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Teorema

Si usted fuera comisionado
Fecha de Publicación: 21/09/2014
Tema: Transparencia
El proceso de selección de candidatos a magistrados y jueces sigue entrampado.

La forma como se está llevando el proceso de selección (que no se ajusta estrictamente a lo que dicta la constitución) está lejos de conseguir resultados impolutos. Durante las últimas semanas, muchas voces se han alzado con señalamientos sobre los vicios y larguezas ocurridas. La selección de los candidatos, aún en el remoto caso de que no estuviera realmente viciada, ya lleva sobre sí un grueso manto de estigma.

En vez de la anhelada confianza ciudadana en las nuevas autoridades, lo que prevalecerá será la certeza de que quienes lleguen a ejercer el gobierno judicial, lo harán con compromisos y motivaciones perversas y hasta criminales. Esto es totalmente lo opuesto a lo que el país necesita para levantar al sector justicia, que desde hace mucho yace mortalmente herido. 

Aun sabiendo que la constitución no lo permite, algunos han propuesto métodos alternos. Dentro de ellos, la selección por oposición parece ser el favorito. No quiero fastidiar a nadie pero tal procedimiento difícilmente podría salir adelante. Tendría que estar blindado contra los intereses criminales de quienes han desvirtuado el procedimiento constitucional.

Además, formalmente, el trámite mediante las comisiones de postulación ya es, en su naturaleza básica, por oposición. Aquí, los comisionados eligen dentro de los aspirantes a quienes habrán de integrar el listado que presenten al Congreso. El proceso de selección incluye análisis de referencias académicas, de documentos de experiencia e incluso exámenes de conocimiento y de aptitud.

El problema lo agudiza el Congreso, actualmente formado en, su mayoría, por diputados poco o nada confiables. Para que el Congreso no pueda optar por una opción corrupta, los candidatos debieran ser todos, abogados virtuosos, irreprochables, académicos, correctos, experimentados...

Se trata de cerrar espacios a los políticos dentro del Congreso y fuera de él, así como a otros grupos de delincuentes para que no puedan cometer fechorías. Se busca que, sin importar a quienes escoja el Congreso, la selección recaiga sobre personas intachables.

Esto requiere de comisionados con alto espíritu cívico y moralidad impecable. Además exige que dentro de los aspirantes haya personas que reúnan las excelsas condiciones citadas. Irónicamente, la mayoría de abogados que cuentan tienen tales credenciales, no están interesados en participar. Precisamente porque saben lo que encontrarán en el seno del Organismo Judicial y sus dependencias.

Si se suprime a la Comisión de postulación (posibilidad que exigiría una difícil y peligrosa reforma constitucional), surge la dificultad de establecer quién elige. Es fácil decir que la selección debe ser pública, haciendo uso de los medios de prensa, pero tal práctica no es simple. En España hay una gran tradición en esto de los concursos por oposición. Ya en 1560, Felipe II los usaba para seleccionar a quienes ocuparían ciertos cargos públicos. Lamentablemente, España no puede ser tomada como ejemplo en la administración de fondos públicos.

La USAC selecciona a sus profesores mediante el procedimiento de oposición. Entiendo que para cada cátedra suele haber varios postulantes. Pero eso no hace que el personal docente de la USAC se compare ventajosamente con el de las universidades privadas, que suelen hacerlo a dedo. La ventaja de estas últimas es que escogen como profesores a los mejores profesionales a su alcance. Frecuentemente deban rogarles que acepten dar clases, sacrificando ingresos en sus lucrativas profesiones personales.

Si se desarrolla con máxima transparencia y en estricto apego a lo que ordena la constitución, el proceso de selección por medio de las comisiones de postulación puede ofrecer mejores resultados. La prensa independiente es un actor de primer orden en este  procedimiento. Sin descuidar su tarea de publicar las tachas e impedimentos de los postulantes, también habría de develar las asociaciones y compromisos que pudieran tener los comisionados. Esto, con el propósito principal de hacer desistir a quien, por falta mérito propio o con fines aviesos, invierte sumas impresionantes en una campaña para serlo.

