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Teorema

Reflexiones fiscales
Fecha de Publicación: 07/12/2014
Tema: Finanzas

Que no le digan, que no le cuenten porque a lo mejor le mienten... Si le dicen que las empresas van a pagar los impuestos lo están engañando indignamente, por más cara-seria que ponga el mentiroso. Las empresas no comen, no piensan, no sienten,… no pagan impuestos. Las empresas solo los recaudan. Los impuestos los pagan las personas que consumen los bienes y servicios que se producen en el país y los que se importan.

Estoy seguro de que el presidente Pérez lo entiende o, por lo menos,  de que lo entendió alguna vez. Ciertamente la SAT lo sabe y debe ser del conocimiento también de Dorbal Carías, matemático convertido en ministro, profesor insigne, el más admirado por sus estudiantes de la UVG y ahora obligado a hacer el papel de bobo y forzado a engañar. ¡Cómo sufrió Carías en la entrevista que le hizo Canal Antigua junto al exministro Alberto Fuentes! ¡Qué fácil fue para Fuentes pasearse en caballo blanco mientras Carías, inseguro, buscaba evitar mentir!

Los impuestos que sirven para financiar los gastos del gobierno (y también los robos, ahora descarados) los pagamos todos. La única excepción (al hecho que los pagamos los consumidores locales) sucede con los impuestos a las exportaciones. Esto es así porque el exportador no puede trasladar todos los impuestos pagados a los consumidores extranjeros, ni todos ellos les son restituidos. En reconocimiento de esa particular situación es que la mayor parte de regímenes fiscales gravan las exportaciones con tasa cero.

Pero esa es la única excepción. Todos los demás impuestos los pagan los habitantes, los que consumen.   Incluso el niño, cuando va a la tienda y pide un dulce, éste ya le llega gravado por el fisco. El IVA, por ejemplo,  lo pagamos todos al momento de efectuar la compra de un producto o servicio afectado. Cuando se habla de la universalidad de un tributo, no se está haciendo referencia a que lo paguen todas las personas. Se refiere a que todos los bienes y servicios estén afectos al tributo en cuestión.

El IVA es un ejemplo fácil. Pero ¿qué sucede con el impuesto sobre la renta ––ISR? Pues ocurre lo mismo. Ese impuesto y otros que afecten a una empresa, en la contabilidad entran a formar parte de sus costos, de la misma manera que la energía, el teléfono, los salarios, los materiales y cualquier otro gasto. El ISR es, y debe ser visto, desde la perspectiva de las empresas, como el gasto que es, como cualquier otro gasto.

Todos los impuestos que gravan la actividad productiva de una empresa, sin excepción, representan para ésta un costo que debe ser tratado como tal y recuperado de la misma forma que los demás. Las empresas recuperan sus costos a través del precio del producto que fabrican o del servicio que prestan.

Algunas personas, ajenas al análisis de la economía empresarial se niegan a compartir ese criterio. Cuando explicaba este tema a mis estudiantes de postgrado, los ingenieros eran los más renuentes a aceptarlo. En cambio, para los economistas y los contadores (CPA) no había ninguna dificultad.

La lógica es contundente ¿Por qué habría de ser un impuesto, diferente del costo de un servicio recibido? Al fin y al cabo se entiende que los impuestos sirven para pagar el costo de tener gobierno y que, al menos en teoría, los impuestos que pagamos tienen una contrapartida en los servicios que como sociedad recibimos.

Los impuestos sobre productos específicos tienen un tratamiento diferente. No son universales sino se aplican sobre un sector específico de la población, el que consume el producto gravado.  Con el tiempo, su lógica ha ido degenerando. En algún momento hubo un impuesto sobre la cacería de lagartos con el cual se buscaba evitar la extinción de estos. Otro impuesto gravaba la sal y con su producto yodarla y evitar el bocio (güegüecho) que afectaba a un número considerable de pobladores. Algo parecido sucedió con el azúcar para que se le agregara vitamina A y evitar problemas de la vista.

El impuesto a los cigarrillos buscaba (y conseguía) reducir el consumo de estos. El gobierno argumentaba que al imponerlo estaba protegiendo la salud de los pobladores. Una lógica semejante era la que aplicaba al impuesto a la cerveza y los licores. Alguna vez se argumentó que con ese impuesto se proveía de fondos a los hospitales para atender a pacientes con trastornos pulmonares (y bronquiales) unos y en el hígado los otros.

