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Mi Esquina Socrática

El linchamiento judicial de Sperisen en Ginebra
Fecha de Publicación: 25/05/2015
Tema: Justicia
La defensa de la persona y sus derechos son inviolables.  Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente o prestablecido.  Ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. (Artículo 12 de la Constitución Política de Guatemala vigente)
 
El caso de la repetición de la condena a cadena perpetua del ex-Jefe de la Policía Nacional Civil de Guatemala, Erwin Sperisen, por unos jueces del Cantón de Ginebra, en Suiza, reitero que equivale a una auténtica violación de ese artículo constitucional que antecede, e inclusive a un crimen de lesa humanidad por parte de sus perseguidores, de la CICIG, del Ministerio Público desde aquí, y también de los de allá, pensemos lo que pensemos sobre Suiza y los suizos.
 
En primer lugar, la base de la acusación descansa sobre el testimonio de la madre de uno de los reos muerto que al identificarse como “Testigo de Jehová” afirmó no poder mentir por prohibírselo su convicción religiosa.
 
Yo la creo auténtica y sincera.
 
En su deposición, la misma señora declaró explícitamente “que no tenía nada en contra del señor Sperisen, a quien, añadió, no haber conocido personalmente”. Su única referencia explícita  la enderezó contra el doctor Alejandro Giammattei, por su parte ya libre de toda responsabilidad penal según la justicia guatemalteca.
 
Esa supuesta “prueba” del fiscal suizo la revisé de nuevo en presencia del actual Alto Comisionado de la CICIG, Iván Velázquez, y de la madre del acusado, doña Linda de Sperisen, de los abogados Rodrigo Montúfar, Conrado Reyes y Karen Fischer, y de otro funcionario de la CICIG cuyo nombre no recuerdo.
 
Para colmo, se arguyó en Suiza contra Sperisen basados en la recepción de una declaración testimonial por parte de un asesino confeso, aquel muy sonado de la pareja de los dueños del restaurante “Chez Pierre”,  sin que se hubiese citado a la parte contraria, como lo estipula la ley, lo que privó al señor Sperisen del derecho a la fiscalización de la prueba, con otro agravante adicional: que el tal “testigo” cambió tres veces su declaración, lo que la hacía carente en absoluto de valor probatorio.
 
Falsedad obvia, además, porque en esa declaración del asesino convertido en testigo por la CICIG y el Ministerio Público, aseveró haber visto personalmente a Sperisen dispararle con su revólver a la cabeza de la víctima, detalle contradicho más tarde por el informe médico de la autopsia (necropsia 3135-2006), que ratificó que el fallecido no tenía ninguna señal de disparo en su cabeza.
 
Se sabe, empero, que al tal asesino, de nombre Philippe Biret, se le había prometido por la CICIG y el Ministerio Público dirigido por Claudia Paz y Paz, su libertad condicional a cambio de que sumara su “testimonio” al proceso en contra de Sperisen.
 
La “prueba” documental de ello la envió Dall’Anese por correo ordinario, sin los “pases de ley”, es decir, que ningún funcionario guatemalteco certificó la autenticidad de la misma, razón por la cual, de acuerdo con el derecho internacional, carece totalmente de valor probatorio.
 
A la presente fecha, la CICIG y el Ministerio Público encima mantienen oculta a la madre del reo fallecido, bajo el pretexto de “protegerla”, cuando el verdadero propósito era evitar que rectificara el documento en francés que le hicieron firmar bajo el engaño de una posible indemnización monetaria.
 
La Fiscal General de entonces, pues, Claudia Paz y Paz, incurrió en responsabilidad penal, al igual que Francisco Dall’Anese, al violar flagrantemente, una vez más, el debido proceso en la recepción de las declaraciones de la “acusadora” y de los “testigos de cargo” contra Sperisen.
 
Todo ello facilitado por la inmunidad absoluta de por vida otorgada al Alto Comisionado de la CICIG -privilegio del que ni el Presidente de la República goza- ante cualquier Corte judicial guatemalteca, aunque no ante la ONU. Cláusula que fue impugnada en su momento por los abogados José Luis González-Dubón, José Francisco Alonso y Donald González ante la Corte de Constitucionalidad y que fue rechazada por los sumisos magistrados de la misma.
 
Quiero pasar ahora a las violaciones al debido proceso por los jueces en Suiza, pero antes permítaseme reproducir un editorial de la Agencia Económica y Financiera en Ginebra, publicado el lunes 11 de mayo del presente año y calzado con la firma de Francois Schaller.
 
“Se dice que el juicio de apelación de Erwin Sperisen en Ginebra, cuya sentencia se espera mañana, parece muy alejado de las prácticas de ley con las que estamos familiarizados. ¿Por qué un tribunal suizo tendría la tarea de hacerse una idea de lo que sucedió en el 2006 en una prisión controlada por sus internos en Guatemala?
 
¿Uno de los Estados más violentos de América Latina, plegado por el bandolerismo y las mafias?
 
¿Porque el ex jefe de la policía local es de doble nacionalidad, refugiado en el país de su abuelo por temor a represalias, y es por eso que no es posible obtener su extradición?
 
¿Por qué una comisión creada bajo los auspicios de las Naciones Unidas y de un ex Presidente guatemalteco lo considera culpable del asesinato de cinco amotinados?
 
¿Por qué organizaciones no gubernamentales (ONGs) presionan para que (el acusado) aparezca a pesar de todo, en alguna parte?
 
Erwin Sperisen es juzgado en Ginebra por hechos imposibles a establecer directamente y de interpretar correctamente.  La justicia ginebrina no puede investigar ni ponerse en su lugar. Ni siquiera puede pedir la colaboración de Guatemala, en un Estado de Derecho muy tentativo presidido por un general.
 
¿Debe bastarse con dos testimonios de cargo que inmediatamente se habrían invalidado en circunstancias normales?  Ante este espectáculo judicial, ¿no es buen reflejo refugiarse en los fundamentos (del Derecho)?
 
 

Es mejor un posible culpable en libertad, que un posible inocente en prisión a perpetuidad.

 

 

 

 

El juicio Sperisen le da, sobre todo, un contenido a este verso al que tiende la iniciativa popular, y dirigido “a las multinacionales responsables”, que fue lanzada pero en un ámbito completamente diferente por las Organizaciones no Gubernamentales (ONGs), cuya recolección de firmas debe comenzar estos días.
 
Prácticas localizadas al otro extremo del mundo, investigados y juzgados aquí, sólo sobre denuncias, sin que la justicia pueda depender de la asistencia judicial recíproca y de testigos creíbles”.
 
(Continuará)
 
 

 

 
 
   
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