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Teorema

La encrucijada de la CC
Fecha de Publicación: 18/10/2014
Tema: Justicia

 Artículo 141. La soberanía radica en el pueblo quien la delega, para su ejercicioen los Organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La subordinación entre los mismos es prohibida. Constitución de la República de Guatemala.

 
El artículo 140 establece que nuestro sistema de gobierno es republicano, lo que exige, a) la separación y control entre los poderes y b) la idoneidad como condición de acceso a los cargos públicos (otros siete elementos definen el concepto de república).
 
El Estado se organiza para proteger a sus habitantes y a la familia y con ese propósito tiene como deber fundamental garantizarles la vida, la libertad, la justicia, la seguridad y la paz.
 
Es fácil advertir que tanto la preservación de la vida como la libertad, la seguridad interna y la paz tienen su raíz principal en la justicia. Así, el sistema de justicia resulta ser el fundamento principal del Estado. Los otros dos organismos, aun cuando deben operar con absoluta independencia entre sí, confluyen en esa obligación de procurar la justicia para todos los habitantes.
 
Nuestro sistema de justicia está formado por la Corte de Constitucionalidad, el Organismo Judicial, el Ministerio Público, el Instituto de la Defensa Pública Penal, la Procuraduría General de la Nación, la Procuraduría de los Derechos Humanos, el Ministerio de Gobernación, los Tribunales de Arbitraje, el Colegio de Abogados y Notarios y las facultades de derecho de las universidades del país.
 
La visión de la justicia, como fin primordial y fundamental del Estado, es diferente para el grueso de la población. Muchos habitantes, especialmente los de más edad, la avizoran de manera más simple, asociándola a los juzgados y para terminar de desacreditarla, las personas más sencillas de ese sector etario, la vinculan con “los judiciales” de Jesús Valiente Téllez jefe de la Policía Judicial hasta eso de 1982.
 
Aún dentro de los más altos círculos políticos del país, la justicia se percibe de manera imprecisa. También sus organismos son vistos con menosprecio, con excepción, acaso, de la Corte de Constitucionalidad ––CC. El término justicia, empleado reiteradamente en el discurso político de los demagogos que aspiran a los más altos cargos públicos, es tan vano como el vacío conceptual en ellos. Sirva como evidencia que el Organismo Judicial siempre ha sido la Cenicienta de los tres poderes del Estado de Guatemala, cuando debiera ser su más importante órgano.
 
Posiblemente resulta así, precisamente, para que quienes dirigen los órganos políticos (el ejecutivo y el legislativo) puedan tener ascendencia sobre los funcionarios a cargo del Organismo Judicial y mantenerlos sometidos. De esa manera buscan y consiguen evitar los enjuiciamientos que amerita el abuso que perpetuamente ellos hacen de los ciudadanos. Aquí sí funciona aquello de que la costumbre se hace ley; nuestras numerosas constituciones han legitimado tal condición de sometimiento durante más de 150 años.
 
Los primeros documentos constitucionales expresaban que los principales funcionarios judiciales debían provenir de elecciones públicas. Las “Bases constitucionales de 1823” textualmente expresan: Poder Judiciario Art. 17. Habrá una suprema corte de justicia, compuesta de individuos elegidos por el pueblo, los que se renovarán por tercios, cada dos años, y podrán reelegirse una vez, sin intervalo alguno). 
 
Pero yapara 1865 el Presidente Carrera reclamaba para sí, con la mayor prepotencia, el derecho de nombrar al Presidente del Organismo Judicial, a magistrados y jueces. Posteriormente dicho nombramiento pasó a ser atribución de la Cámara de Diputados. Los perversamente llamados “representantes de los ciudadanos” quedaron a cargo. Pero poco cambió, la directiva del Congreso se mantenía subordinada al Presidente de la República.
 
Fue hasta 1945 cuando se exige que tales designaciones sean hechas por la mayoría de diputados. De allí en adelante la selección se ha venido afinando pero sin haberse atrevido a independizarla del Congreso, institución que se ha pervertido progresivamente. La más refinada versión de tal proceso sucede en la Constitución de 1985 y sus reformas de 1993 con la introducción de las Comisiones de Postulación.
 
Con este mecanismo se buscaba reducir el poder discrecional de los diputados para elegir a los magistrados y jueces del Organismo Judicial. Tales comisiones debían proponer candidatos idóneos para que los diputados sólo pudieran elegir dentro de los mejores. Me pregunto ¿cómo fue que los legisladores constitucionales de entonces no liberaron a la Justicia de la perversa influencia del Congreso?
 
Poco a poco surgieron y se afianzaron otros actores buscando incidir sobre tales cargos. Grupos criminales, organizaciones de izquierda bajo el nombre de “sociedad civil”, algunos grandes bufetes de abogados, organizaciones empresariales, partidos políticos, la presidencia de la república, sus respectivos “negociadores” y el mismo Congreso desvirtuaron completamente el proceso. Todos ellos buscaban que quienes representan la justicia actúen a su favor, apañando sus crímenes o los de sus clientes.
 
