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Brújula

Los intocables
Fecha de Publicación: 19/07/2014
Tema: Política

 “El mandato de la CICIG no tiene precedentes dentro de las Naciones Unidas u otros esfuerzos internacionales de promover la responsabilidad y reforzar el estado de derecho. Posee muchos de los atributos de un Fiscal Internacional, pero opera bajos las leyes Guatemaltecas, en las Cortes Guatemaltecas, usando el procedimiento penal de Guatemala. La CICIG apoya a las instituciones del Estado en la investigación de las actividades de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, definidos como grupos que cometen actos ilegales y que afectan el gozo y ejercicio de los derechos fundamentales de la población Guatemalteca y tienen enlaces directos e indirectos con agentes del Estado o la capacidad de bloquear acciones judiciales concernientes a sus actividades ilegales. La influencia de estos grupos dentro del Estado es considerada como una de las bases fundamentales de la impunidad en el país y como un gran obstáculo que impide los esfuerzos de fortalecer el estado de derecho.”

Publicado por CICIG
¿Comisión Internacional Contra la Impunidad?
¿Cómo explicar, al resto de países, la existencia de un Fiscal Internacional en nuestro territorio? ¿Un ente que, por encima de nuestras autoridades y desde otras naciones vendría a constituirse en juez de jueces. Cabe preguntar: ¿Cómo llegó Guatemala a ser “premiada” con este paquetón; con este insólito engendro de la ONU?
Y es que la introducción de un ente manipulado desde afuera que pudiera prestarse a responder a intereses ideológico-políticos internacionales, tendría por principio, que habernos causado desconfianza. Debimos haber comprendido que aceptar la “vigilancia” de superestructuras como esta, en casa propia, era una aberración; una absurda oferta de reparar males con un mal superior.
Absolutamente, todo el resto de naciones, desconocen los efectos, las graves implicaciones y la ofensa, que tener una entidad semejante a la CICIG representa a la dignidad soberana de un país. Ningún otro país del mundo tiene una “organización” semejante incrustada dentro de sus instituciones de justicia ni de seguridad.
Siempre me pregunte quién fiscalizaría a los privilegiados "intocables" de este súper poder ¿Quién podría garantizar la legalidad y la rectitud de sus acciones? ¿De donde saldrían los incorruptibles e infalibles comisionados? Hoy, después de sufrir las consecuencias del malogrado “experimento” los guatemaltecos ya conocemos las respuestas.
¡Nunca debimos permitir que a tal “extravagancia” le fuese entregada, en bandeja de lujo, la soberanía de nuestro país! Jamás debimos pensar que un pasaporte extranjero y un apadrinamiento de la ONU, bastarían para garantizar el desempeño honrado de personas foráneas y desconocidas en nuestra comunidad. Sobretodo el de personas que, además, gozarían de inmunidad.
¿Qué impulsó a nuestras autoridades y a muchos de nosotros a confiar en esta propuesta? ¿Acaso un complejo de atávico malinchismo? ¿Ingenuidad? Ceder los derechos inherentes que corresponden a cualquier país para autogobernarse equivale a haber cedido la llave de nuestra soberanía a manos invisibles multinacionales. A ponerla a merced de los vaivenes y los caprichos ideológicos de instituciones foráneas; A ser utilizada como noticia vergonzosa en el oleaje de la marea que agitan los vientos de intereses ideológico-políticos internacionales.
Luego de padecer los entuertos de este doloroso parto y después de comprobar los desastrosos resultados, hoy sé que los únicos llamados a fiscalizarnos somos nosotros mismos: los guatemaltecos. Ninguna persona ajena a nuestro medio, nuestra cultura e historia conoce de nuestro atormentado país tanto como nosotros mismos ¿Cuántos años tendrían que pasar para que Castresana, Dall’Anese o Velásquez pudieran entender la magia del pensamiento indígena siempre presente en nuestro imaginario colectivo?
Temo que al igual que cualquier otro endiosado funcionario merecedor de destitución  por corrupto, incapaz, o indigno, estos altos comisionados no solo han olvidado la función que les fuera confiada, sino además han abusado del poder que dicho cargo les ha conferido. Hoy, debemos tomar en cuenta las onerosas facturas que nuestra dignidad nacional ha sido obligada a pagar
Y es que ante la revelación de los vicios y delitos en que incurriera la CICIG bajo la dirección de Castresana y de Dall’ Anese no se puede permanecer de brazos cruzados. Específicamente, son dignos de mencionar, los estragos causados por estos tres excéntricos “instrumentos de justicia”:
1) La introducción y práctica común del “colaborador eficaz”. La cual implica el uso de personas consideradas criminales quienes a cambio de pagos en especie, reducción de penas o dinero aceptan firmar como testimonio un guión que les ha facilitado la CICIG. Además, al conferirles la calidad de testigos protegidos, los mandan a vivir a Estados Unidos o Canadá con un buen empleo. Por muchísimo menos que eso, más de la mitad de la población se muestra dispuesta a contraer deudas enormes y a arriesgar la vida por un futuro incierto en esos países
2) La arbitraria y abusiva invalidación de decisiones tomadas por nuestros organismos de justicia, cada vez que sus mandatos contravinieron los designios de los “intocables,” fue puesta en evidencia con los comunicados que la CICIG publicara en medios escritos y en vociferantes declaraciones. El indignante  desprecio con el que esta organización intentó desvirtuar la honorable opinión y el prestigio de personas Notables, ampliamente reconocidas en nuestro medio fue, además de un atropello, una deplorable muestra de ignorancia. Con esa modalidad de publicar “opiniones” la CICIG, más de una vez, puso en riesgo la gobernabilidad, la estabilidad y el orden público de nuestro país.
3) La utilización de medios ilícitos para alcanzar sus fines. Muestra escandalosa de esto es el oprobioso “documental” producido en Argentina bajo la dirección de Dall’ Anese.
Buscando ser justa, debo decir que afortunadamente, hoy se escuchan comentarios favorables del fiscal actual. Que las iniciativas tomadas por Iván Velásquez permiten pensar que se trata de una persona más equilibrada y justa, cuyas dotes éticas superan por leguas a las de sus antecesores. Sin embargo él tiene el inconveniente de heredar una fiscalía ya contaminada.
¿Comisión Internacional Contra la Impunidad? ¡Vaya chasco!
Por lo tanto, ante esas revelaciones de vicios y delitos en que incurriera la CICIG. Propongo:
-El retiro del ente CICIG y que, desde ya, rehusemos recibir a otro de los compadres extranjeros que envía la ONU a nuestro país.
-Que los todos daños psicológicos, materiales y sociales que, como resultado de acusaciones falsas e imputaciones injustas hayan sido impuestas a personas inocentes sean públicamente reconocidas por el MP y la CICIG y en alguna forma, reparadas.
-Que todos los atropellos a la justicia cometidos durante la complicidad entre el MP y la CICIG en la compra de testimonios a colaboradores eficaces sean denunciados y los responsables procesados. ¡Cuando de hacer justicia se trata no hay tolerancia que valga!