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Teorema

Comentarios y contra comentarios
Fecha de Publicación: 29/08/2014
Tema: Legislación

 El pasado miércoles 27, escribí un artículo que titulé El dilema de la Comisión; en él expongo que el mandato constitucional ordena, entre otras condiciones, que para ser magistrado y en consecuencia candidato a ese cargo, es necesario ser persona de reconocida honorabilidad. En vez de persona honorable como ha sido interpretado por esta y prácticamente todas las comisiones de postulación anteriores.

 
Un amigo de la juventud, quien con el correr de los años se coinvirtiera en prominente abogado me envió sus comentarios al respecto. En ellos se manifiesta total y abiertamente opuesto a lo que escribí. Posiblemente otras personas, compartan esas objeciones. Acaso los puntos de vista referidos resuman de muy buena manera el pensamiento algunos abogados. Así, encuentro no solo oportuno sino además conveniente, reproducir esos comentarios y la respuesta que di a ellos. Para mayor precisión los contesté dentro de su texto, resaltando con negrillas la parte a la que me refiero y destacando en amarillo mi contra comentario. Va así:
 
El problema de la “reconocida honorabilidad" no es cuestión de que los comisionados puedan dar fe o no de que algún candidato la tenga. No es una cuestión subjetiva y siguiendo tu criterio condenarías a no poder ser candidatos  a quienes si  tienen esa honorabilidad, pero los comisionados no pueden dar fe de ella, porque no conocen la vida y acciones de los candidatos, lo cual es usual. Tienes mucha razón en cuanto a que el más honorable de los candidatos, que además podría ser un magnífico magistrado, quedaría excluido del listado si esas condiciones suyas no son conocidas por los miembros de la Comisión. Hay muchas personas honorables en nuestro país, pero solo lo saben ellos y su círculo íntimo. Ahora, el que ellos queden excluidos no es algo que decida mi interpretación, es la Constitución la que así lo ordena, con la mayor claridad.

Hay una presunción lógico jurídica (Iuris Tantum desde luego)  que obliga a no señalar como carentes de ese requisito, a aquellos de quienes no se sabe o conoce  que hayan  cometido actos de  “falta de honorabilidad (ilícitos penales, civiles o éticos)” es esto es un poco más que la presunción de inocencia y tiene  más que ver con la no culpabilidad, institución ignorada y mal comprendida en nuestro medio. {Acaso el Iuris Tantum que citas, deba interpretarse de otra forma. Si es visto como un mecanismo legal automático, que considera que un determinado hecho, o un determinado acontecimiento, se entiende  probado simplemente por darse los presupuestos para ello,entonces podría decirse que, si cierto número de comisionados reconoce en determinado candidato a una persona honorable, habría que considerar, merced a la figura citada, que este lo es, ya que cumple los presupuestos dados para ello ––que así sea considerado por las personas a cargo de tal decisión}

{Creo que debes reconocer que en ningún momento, el procedimiento Constitucional, como yo lo interpreto, condena a nadie. Si un candidato no es seleccionado, eso no indica que sea deshonesto, lo que quiere decir es que su honorabilidad no es reconocida por los demás, en este caso por los miembros de la Comisión. Déjame poner un ejemplo. Supón que determinada persona es un magnífico cantante, un tenor que pondría verde la envidia al mismo Plácido Domingo, pero solo canta cuando está en la bañera y mantiene su enorme habilidad en secreto.  Si en su comunidad pensaran formar un coro y él no estuviera dentro de los convocados, eso sería más culpa suya que de los organizadores y estos en ningún momento estarían negando sus méritos, solo expresarían una verdad: que no conocen tal mérito suyo}

El problema es la forma lamentable en que la exigencia del requisito se redactó en la CPRG (Constitución Política de la República de Guatemala), pues la honorabilidad es un concepto que es muy difícil establecerlo en forma positiva ya que  tiende a ser subjetivo, y en general se entiende mejor cuando no hay honorabilidad,  porque en este caso se sabe o conoce una conducta no honorable (ilegal o inmoral), la cual sí se puede probar y es necesariamente objetiva. {Sí, tienes razón en cuanto a que la honorabilidad de una persona es un atributo que tiende a formar parte de una valoración subjetiva que otra u otras personas tienen del primero. Pero tal condición se vuelve positiva cuando el grupo de persona llamadas a juzgar, coinciden en tal apreciación. Busco explicarme a través de un ejemplo: Sea Juan Pablo II y un grupo formado por mil católicos guatemaltecos. Puestos a juzgar, muy probablemente habrían coincidido en afirmar que Juan Pablo II fue una persona honorable. La coincidencia posiblemente sería tan alta que otros, incluso laicos, aceptarían tal condición de honorabilidad. Quienes pudieran no estar de acuerdo, formarán una minoría tan reducida que no serán tomados en cuenta. En este ejemplo, la honorabilidad se convirtió en algo positivo. Si el mismo grupo de católicos guatemaltecos fuera puesto a decidir sobre la honorabilidad del cardenal Philippe Barbarin, posiblemente la mayoría, si no todos, dirían que no lo conocen y que por lo tanto no pueden emitir un juicio a ese respecto. Nadie está diciendo que Barbarin carezca de honorabilidad. Solamente se estaría afirmando que dentro de ese grupo, no se reconoce, pero tampoco se niega, la condición de honorabilidad de cardenal Barbarin.

