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Teorema

La necesaria renuncia de Pérez
Fecha de Publicación: 24/05/2015
Tema: Política

 

 

Siento mucho respeto por la opinión de Gustavo Porras y de Jorge Briz, quienes abogan a favor de que Otto Pérez Molina concluya su gestión como presidente del país. Creo que ambos, desde sus diferentes plataformas políticas están animados por las mejores intenciones. Jamás, bajo ninguna circunstancia, me atrevería a pensar que alguno de ellos tiene intereses ocultos. Empero, tengo un total y profundo desacuerdo con ellos a este respecto. Creo firmemente que el Presidente debe renunciar a su cargo cuanto antes.
 
Han hablado de preservar el orden constitucional. Con ello se refieren a que la Constitución ordena que el período presidencial concluya el 14 de enero de 2016. Pienso que el orden constitucional es más amplio y que fue roto reiteradamente por Pérez y Baldetti. Esto, a pesar de que juraron solemnemente defenderlo en el acto de su investidura. Pero no lo hicieron. Entonces, argumentalmente se estaría buscando preservar los pedazos de un orden ya roto.
 
Entre las numerosas y persistentes rupturas, resulta ser que Juan de Dios Rodríguez, actual presidente del IGSS, exsecretario privado de la Presidencia, financista del Partido Patriota, compañero de promoción del general Pérez Molina y amigo íntimo suyo, era el “operador político” de la presidencia. Según escuchas telefónicas presentadas, intervino en la reciente formación de las Cortes, contraviniendo el mandato constitucional de independencia de poderes en que se fundamenta la República. ¿Habrá alguna forma de convencer a una sola persona de que el señor Rodríguez actuó con independencia del presidente Pérez en tal alteración del orden constitucional? Creo que no.
 
Pero que la presidencia haya roto el preciado orden constitucional no implica que pueda ser restaurado por medio de nuevas violaciones. Estas solo lo resquebrajarían más. Exigir la renuncia de Otto Pérez es un acto contemplado dentro de la Constitución. En caso de renuncia del Presidente –dicta la Constitución– le sustituye el vicepresidente asumiendo de manera inmediata ese cargo. El nuevo presidente propone una terna de ciudadanos para que el Congreso de la República elija a uno de ellos para que ocupe la vacante posición vicepresidencial.
 
Todo parece indicar que las aptitudes de Alejandro Maldonado Aguirre –actual vicepresidente– están en áreas distintas de seleccionar personas adecuadas (ya lleva dos intentos fallidos y al momento de escribir esto, seguía sin secretario). Así que el público, a través de la prensa independiente podría asesorarlo en ese sentido. Después de las manifestaciones recientes y lo conseguido por ellas, debe entenderse muy claramente que en adelante el pueblo reunido en manifestación los sábados a las 15 horas, ejercerá su condición de soberanía y a través de la prensa (que excluye los medios de Baldizón y de Ángel González que administra Luis Rabbé), dictaría tales nombres.
 
Los tres candidatos deben ser personas conocidas por la población, hombres de notable inteligencia, muy bien informados, con un elevado y leal sentido del deber y que no estén guiados por ambiciones personales (características que Bismark atribuía a su sucesor). Además, deben ser ciudadanos capaces de decidir con prontitud, individuos maduros, emprendedores, políticamente inconformes, sin temor a los cambios y comprometidos con la justicia. En fin, personas que complementen el carácter reflexivo y dubitativo del vicepresidente Maldonado. Lo anterior, se desarrolla dentro del marco constitucional, nada de ello lo contraviene.
 
Más de la mitad de los carteles en la manifestación del pasado sábado 16 pedían, el cese de la corrupción. Otra parte también importante, exigía la renuncia de Pérez Molina y un reducido segmento hacía distintas peticiones o promocionaba el nombre del grupo manifestante. Seguramente, si no se ha producido antes, la manifestación del próximo 30 de mayo exigirá casi unánimemente la renuncia de Pérez.
 
A quienes pedían el cese de la corrupción habría que preguntarles a quién estaba dirigida tal petición. Es obvio que no lo solicitaban al Congreso ni a las Cortes, sino al Ejecutivo, encarnado en la figura de quien lo preside. Precisamente a quien se atribuye ser la cabeza de la corrupción desarrollada a través del Estado. A la fecha, nada se le ha podido probar. Esto, posiblemente debido al cargo que desempeña. Pero las evidencias en su contra, las que aportan los actos ilícitos de Baldetti y Juan de Dios Rodríguez, son suficientes crear una duda más que razonable sobre su culpabilidad.
 

 

Entonces ¿puede Otto Pérez Molina investigar y aportar pruebas que lo condenen a él, a Baldetti, a Rodríguez y, supongo que, a cientos de otros implicados más? Simplemente no; no creo que eso pueda ser posible. Si los grupos que ahora lo influyen, como el CACIF, exigen la destitución de algunos ministros, que se impulsen ciertas leyes y otras medidas semejantes, aislado y asustado como está el presidente, aceptará buscando un respiro. Pero de allí a perseguir a Baldetti o auto incriminarse hay un gran trecho. Por eso, considero necesario e indispensable que la presión popular se dirija a sacar a Pérez del gobierno. Solo así tendremos la anhelada posibilidad de construir un país.
 

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SOBRE EL AUTOR
J, Fernando García Molina
      José Fernando García Molina Guatemalteco, 67 años, casado, dos hijos, ingeniero, economista. Tiene una licenciatura en ingeniería eléct
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