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Apuntes

Inversión, pero no cualquiera
Fecha de Publicación: 07/10/2014
Tema: Política

 

El empleo es función directa de las inversiones, hay unas inversiones que producen más empleos que otras. Los empleos producidos varían en calidad y número en función de la naturaleza de los proyectos objetos de inversión, así unos generan empleos durante su período de construcción, generalmente abundantes en número y de baja preparación de los obreros y en menor cuantía pero de mejor calificación para el personal de operación y mantenimiento.

Por lo general, los proyectos que representan las mejores oportunidades de empleo para su operación y mantenimiento son los más especializados y rentables.

La operación y mantenimiento requiere de menores cantidades de personal, comparando con la construcción, pero de calificaciones profesionales especializadas y por períodos de tiempo largos. Estos empleos son generalmente los que representan una oportunidad de desarrollo al trabajador. Y los que lo motivan a subir su nivel académico

La construcción, por ejemplo, de Centros Comerciales, beneficia a un número grande de obreros de baja preparación técnica durante el período de construcción y a un número reducido de personal de aptitudes técnicas más elevadas durante el período de operación y mantenimiento.

Los proyectos de infraestructura nacional son por su naturaleza, proyectos de gran envergadura en su fase de construcción y requieren de cantidades importantes de personal altamente calificado durante toda su vida útil de operación y mantenimiento y además producen un beneficio continuo a sus usuarios a lo largo de su vida útil.

El impacto de los proyectos de infraestructura en la calidad de vida de los ciudadanos es en general muy importante. Estos son en consecuencia, los proyectos a promover en países en vías de desarrollo.

Estos proyectos de infraestructura han sido tradicionalmente hechos por entidades gubernamentales, tal el caso de carreteras, puertos, aeropuertos, hidroeléctricas, telecomunicaciones, agua potable, drenajes y tratamiento de aguas residuales, educación, salud pública, etc. etc. etc.

 

El problema sufrido del esquema de inversiones estatales es en el mejor de los casos, la ausencia total del concepto de rentabilidad de las inversiones y la desastrosa eficiencia resultante en el producto final de las inversiones.

Así tenemos hospitales sin medicinas, escuelas sin maestros, carreteras ineficientes y peligrosas, puertos obsoletos, etc. etc. etc.

Así por ejemplo hemos vivido la palpable impotencia del estado en construir nuevas y adecuadas carreteras, vivimos hasta los 90´s la quiebra nacional con las inversiones estatales en el sector de energía eléctrica y de comunicaciones, sufrimos las deficiencias de los sectores de educación y salud, sufrimos la falta de tratamiento de aguas residuales, de la basura y del suministro de agua potable a la población.

Y como las empresas estatales encargadas de tales tareas están desprestigiadas y quebradas, los empleos que ofrecen son mal remunerados y totalmente ajenos a los conceptos de productividad y remuneración. El personal está hacinado en las instituciones estatales, sin futuro.   

Sin embargo hemos vivido y comprobado la diferencia de desarrollo en las actividades de los sectores de energía eléctrica y comunicaciones, donde el sector privado ha hecho inversiones muy considerables, ha desarrollado actividades lucrativas que ofrecen empleos  a sus trabajadores en toda la gama de experiencia profesional por plazos indefinidos y bajo el estricto principio de remuneración y productividad.

Además y no por ello menos importante, estos sectores básicamente en manos del sector privado se han desarrollado satisfaciendo la demanda nacional de los servicios y sin haber representado para el país un centavo de deuda. Y sabemos que los errores y fracasos habidos en ellos afectaron a sus inversionistas pero no al erario nacional.

Nunca en el ámbito estatal, los empleados de estos dos sectores de servicios tuvieron la oportunidad de desarrollo que hoy tienen en el ámbito privado y cuando existieron en el mismo servicio la empresa estatal y la privada, fue en la privada donde mejores oportunidades y futuro tuvieron sus empleados.

