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Contrapunto

¿Volver a empezar?
Fecha de Publicación: 19/06/2015
Tema: Política

Una reflexión sobre nuestros sistemas políticos

 
Durante este semestre ha aparecido lo que podríamos llamar un nuevo fenómeno político en la región: el rechazo espontáneo, multitudinario y abierto, de ciudadanos no partidistas contra la corrupción. Es verdad que anteriormente no habían faltado manifestaciones de repudio contra ese extendido mal y que son muchas las voces que siempre se levantan contra el mal manejo de los dineros públicos y el enriquecimiento de los políticos… pero lo que está sucediendo ahora es diferente. El caso de Guatemala es emblemático, pues miles de manifestantes –pacíficos y civilizados- junto a otras presiones, han llevado ya a la renuncia de la vicepresidente y al posible enjuiciamiento del presidente Otto Pérez Molina. En Brasil, en Chile, en Honduras, en Bolivia y–con menos intensidad- en México y otros lugares, son millones los ciudadanos que, sin una agenda política bien definida, piden la renuncia de sus gobernantes o de los altos funcionarios que están envueltos en casos de corrupción.
 
¿Es que ahora la corrupción es mayor que antes o se trata, simplemente, de una mayor sensibilidad ante ese flagelo? Ambas respuestas parecen válidas pues existe ahora una menor tolerancia ante un fenómeno que, por otra parte, parece haber crecido hasta volverse incontrolable. Para entender mejor lo que ocurre deberíamos remontarnos hacia atrás, a lo que sucedió hace unos treinta años en nuestra región.
 
En la década de los ochenta se produjo un alentador retorno hacia la democracia en América Latina: los gobiernos militares –que en buena medida se habían instalado para combatir amenazas subversivas– fueron abandonando el poder en todas partes, de modo que, hacia el final de esos años, no quedó un solo gobierno de tintes dictatoriales en el continente –siempre con la lamentable excepción de Cuba, claro está. Pero estas flamantes democracias, que tuvieron que afrontar la dura crisis de la deuda externa, comenzaron a debilitarse casi desde el comienzo. En el imaginario popular la democracia se presentó como una garantía de bienestar y de progreso económico, como una promesa de que los nuevos gobernantes podrían satisfacer todas las demandas de una ciudadanía que hasta entonces se sentía bastante alejada del poder. Los políticos, de toda orientación, comprendieron enseguida el mensaje: había que dar al pueblo algo a cambio de los subsidios que tenían que cancelarse, había que entregar ayudas de todo tipo a una población que se sentía ahora con el derecho a reclamar. Se comenzó a dar subsidios directos, a reducir el gasto militar y aumentar los desembolsos en salud y educación, mientras se aumentaban los impuestos necesarios para satisfacer estas crecientes demandas. Pronto, en unos pocos años, nuestras democracias se fueron transformando en un sistema político que, en vez de garantizar la seguridad y fomentar el crecimiento, pasaron a convertirse en una gigantesca máquina de reparto, según la vieja receta de sacarles a unos para darles a otros.
 
Los resultados, en general, fueron muy pobres: el enorme gasto desplegado no representó ni un aumento en la cobertura, ni en la calidad, de los servicios de educación y de salud. Las entregas directas de dinero o de bienes básicos a la población más pobre –los llamados subsidios directos- se usaron enseguida para asegurar lealtades políticas, aunque no han servido de nada en cuanto al objetivo manifiesto de reducir la pobreza. Eso es comprensible pues la pobreza solo puede combatirse generando riqueza, no realizando transferencias de unas personas a otras.
 
Esta expansión del estado y, sobre todo, el cambio de su carácter, tuvieron la consecuencia de alterar en lo profundo el sistema político de nuestras naciones. Los partidos y sus líderes comenzaron a dar mensajes cada vez más anodinos, a alejarse –supuestamente– de toda ideología, a transformarse en máquinas de captar adeptos a cambio de dinero o de promesas. Con estados cada vez más grandes y más ricos, con funciones muy diversas y complejas –cada vez más difíciles de controlar– se creó el ecosistema propicio para el aumento desmesurado de la corrupción. Infinidad de funcionarios, de oficinas, de programas y de oscuras dependencias han creado un ambiente propicio para que muchos se apropien de dineros públicos, para pedir “mordidas” o “coimas” a los ciudadanos, para contratos arreglados y para la extensión del nepotismo.
 
