de presión. Centrado principalmente no en la acción del gobierno hacia afuera sino en lo que se debe hacer. Un gobierno del Estado hacia adentro.
 
Propuesta 1: Constatar que las personas que reciben sueldo del Estado efectivamente trabajen en las plazas para las que fueron contratados. Muchos trabajadores están asignados a una dependencia y laboran en otra, cuando lo hacen; no se ejerce mayor control sobre ellos.
 
Propuesta 2: Identificar, clausurar y deducir responsabilidades por plazas fantasmas. Se presume que más de 10 mil cheques mensuales son extendidos, por concepto de salario, a personas que no existen. Una cantidad mayor de cheques es extendida a personas que deben entregar la mitad o más al funcionario que les procuró la plaza.
 
Propuesta 3: Prohibir los sindicatos de los servicios públicos y en todas las entidades que funcionen con fondos estatales. El ámbito de acción de la organización sindical debe quedar reducido exclusivamente a empresas privadas. ¿Ha sabido usted de alguna huelga en el Centro Médico, por ejemplo? ¿O que los maestros del Liceo Guatemala hagan un bloqueo de carreteras pidiendo aumento salarial? ¿Piensa usted que eso es así porque los salarios del Centro Médico y del Liceo Guatemala son muy superiores a los correspondientes en el San Juan de Dios o el Aqueche?
 
Propuesta 4: Denunciar los Pactos Colectivos creados en todas las entidades que reciben fondos del Estado y que han sido firmados o renovados durante los últimos 15 años. Los trabajadores del Estado pasarán a percibir remuneraciones dentro de un Plan General de Retribuciones. Se desarrollará una política salarial basada en: a) asegurar que todos los empleados públicos reúnen condiciones de capacidad, idoneidad y honradez; b) penalizar administrativamente la indolencia, la pereza, la mala atención al público y actitudes negativas para con los demás trabajadores; c) establecer promociones para quienes consideren que trabajar para el Estado es un privilegio y se desempeñen con sentido de urgencia, dinamismo y actitud de colaboración con los demás y con el público y d) la regla general debe ser: quien no trabaje debe irse.
Propuesta 5: Destituir a todos los empleados públicos contratados durante los 10 años anteriores, pagando como indemnización un sueldo por cada año laborado.
 
 
Propuesta 6: Desarrollar un análisis estricto de las verdaderas funciones que competen al Estado y declarar el cierre de aquellas entidades que resulten ser superfluas. Se deberá poner énfasis en evitar la duplicidad de funciones. Este debe ser un trabajo público y consensuado con la población.
 
Propuesta 7: Proponer a los empleados públicos contratados en 2005 y años anteriores, un plan de retiro voluntario, con pago de un sueldo por cada año laborado sin interrupción en cualquier institución del Estado. El propósito es reducir a menos de la mitad el total empleados públicos, lo que permitirá ahorrar cerca de la tercera parte del presupuesto de funcionamiento. Esos ahorros pueden ser dirigidos al pago de la deuda pública y a invertir en prisiones, hospitales y centros de capacitación para jóvenes y adultos.
Propuesta 8: Favorecer que la banca privada otorgue préstamos a los trabajadores indemnizados para que con esos fondos y capital propio desarrollen proyectos productivos de su interés. Este programa se extenderá a personas que no son ni han sido trabajadores del Estado y que no son sujetos de crédito bancario. Se hará especial énfasis en las personas que viven en áreas rurales. El Estado podrá garantizar a los bancos el repago de hasta el 40% de los empréstitos.
Propuesta 9: Realizar una reingeniería total de las entidades estatales que sobrevivan el análisis de funciones. Esta determinará la cantidad mínima de funcionarios requeridos. El personal que ocupe las plazas de trabajo lo hará mediante concursos de oposición. Todos los cargos ejecutivos, incluso el de Ministro de Estado serán evaluados conforme a los resultados obtenidos.
Propuesta 10: Declarar que no habrá renovación de ningún contrato de asesoría o semejante al vencimiento del término contractual en los empleados por contrato. El trabajador podrá reclamar hasta 40% de los ingresos faltantes, a cambio de que su contrato sea clausurado de inmediato.
Propuesta 11: Prohibir que los empleados públicos y los funcionarios por elección o designación tengan segundos empleos (incluye dar clases en las universidades). Los profesionales universitarios que trabajen para el Estado no podrán tener bufetes, oficinas, clínicas, etcétera.
Propuesta 12: Crear una instancia de Ciudadanos Notables que tenga como propósito calificar las condiciones de capacidad, idoneidad y honradez de todos aquellos que aspiren a cargos públicos. Sus dictámenes serán inapelables. Los miembros de la comisión deberán tener acceso irrestricto a los archivos de inteligencia militar, Policía Nacional, Auditoría de Cuentas, Ministerio Público, Registros del Organismo Judicial, y otros que consideren necesarios. Contarán con un presupuesto acorde a la importancia de sus funciones. Para ser inscrito como candidato a un cargo de elección, el interesado deberá solicitar, con un año de anticipación, que la Comisión lo certifique apto para el cargo. El TSE no podrá inscribir a un candidato que no cuente con tal certificación.
Propuesta 13: Crear una segunda instancia, distinta de la anterior, también formada por Ciudadanos Notables, que estará a cargo de vigilar la transparencia con que se lleven a cabo las compras del Estado. Esta Comisión no participará en los procesos de licitación pública, pero sí recibirán las quejas de los oferentes cuando las hubiera. Esta será la única instancia con capacidad para cancelar una licitación pública, en cuyo caso deducirá responsabilidades penales a los involucrados a través del MP. También calificarán a los oferentes quienes solo serán invitados a cotizar cuando tengan el visto bueno de esta entidad.
SOBRE EL AUTOR
J, Fernando García Molina
      José Fernando García Molina Guatemalteco, 67 años, casado, dos hijos, ingeniero, economista. Tiene una licenciatura en ingeniería eléct
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