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Teorema

El poder del Congreso
Fecha de Publicación: 16/04/2015
Tema: Congreso

El texto constitucional de 1985 y su reforma de 1993 confieren importancia predominante dentro del Estado, al Congreso de la República. Si bien, algunas de sus funciones son puramente protocolarias, otras son todo lo contrario. Empero, sucedió que en vez de asumir la dignidad con que lo inviste la Constitución Política, el Congreso se ha convertido, mayoritariamente, en un club de rufianes. Al menos 140 de los 158 diputados, distan de ser personas honorables.
 
¿Cuáles son las tareas que la Constitución ordena a los diputados y cómo han sido desempeñadas después de siete legislaturas? Veamos: Dentro de sus mandatos más relevantes está aprobar el proyecto de presupuesto en el cual se detallan todos los ingresos y egresos del Estado. Una vez aprobado, el presupuesto se convierte en ley de la República, ley que debe cumplirse de manera estricta. Además, es de su incumbencia decretar impuestos y determinar la base de recaudación. Debiendo también, aprobar o improbar anualmente, en todo o en parte, y previo informe de la Contraloría de Cuentas, el detalle y justificación de todos los ingresos y egresos de las finanzas públicas según reporte que debe presentar el Ejecutivo.
 
Además, el Gobierno Central debe someter al Congreso, cada cuatro meses, un informe analítico de la ejecución presupuestaria, para su conocimiento y control. Entiéndase bien esto, la función contralora de los gastos del Estado corresponde al Congreso. La Contraloría debe proveer los elementos que favorezcan la confianza y comprensión de los reportes recibidos.
 
Está prohibido que en el presupuesto general o el de cualquier organismo, institución, empresa o entidad descentralizada o autónoma, haya gastos confidenciales u otros que no puedan ser comprobados o que no estén sujetos a fiscalización. Si esto sucediera corresponde al Congreso conocer de tal violación e iniciar las acciones que corresponda.
 
En otras palabras, al aprobar el presupuesto el Congreso dispone la forma cómo se deben gastar los recursos públicos. Después, debe vigilar que el gasto se haya efectuado conforme lo previsto. Para ello cada cuatro meses debe recibir un informe del Ejecutivo y darle seguimiento. Si no lo recibe, está facultado para exigirlo. La Contraloría General de Cuentas es un ente subordinado al Congreso, que debe reportarle lo financieramente actuado por los tres poderes.
 
Esta condición de aprobar el presupuesto y luego supervisar que el gasto haya sucedido conforme lo aprobado, otorga al Congreso un protagonismo enorme en la conducción del Estado. Sin embargo, esas son facultades que nunca han sido ejercidas de manera continuada. Esto se debe, en mi opinión, a la pésima calidad humana, profesional y ética, así como a la débil formación cívica y precariedad del sentido de patriotismo de nuestros diputados. Desde luego que hay y ha habido excepciones.
 
Por otra parte, el Congreso es el ente a cargo de elegir a los principales funcionarios del Organismo Judicial. Todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y la Corte de Apelaciones son seleccionados por el Congreso. También, la selección del Contralor General de Cuentas es atribución suya. El Procurador de los Derechos Humanos y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, son seleccionados por los diputados.
 
Si el congreso estuviera integrado por ciudadanos honorables, por personas destacadas del país, la selección de los funcionarios recaería en personas igualmente honorables y destacadas y la justicia en Guatemala podría ser ejemplar. Un TSE como el que tuvimos bajo la penosa dirección de la señora Villagrán, habría sido impensable. La Fiscalía sería merecedora de la plena confianza de la población. La Contraloría de Cuentas sería un aliado eficaz para la función contralora y nuestra Guatemala sería distinta. Creo firmemente que si tuviéramos a nuestros mejores ciudadanos en el Congreso, tendríamos un país ejemplar.
 
Las atribuciones del Congreso como gran elector de los principales funcionarios de Estado no se reduce a seleccionarlos y darles posesión, va mucho más lejos. El Congreso es el organismo a cargo de recibir eventuales renuncias y elegir a sus sustitutos. La Constitución lo faculta para desconocer al Presidente de la República cuando, habiendo vencido su período constitucional, se mantuviera en el cargo. En esa situación, el Ejército pasa depender del Congreso con lo que la fuerza de la ley puede apoyarse en la fuerza de las armas. También, en caso de manifiesta incapacidad física o mental del Presidente para ejercer el cargo, es el Congreso el encargado de relevarlo de sus obligaciones.
 