Nuestras sociedades, hay que reconocerlo, siempre han tenido una cierta tolerancia hacia la corrupción, sobre todo en tiempos de bonanza económica. Pero en estos últimos años, con la desaceleración del crecimiento que hoy existe, esa tolerancia ha disminuido y se ha convertido en repudio ante los muchos casos de corrupción que se van conociendo y de indignación ante la impunidad que, de hecho, tienen los altos funcionarios y los políticos. Por eso ahora asistimos a un rechazo cada vez más generalizado hacia el sistema político actual y al reclamo de un cambio, un cambio profundo, aunque son muy variadas las opiniones respecto a lo que es preciso y conveniente cambiar.
 
Hay, por una parte, quienes guiados por emociones recusan a todo el sistema político en bloque. Eso nos recuerda la consigna “que se vayan todos”, que enarbolaron miles de manifestantes en la Argentina de principios de siglo, o las actitudes de los venezolanos algunos años antes. El ascenso de Chávez y el dominio de los esposos Kirchner muestran a las claras cómo, este tipo de repudio indiscriminado, puede resultar en un retroceso lamentable de la institucionalidad política y del crecimiento económico. Más o menos dentro de esta misma línea se encuentran los que piensan que hay que votar en blanco, anular el voto o simplemente abstenerse en las elecciones que se vayan a realizar, como se trató de hacer en México en los recientes comicios parciales.
 
Poco se puede ganar, pensamos, con este tipo de actitudes: al no votar por ningún candidato lo único que puede lograrse en favorecer a aquellos que tienen más recursos para hacer propaganda política o que poseen una maquinaria mejor organizada en cada rincón del país. Repetir las elecciones ante una alta proporción de abstenciones o votos nulos o en blanco resultaría en una inestabilidad incontrolable y en una deslegitimación de toda autoridad que resultaría muy peligrosa para todos.
 
En otra línea de pensamiento se encuentran quienes piensan que hay que controlar más estrechamente a los partidos políticos, a sus dirigentes y al modo en que se financian tales organizaciones, quienes insisten en leyes más estrictas contra la corrupción o en aumentar la transparencia. No analizaremos aquí cada una de las medidas que se proponen al respecto, algunas visiblemente improductivas, otras quizás más eficaces. Pero sus posibles resultados dependen no solo de lo técnicamente apropiadas que puedan ser, sino también del clima de opinión reinante y de los incentivos reales que motiven a los políticos y funcionarios a actuar en uno u otro sentido. Por eso creemos que las exhortaciones morales no bastan –porque con ellas no se consigue cambiar la conducta de quienes llegan al poder- y que tampoco se trata de elegir a personas probas y honestas, pues las tentaciones en los cargos públicos suelen ser muchas y de una magnitud desmesurada. Sí, en cambio, pensamos que es importante avanzar en cuanto a las reformas del estado que limiten y lleguen a eliminar el clientelismo político de los gobernantes, especialmente de aquellos que llamamos populistas.
 
El clientelismo es el uso de los recursos del estado para crear una base política de apoyo entre quienes reciben subsidios de cualquier tipo. Estas prácticas, que son una poderosa tentación para el político que accede al poder, deben ser combatidas en todos los terrenos: mediante las leyes -por supuesto- pero especialmente en el terreno de la opinión pública. De nada sirve condenarlas si en la práctica se las apoya exigiendo que los gobiernos se dediquen a realizar todo tipo de transferencias a los más necesitados. No se trata de negar que existe pobreza, desnutrición o cualquiera otro de los males sociales que todo el tiempo se denuncian: se trata de entender que esos males no desaparecerán por medio de dádivas, de entregas de dinero o de fertilizantes y alimentos. Se necesita un cambio de mentalidad, pensamos, que redefina la labor del estado, que lo concentre en las esenciales funciones que ha abandonado –como la seguridad pública y la creación de obras de infraestructura.
 
Sabemos que este cambio de mentalidad no podrá producirse en el corto plazo y que, por ahora, la opinión pública se inclina hacia otras propuestas en la mayoría de los países. Pero pensamos que no es vano tomar conciencia sobre este punto pues de él depende la eficacia de las medidas legales y políticas que hoy puedan tomarse.

 

Carlos Sabino nació en Buenos Aires, en 1944. Sociólogo (Universidad de Buenos Aires) y Doctor en Ciencias Sociales (Universidad Central de Venezuela). Es director de la Maestría y del Doctorado en Historia de la Universidad Francisco Marroquín. 
 
 
   
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