Y habiendo sido Guatemala el primer país centroamericano en dar el paso del cambio, hoy los empleados de estos sectores llevan la delantera y la batuta del acontecer centroamericano en materia de energía eléctrica y de comunicaciones.

Suena entonces lógico considerar que si se logran impulsar proyectos de infraestructura, de grandes dimensiones, las fuentes de trabajo beneficiarán al sector laboral en toda su gama y el beneficio colectivo se apreciará durante la operación y mantenimiento del proyecto y su impacto en la vida de los ciudadanos en general, como sucede hoy en los dos sectores mencionados, donde además del beneficio de sus trabajadores, se benefician con los servicio todos los habitantes del país al disponer de energía eléctrica y comunicaciones en prácticamente todo el territorio nacional.

Con ese interés de promover la inversión privada en proyectos de infraestructura leí la Ley de Alianzas Público Privadas, el Decreto 16 2010.

Me sentí frustrado y recordé la acotación de un amigo quien me dijo que nuestro destino estaba diseñado por el enemigo…

La Ley en mención propone todo aquello que a la usanza de los años anteriores a los 90´s llevaron a estos países a niveles de endeudamiento insolubles y a la realización de proyectos por parte del estado, a precios mamotréticos, a la devaluación de nuestra moneda y a los niveles de corrupción que ya conocemos.

La ley propone la creación de más entidades estatales, propicia la discrecionalidad de sus funcionarios, la aprobación de los proyectos por parte del Congreso, la financiación de los proyectos a través de la Banca Multinacional y el aval nacional en las inversiones y de paso excluye los sectores de Salud y Educación. ¡Que tal!

Como si nuestras deficiencias más urgentes de resolver no fueran precisamente en esos dos sectores de educación y salud.

La ley pareciera escrita para reponer la metida de las narices de los políticos corruptos en toda obra de infraestructura y que ya no pudieron meterla en los sectores de energía eléctrica y de comunicaciones.

Corruptos que ciertamente también sirven a los intereses de esa Banca Multilateral, misma que vio desvanecer sus oportunidades de financiamiento en los sectores que se les escaparon de las manos con la privatización de los mismos y que no habiendo conseguido sus metas en los temas ambientalistas regresan a la carga con las obras de infraestructura.

Basta recordar la situación financiera de Guatemala a principios de la década de los 90´s para documentar lo que ese procedimiento consignado en el Decreto 16 2010 para realizar las inversiones en proyectos de infraestructura produjo y que ciertamente no queremos repetir ni debemos permitir.

Con esa ley no se harán las inversiones en infraestructura nacional ni los proyectos que se hagan serán rentables y de beneficio general. Serán seguramente más proyectos que producirán beneficios económicos a los funcionarios cuya discrecionalidad sea aplicable en los proyectos, producirán más deuda nacional y pasarán a la lista de proyectos abandonados sin un esquema de operación y mantenimiento adecuado como es el caso de escuelas y hospitales y por lo tanto sin beneficio colectivo.

Los proyectos deben ser rentables y sus inversionistas correr con los riesgos financieros y beneficios económicos que conlleven, deben ser administrados por sus inversionistas como mínimo hasta la total recuperación de la inversión. Las empresas que desarrollen los proyectos deberán tener un esquema de sociedad anónima de forma que la venta de sus acciones sea en el libre mercado y el estado deberá proveer la certeza jurídica que garantice las inversiones y el estado de derecho del país.

Las actividades y servicios prestados por entidades estatales deberían ser desprovistas de su protección monopólica de forma que compitan y que sea el ciudadano el que escoja la compañía que mejor le parezca para obtener sus servicios, empezando precisamente por salud y educación.

Es urgente y necesario que el país ofrezca oportunidades de empleo decoroso y un futuro promisorio a todos sus ciudadanos y mediante la inversión en proyectos de infraestructura será posible satisfacer tales metas.