Si hubiera razones para formar un juicio legal en contra del Presidente, la Vicepresidente, el Presidente del Organismo Judicial, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte de Constitucionalidad, los Ministros y Viceministros de Estado, los Secretarios y Subsecretarios de la Presidencia, el Procurador de los Derechos Humanos, el Fiscal General o el Procurador General de la Nación, ¿quién cree usted que es el responsable de tramitarlo? Asimismo, si fuera necesario declarar incapacidad física o mental del Presidente para ejercer el cargo ¿cuál es el órgano del Estado previsto para ello? ¿Lo adivina? ¡Acertó!
 
Pero el manejo del estado nunca ha sido como lo ordena la Constitución. En vez de ocuparse del bienestar y la seguridad de la población, como es su principal mandato, el Estado se ocupa de la bonanza de sus funcionarios y de que ningún peligro los aceche. Ha sucedido una larguísima lista de crímenes cometidos por los más altos funcionarios, por medio de los cuales se han enriquecido. Aunque afortunadamente hay excepciones, estos abusos rara vez son perseguidos y los señalados puestos a disposición de la justicia.
 
Es facultad del Congreso declarar la guerra y aprobar o improbar los tratados de paz; decretar amnistía por delitos políticos y comunes conexos cuando sea de conveniencia pública; debe decretar, a solicitud del Organismo Ejecutivo, reparaciones o indemnizaciones en caso de reclamación internacional, cuando no se haya recurrido a arbitraje o a juicio internacional; además, debe aprobar, antes de su ratificación los tratados, convenios o cualquier arreglo internacional.
 
¿Se alcanza ya a vislumbrar el poder del Congreso en el Estado de Guatemala? Si le parece una nadería que tenga control sobre las pretensiones de gasto del Ejecutivo y su fiscalización, si considera una pequeñez que esté a cargo de elegir a los principales funcionarios del estado y tenga el monopolio de la acción pública penal contra todos ellos, si piensa que es una trivialidad que tenga la última palabra en acciones que comprometan al país y a la nación, si juzga como fruslería la acción de legislar, entonces a ver qué le parece su facultad para interpelar.
 
La interpelación de los Ministros de Estado es posiblemente, tanto como su función legislativa, la atribución más conocida por el público. Desafortunadamente, aun peor que muchas otras de sus actividades se trata de una facultad sumamente desacreditada. Utilizar 17 meses para interpelar al Ministro Batzín fue el colmo del mal uso de ese recurso.
 
Una interpelación conducida por diputados honorables, inteligentes, conocedores del tema, debiera suceder en el término de 24 horas; quizá menos; quizá un poco más, hasta tres días, si se tratara de algo demasiado muy complejo. La interpelación debiera concluir, inexorablemente, con la aceptación de las explicaciones ofrecidas por el Ministro interpelado o con un voto de falta de confianza. En este último caso, según lo ordena la Constitución, el ministro debe presentar inmediatamente su renuncia.
 
Cuando en mayo de 2012, el señor Pérez Molina nombró al doctor Jorge Villavicencio como Ministro de Salud, sobre él pesaban dos demandas penales y 22 sanciones administrativas. Días después, la Comisión de Transparencia del Congreso visitó al Presidente y le entregó una atenta cartita en la cual rogaban al presidente Pérez, considerar la remoción del cargo al Ministro, por “su falta de mérito, idoneidad y honradez”.
 
En vez de tan humillante postura, un Congreso integrado por personas dignas, hubiera interpelado al Ministro y si eso fuera lo conducente, le habría dado un voto de falta de confianza, obligándolo a renunciar.
 
Visto de otra forma, a través del mecanismo de interpelación, el Congreso puede forzar al Ejecutivo a contratar exclusivamente a funcionarios con altos méritos académicos, amplios conocimientos, prácticos y, principalmente, con una trayectoria ética intachable. Cuando el Presidente nombre para un cargo importante a un amiguete suyo, por la única y sospechosa razón de esa amistad, el Congreso, por medio del mecanismo de la interpelación debe forzar su renuncia. Si se tratara de un funcionario de menor jerarquía, el Ministro responsable por ese funcionario es quien debe comparecer. Visto así, el Congreso tiene la facultad constitucional de corregirle la plana al Ejecutivo en el nombramiento de sus principales funcionarios.
 
Pienso que la reforma del Estado, su reingeniería, su refundación, o como se le quiera llamar, difícilmente llegará por medio del Ejecutivo. Su camino habrá de ser a través de un Congreso formado mayoritaria, sino totalmente por ciudadanos ejemplares.
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SOBRE EL AUTOR
J, Fernando García Molina
      José Fernando García Molina Guatemalteco, 67 años, casado, dos hijos, ingeniero, economista. Tiene una licenciatura en ingeniería eléct
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