Más recientemente, alrededor de 1998, se aumentó el impuesto sobre los combustibles. Éste recae sobre quienes los consumen, los propietarios de los vehículos. La idea era que la recaudación de tal impuesto serviría para la construcción y mantenimiento de las carreteras del país. Y así se hizo… durante algunos años. De alguna manera el fisco ignoró que también había otro impuesto específico sobre la circulación de vehículos que se paga anualmente y otro que aplica sobre la importación de cada unidad vehicular. Esto es, tres impuestos recaen sobre un mismo acto, teniendo tres recaudadores finales, la estación de gasolina, la agencia o predio que vende el vehículo y directamente en la SAT a quien se le paga el impuesto de circulación. Todos son  pagados por las personas individuales.

Estos impuestos, así como los demás, aumentan el precio de los productos. Aunque el presidente Pérez quiera decir lo contrario, el impuesto que afecta a las gasolinas no lo paga el gasolinero sino los automovilistas; éste solo lo recauda. El diésel que compra el piloto de una camioneta también es recaudado por el que le vendió el combustible.  En este caso el piloto de la camioneta, el taxista, el piloto del trailer… todos lo trasladan a sus clientes dentro del precio. Usted puede estar seguro que ningún transportista paga ese impuesto de su bolsillo personal, afectando el bienestar propio y el de su familia. Él solo actúa como recaudador.

Ahora, la voracidad fiscal se ha ido contra las canteras, la distribución de cemento y la telefonía. La pregunta es ¿Quién va a pagar esos nuevos gravámenes que el señor Barquín ordenó al Partido Patriota y sus diputados imponer? ¿Será que Barquín lo ignora? No lo creo. Así, Barquín anotó sus primeros tres impuestos sin estar en el gobierno ¿Qué nos sucederá si llega a gobernar?

¿Y por qué el cemento, la telefonía y las canteras? ¿Acaso el gobierno está interesado en que consumamos menos cemento? ¿O le preocupa que hablemos tanto? Creo que ni lo uno ni lo otro. Que con esto de que la SAT no alcanza sus metas, se lo ponen más fácil usando a los recaudadores más eficientes, puntuales, honrados y económicos. Las empresas de telecomunicaciones y de cemento parecen tener ese liderazgo.

¿Quién pagaba el antiguo impuesto de Q1.50 por la venta de cada quintal de cemento? ¿El comprador o la cementera? Como usted ya respondió mentalmente, le pregunto ahora ¿Quién pagará el nuevo impuesto de Q5 por la venta de un quintal de cemento? Es obvio ¿verdad?

Con la telefonía sucede lo mismo. Aunque la mecánica es un tanto más compleja porque la mayor parte de las ventas se lleva a cabo por medio de compras parciales de tiempo de comunicación. Algunas tarjetas tienen un precio muy alto y otras muy bajo. Para unas (las de Q200) el nuevo impuesto sería de 2.5% pero para otras (las de Q10) sería de 50%. Todo un atropello contra quienes compran las tarjetas de menor precio, en ese caso los más pobres y los más necesitados.  Tal vez Barquín piense que así se estimulará a los consumidores a comprar solo tarjetas de Q200. Pero no, debe ser más inteligente que eso. Entonces ¿por qué lo puso?

Queda una pregunta que quisiera anticipar y responder ¿Por qué las empresas se oponen tan decididamente al alza de impuestos si terminan trasladándolos a sus consumidores que son quienes los pagan? Creo que lo hace, en primer lugar, por consideraciones de imagen, identificándose con sus clientes ya que estos, por su dispersión, no pueden protestar por sí. También hay razones económicas, ajenas a sentimentalismos (las empresas no tienen sentimientos, pero sus propietarios y directores sí).

Desde el punto de vista de su economía, sucede que un aumento de impuestos se traduce de inmediato en un aumento de precios y este tiene como consecuencia que se reduce la demanda. Al haber menos ventas, la fábrica reduce la producción. Los costos fijos, los que no dependen del volumen de producción (como algunos sueldos o las depreciaciones) se deben recuperar distribuyéndolos ahora entre menor número de unidades, provocando un nuevo aumento en los precios.

Por otra parte, el aumento en sus precios hace que algunos clientes acudan en la búsqueda de productos sustitutos. Estos productos sustitutos  (que antes del alza en los impuestos eran considerados menos económicos por los usuarios) después del nuevo impuesto ya no lo son.

Así, los nuevos impuestos son causa de decisiones económicas artificiales e ineficientes que,  en condiciones normales,  no se darían y que, a la larga,  son empobrecedoras para el país;  lo cual es lo último que Guatemala necesita.   

SOBRE EL AUTOR
J, Fernando García Molina
      José Fernando García Molina Guatemalteco, 67 años, casado, dos hijos, ingeniero, economista. Tiene una licenciatura en ingeniería eléct
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