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Teorema

El dilema de la Comisión
Fecha de Publicación: 27/08/2014
Tema: Legislación

El Congreso deberá nombrar a quienes habrán de dirigir el sistema judicial de nuestro país, durante los siguientes cinco años, contados a partir del próximo 13 de octubre. Esa selección la hará exclusivamente dentro de los integrantes de sendos listados que habrá de presentarle la Comisión de Postulación ––CP–– a cargo de seleccionar a los candidatos. La CP sabe que no debe dejar espacio discrecional al Congreso, que todos los candidatos que presente deben ser profesionales de reconocida honorabilidad.

 
Los nuevos funcionarios judiciales no solo habrán de dirigir el Organismo Judicial sino también reconstruir el alicaído sistema de legalidad en nuestro país. La CP necesariamente enfrenta un dilema. Este es: ¿Cómo, sin cambiar la legislación, con los mismos comisionados, con las mismas personas que se postularon para ser candidatos, se puede seleccionar a los mejores profesionales para que conformen nuestro nuevo Poder Judicial? ¿Cuál es el procedimiento a seguir?
 
Como parte de mi profesión, tengo conocimiento y experiencia razonablemente amplios en materia de procesos logísticos. Creo, estoy absolutamente convencido, de que el procedimiento seguido por la CP y por sus antecesoras es equivocado. Se trata de un error que se ha perpetuado hasta convertirse en norma.
 
La Constitución ordena que los candidatos cumplan varios requisitos formales, como la ciudadanía, la edad, ser abogados y ser personas de reconocida honorabilidad. Estos son requerimientos del tipo cumple o no cumple; no hay nada qué medir. Aquellos que no cumplan con uno (o más de uno) de ellos, se quedan fuera del proceso. La constatación de los primeros tres requisitos es un trámite simple, son relativamente fáciles de corroborar. El cuarto, la reconocida honorabilidad, también lo es pero no ha sido interpretado correctamente.
 
La complejidad en la que se ha incurrido es en parte conceptual. Tanto que en ejercicios CP anteriores, algún comisionado llegó al extremo de asegurar que siendo un atributo abstracto, no es sujeto de medición.En realidad el tema es mucho menos complejo. El elemento simplificador lo aporta la misma Constitución, que no manda que los candidatos simplemente sean honorables; lo que indica es que su honorabilidad debe ser reconocida.
 
En otras palabras, dice que no es suficiente que un candidato sea honorable sino que tal condición sea reconocida por los demás. En este caso, por los miembros de la Comisión Postuladora que es ordenada y conformada conforme mandatos de la misma Carta Magna. La CP debe seleccionar exclusivamente candidatos que cumplan con las condiciones que establece la Constitución.
 
Entonces, el procedimiento debiera ser, en esta primera etapa, y siguiendo las instrucciones de la Corte de Constitucionalidad, que cada uno de los postuladores informe, de viva voz, el nombre de los candidatos de cuya honorabilidad puede dar fe. No de todos, solamente de aquellos en los cuales reconozca tal condición.  
Si alguno de los Comisionados solo puede dar fe de la honorabilidad de unos cuantos, esos son los deberá consignar en su declaración a viva voz. Obviamente, un mismo comisionado no puede mencionar a un candidato más de una vez.
 
Suponga que, en promedio, cada uno de los comisionados solo pudiera reconocer condiciones de honorabilidad en diez aspirantes. Siendo 34 comisionados, se tendrían 340 menciones distribuidas entre todos los aspirantes. Algunos no recibirán ninguna mención, otros solo una. En el extremo opuesto, uno o más de uno, podría ser mencionado por todos los postuladores para un máximo de 34 menciones.
 
Lo que sigue es muy simple. Los nominados conformarán un listado que convendría que fuera ordenado de mayor a menor número de menciones recibidas. Las personas que ocupen las primeras posiciones de ese listado, son aquellos en quienes los miembros de la comisión reconocen mayores condiciones de honorabilidad.
 
Posteriormente, de entre los más mencionados se tomará un número un poco mayor que los requeridos para formar la lista que al final del proceso será entregada al Congreso. Estos candidatos deberían ser los expuestos al procedimiento de tachas ya empleado anteriormente. La razón de seleccionar más de los necesarios es para prever que el sistema de tachas deje afuera a algunos.
 
Al concluir el procedimiento de tachas se toma el número preciso que se requiere para integrar los listados que se entregarán al Congreso. A los demás aspirantes se les notifica que para ellos el procedimiento ha terminado. Lo que resta es ordenar a los integrantes de ese listado conforme sus méritos académicos y de experiencia. La Comisión ya ha realizado exitosamente esa tarea en varias ocasiones.
 
Mucho se ha dicho sobre que podría haber comisionados interesados en promover a candidatos afines a intereses de grupos oscuros en desmedro del prestigio de Poder Judicial y detrimento de una sociedad que clama por un sistema de justicia transparente. Asumiendo que tales comisionados efectivamente existen, dolosamente ellos incluirían a tales personajes en el listado de personas que reconocen como honorables.
 
Pero ya que deben hacerlo a viva voz, indudablemente, para su propia protección, incluirían también a los candidatos más prestigiosos. El sistema, tal y como lo prevé la Constitución hace que los sinvergüenzas queden relegados a las últimas posiciones que son las que les corresponden. En caso se “colara” alguno, el sistema de tachas daría cuenta de él.
 
He descrito el procedimiento que a mi entender mejor se ajusta a lo que manda la Constitución. Lo he hecho el más alto espíritu ciudadano, buscando contribuir a que el sistema de justicia de nuestro país, quede en manos de profesionales de reconocida honorabilidad. Confío que los miembros de la Comisión lo adopten como propio para resolver el proceso que nuestra Constitución les ha encomendado.
 
No conozco a los comisionados ni sé cómo hacerles llegar este mensaje. Si usted, estimado lector, conoce a alguno de ellos, por favor reenvíeselo. La Constitución pone en manos de los comisionados y del Congreso la selección de las autoridades judiciales. Pero la búsqueda de la justicia es cuestión de todos. 
SOBRE EL AUTOR
J, Fernando García Molina
      José Fernando García Molina Guatemalteco, 67 años, casado, dos hijos, ingeniero, economista. Tiene una licenciatura en ingeniería eléct
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