En el último proceso, la independencia del Organismo Judicial quedó herida de muerte. Dos partidos políticos (LIDER y PP) guiados exclusivamente por sus más perversos intereses negociaron entre ellos. Veintiséis candidatos formaban un listado severamente influenciado por los grupos de presión. Entre ellos, sorpresivamente los diputados de sus dos bancadas, seleccionaron a  quienes debían formar la Corte Suprema de Justicia.
 
Nada más alejado del principio constitucional que evidentemente buscaba que fuera el pueblo entero, a través de sus legítimos representantes quien escogiera a las personas idóneas para administrar la justicia. Esta labor del Congreso que debía ser considerada la más noble de todas las tareas, la convierten en negociación indigna.
 
No solo el Legislativo, el Ejecutivo también presenta terrible evidencia de tener las manos ensangrentadas después del asesinato de la justicia. Todos lo sabemos, nadie lo duda, el proceso estuvo viciado, es ilegítimo. El sometimiento de la justicia al Poder Ejecutivo presente (PP) y futuro (supuestamente LIDER) había quedado sellado.
 
Los recursos de amparo llovieron sobre la Corte de Constitucionalidad. Allí, a lo interno de la CC, la discusión jurídica debió ser intensa. Es fácil escoger entre el bien y el mal, entre lo que es correcto y lo que no lo es. Incluso es sencillo decidir, de entre dos eventos positivos, aquel que provee mayores beneficios.
 
En cambio la CC enfrentó una encrucijada, debía es escoger entre dos males. ¡No hay tarea más ardua! La constitución había sido violada en uno de sus principios más sagrados. La independencia de poderes había sido vulnerada, amén de otros menos graves. Para paliar este daño, que no es de hoy, sino de siempre, para poner un hasta aquí y buscar enderezar el camino, la CC debía transgredir el principio de respeto estricto a los períodos constitucionales.
 
Esta misma CC, bajo la dirección de su mismo presidente, sólo 8 meses atrás falló a favor del respeto a los plazos constitucionales. Para hacerlo debió enfrentar a la Embajada de Estados Unidos, a su embajador Ortiz, a la señora Obama, a la señora Clinton, al Departamento de Estado en pleno, a la “sociedad civil”, a la “comunidad internacional, a la ONU y su CICIG, a la izquierda internacional y a muchas otras personas y entidades locales. La CC falló en contra de su protegida cuando pretendía ampliar su propio período como Fiscal General.(2)
 
Aquella decisión suya había evidenciado que su decisión por honrar la Constitución y mantener su independencia, podía soportar las mayores presiones externas. Sin embargo, ahora, sólo ocho meses después, los mismos magistrados encontraban que para preservar la independencia de poderes y salvar la gobernabilidad en el país, debían sacrificar su más preciado triunfo.
 
Posiblemente ya esperaban que mucha gente se les tirara encima. Que principalmente sus colegas abogados, particularmente aquellos convertidos en figuras mediáticas, los criticaran sin piedad, pintando sus argumentos con tonos de legalidad. Talvez incluso ya esperaban que Helen Mack, una de las personas que en nombre de la “sociedad civil” presentara un amparo, al recibirlo llevaría agua a su molino y se mostraría victoriosa como efectivamente hizo. De otras organizaciones como el CEDECON, dada su falta de intereses personales, podían esperar cierto apoyo, como sucedió. Pero de que les caería palo, les caería palo.
 
Ahora, todos critican. El único aporte que ofrecen parece ser que las Comisiones de Postulación han sido manipuladas y que es necesario reformar la constitución y establecer que la selección sea por oposición. El presidente Pérez, goloso, se relame los labios al tiempo que secunda la moción y la ciudadanía recuerda, aterrada, que este mismo año quería ampliar su propio período presidencial.
 
Creo, siguiendo la opinión de expertos en Derecho Constitucional, que la CC se ha ganado la confianza ciudadana y que debemos esperar a que la máxima autoridad en materia constitucional se pronuncie de manera definitiva al respecto. Disiento de muchos abogados penalistas que han hecho en contrario. Temo que sus defensas airadas a favor de los períodos constitucionales en realidad estén defendiendo la selección hecha por el Congreso y sus personales intereses en ella.
 
Lo sucedido esta vez  no es nuevo, acaso sea más intenso y desvergonzado, pero nuevo no. El lado positivo de este laberinto, es que ahora los reflectores están puestos sobre el sector justicia y su ancestral debilidad. De aquí podrían salir, y ojalá así sea, las acciones que nos acerquen a una justicia como la que soñaron los próceres hace casi doscientos años y con la cual, desde entonces,  han seguido soñando los guatemaltecos de bien.
 
 

 (1) Para mayor detalle histórico ver:http://www.oj.gob.gt/index.php?option=com_content&view=article&id=110&Itemid=92

(2) Esta semana también ratificó esa misma determinación al fallar respecto del período en la Contraloría General de Cuentas.
SOBRE EL AUTOR
J, Fernando García Molina
      José Fernando García Molina Guatemalteco, 67 años, casado, dos hijos, ingeniero, economista. Tiene una licenciatura en ingeniería eléct
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