La honorabilidad reconocida es un requisito imposible de establecer con certeza {Algunos filósofos, como tu bien sabes, afirman la imposibilidad del conocimiento perfecto aún en asuntos de menor complejidad que el que ahora nos ocupa}, y como consecuencia impráctico para escoger candidatos a Magistrados {Me temo que vuelvo a estar en desacuerdo contigo. Pedir a los comisionados (quienes por mandato constitucional, son los únicos que deben decidir al respecto, que nominen a viva voz (por mandato de la Corte de Constitucionalidad) a aquellos candidatos cuya honorabilidad les conste, no es ni complicado ni impráctico}. Podría ser que la mitad de los comisionados y aún la mitad de  población crea que alguien la tiene y la otra mitad que no la tiene y no hay manera de establecer quien estaría en lo correcto.

{La población no tiene nada que ver. Este es un proceso normado por la Constitución; no se trata de una votación general. Puede suceder que la mitad de los comisionados nominen a determinado candidato y la otra mitad no lo haga. Lo que sí es muy importante y no entiendo por qué resulta difícil de comprender es que, quienes no lo incluyan en su listado, será por dos razones: a) porque no conocen acerca de su honorabilidad o b) porque dudan que la tenga. Pero en ningún momento se les pedirá diferenciar entre la duda y la falta de conocimiento. Si ese candidato queda dentro de los más nominados, pasa a la fase de tachas y si también la supera esta, a la evaluación de méritos académicos y de experiencia profesional.}

El requisito de  reconocida honorabilidad fue introducido en la Constitución de 1956 (Artículo 191) y reiterado tanto en la de 1965 como en la de 1985, y preservado en las reformas constitucionales de 1993. Después de casi 58 años de vigencia solo fue motivo de controversia en las selecciones de 2010 y en las de este año.

Son otros requisitos los que debieran haberse exigido, como no pertenecer ni haber pertenecido  a un partido político {¿Acaso sugieres que quien haya estado alguna vez afiliado a un partido político es, por esa razón una persona deshonesta? o grupo de activismo ideológico  que comprometa su imparcialidad, {¿Acaso quieres decir que tal acto, que pudo haber sucedido muchos años atrás, es necesariamente capaz de comprometer la imparcialidad de una persona? Me temo que yerras, tanto en un escenario como en otro. Además, un nivel de exigencia que contuviera tales requisitos no aseguraría nada positivo; solo puede conducir a un proceso que se entrampe innecesariamente más allá de cómo han estado entrampados los anteriores y este} los méritos intelectuales, académicos y la experiencia comprobada del ejercicio profesional (no solo el tiempo transcurrido desde que alguien se graduó, aunque nunca haya ejercido la profesión o la haya ejercido mal, como ocurre actualmente), {¡Esto ya constituye toda una propuesta de reforma constitucional!} y en relación con la conducta de los candidatos lo más que puede establecerse es que no hayan sido condenados  por la comisión de un delito o no hubieran sido sancionados por el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados. {Entiendo que el Tribunal de Honor del CANG apenas revisa unos cuantos casos y que son muy pocos (alrededor de 15 por año) los que terminan en una sentencia condenatoria pública (la mayoría de los que no son desestimados termina en una amonestación privada). Esto significa que de unos 18 mil abogados en el país, habrá menos de 300 sancionados en los últimos ¡30 años!}. 

Es muy difícil ir más allá de eso, so pena de violentar la reputación de un candidato por una opinión y no por un hecho. {Me parece que esto ya fue comentado y no quisiera ser redundante}
SOBRE EL AUTOR
J, Fernando García Molina
      José Fernando García Molina Guatemalteco, 67 años, casado, dos hijos, ingeniero, economista. Tiene una licenciatura en ingeniería eléct
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