En un artículo anterior (http://www.opinionpi.com/detalle_articulo.php?id=402) razonaba queel procedimiento debe seguir el mandato constitucional de juzgar la reconocida honorabilidad. Además, debe apegarse a las instrucciones de la Corte de Constitucionalidad, que ordena a cada uno de los postuladores informar de viva voz, el nombre de los candidatos de cuya honorabilidad puede dar fe. Las excusas no son válidas ya que deben referirse únicamente a aquellos en quienes reconozcan tal condición. Si alguno de los Comisionados solo puede dar fe de la honorabilidad de dos o tres postulantes (o de ninguno), esos son los que debe consignar en su declaración a viva voz.

Propongo un ejercicio. Suponga que usted es uno de los comisionados a cargo de seleccionar candidatos para determinado puesto público y tiene frente a sí el listado de más abajo. Todos los nombres son de personas reales, aunque algunos ya fallecieron. Tienen distintas profesiones. Dentro de ellos, posiblemente usted pueda identificar a varios como personas honorables. Otros le serán desconocidos y tendrá una mala opinión de los demás. Solo los primeros interesan. No tiene que denunciar a los indignos. No es necesario que ponga en entredicho la reputación de nadie, solo dará testimonio de aquellos en quienes reconoce honorabilidad ¿Probamos?
 
Acisclo Valladares
Carlos Ruiz
Gonzalo de Villa
Luis vonAhn
Adalberto Torres
César Conde
Gustavo Bonilla 
Manuel Baldizón
Adela de Torrebiarte
Clemente Marroquín R
Harold Caballeros
Marco Mejía
Alfonso Portillo
Delia Dávila
Héctor Menendez
María del C. Aceña
Álvaro Arzú Irigoyen
Dina Fernández
Helen Mack
Mauricio López
Álvaro Castillo
Dionisio Gutiérrez
Hugo Maul
Nery Rodenas
Álvaro Colom
Edgar Aguilar
Jacobo Árbenz
Nidia Nájera
Álvaro Ramazinni
Edmundo Vásquez M
Jorge Cabrera
Nineth Montenegro
Anabella Morfín
Efraín Medina
Jorge Santo
Óscar Padilla
Anabella Quiñónez
Efraín Ríos Montt
Jorge Serrano
Óscar Vásquez
Aníbal de León
Eleazar López,
Jorge Ubico
Otto Pérez
Antonio García
Elvira Velásquez
José Larios
Rafael García
Arabella Castro
Emilio Sequén
José Linares
Raquel Blandón
Arístides Crespo
Epaminondas
José Lobo Dubón
Ricardo Arjona
Arturo Archila
Eric Barrondo
Joviel Acevedo
Richard Aitkenhead
Arturo Herbruger
Erick Álvarez
Juan Carlos Plata
Rodrigo Asturias
Arturo Saravia
Erwin Sperisen
Juan José Arévalo
Rosalina Tuyuc
Arturo Sierra
Estuardo Gamalero
Juan Luis Font
Roxana Baldetti
Axel Mass
Estuardo Zapeta
Juan Ortiz Chamale
Sandra Torres
Byron Lima
Gabriel Medrano
Julio César Méndez
Sofía Gómez
Carlos Peña
Gaby Moreno
Luis Rabbé
Vinicio Cerezo
 
Ahora bien, no todos los comisionados reconocerán la condición de honorabilidad en las mismas personas. Aquellos que sean mencionados el mayor número de veces son quienes mejor merecen acreditar la condición exigida por la constitución. La prensa indudablemente se encargará de comunicar al público las personas por quienes usted y los demás comisionados votaron. Esto es importante porque se debe saber quiénes han sido avalados por usted. Quienes superen la prueba de reconocida honorabilidad y los otros tres requisitos que exige la constitución, pasarán, en otra etapa al ya empleado procedimiento de tachas.
 

Fácil ¿Verdad? Entonces ¿Por qué se ha complicado tanto? 

SOBRE EL AUTOR
J, Fernando García Molina
      José Fernando García Molina Guatemalteco, 67 años, casado, dos hijos, ingeniero, economista. Tiene una licenciatura en ingeniería eléct
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