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Teorema

Los lastres del progreso
Fecha de Publicación: 12/07/2014
Tema: Economía

 

El fin de semana anterior envié a las 70 personas que considero más interesados en los temas nacionales y el progreso de nuestro país, la siguiente carta:
 
He llegado a una conclusión que me parece válida pero debo admitir que tengo poca información. La conclusión es que no hay nada, absolutamente nada, que el Organismo Ejecutivo, el Organismo Judicial, el Organismo Legislativo, cualquiera de las 335 municipalidades, las entidades autónomas, centralizadas, descentralizadas y cualquier otra institución estatal, desarrolle con condiciones de excelencia. Sé que esa es una conclusión no sólo terrible sino desalentadora.
 
Lo he consultado con algunas personas, quienes se han mostrado sorprendidas ante lo definitivo de tal declaración. Después de vacilar un poco y pensarlo con mayor detenimiento, han terminado estando de acuerdo conmigo. Alguno ha hecho la excepción señalando al IRTRA. No puedo objetar la excelencia del IRTRA pero sí su condición de entidad estatal. En esencia no lo es; incluso su nombre completo desde 1992 es: Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala. La apariencia de estatal no fue sino una argucia para facilitar la recolección de sus contribuciones uniéndolas a las del estatal IGSS. Otros se han referido, haciendo salvedades al INACIF, pero han terminado aceptando que, si bien es de lo mejorcito, todavía le falta mucho.
 
Desde mediados de 2006, la Corte de Constitucionalidad ha venido recuperando la independencia, autoridad y dignidad con que fuera originalmente investida, distinguiéndose de esa manera de las demás instituciones del Estado y poniéndose muy por encima de ellas ¿Seguirá ese deseable camino el Tribunal Supremo Electoral –TSE? Ojalá así sea. Los Bomberos de Guatemala, al igual que los Bomberos Municipales también han recibido, merecidamente según mi parecer, comentarios salvadores. Pero la ausencia del deseado nivel de excelencia sigue siendo la constante.
 
Solicito su ayuda: ¿Considera que alguna de las instituciones que listo al final, para facilitar su recordación, así como cualquier otra entidad del Estado y sus poderes centralizados merezca una calificación positiva? O todas ellas no son sino un lujo que no debiéramos permitirnos y que, en el caso de aquellas que provienen de constitucional mandato tendríamos, como país que busca progresar, que reducirlas al mínimo necesario. Si estuviera en sus manos la decisión, ¿cuál o cuáles cree que merecerían persistir?
 
Muchas gracias por su ayuda, y que el optimismo lo acompañe en la evaluación. Ante la falta de una respuesta, asumiré que no logró encontrar a ninguna entidad, a ninguna dependencia que realice su labor con condiciones de excelencia o al menos con razonable logro.
 
 
Obtuve pocas respuestas, la mayor parte confirmando la premisa básica: El Estado y sus instituciones no pueden ser la solución porque forman parte del problema. No hacen nada bien.
 
La única respuesta, positiva me llegó de un distinguido notario quien escribió: Hubo una época, en la cual el Registro Civil de Guatemala, según yo, estuvo si no a nivel de excelencia, cerca de estarlo.  Allí existía un total desastre desde siempre; pero cuando quedó a cargo de Arturo Saravia A. subió mucho la calidad. Después, los registros civiles de las municipalidades desaparecieron, dándole vida al RENAP.
 
Otra respuesta se refería positivamente al Ejército Nacional pero haciendo la salvedad de que se trataba solo de los grados de Teniente Coronel, Comandante, Capitán y rangos inferiores. Mientras que en los grados superiores, de Coronel hacia arriba la corrupción campea, generando ineficiencia.
 
Debo reconocer que mi postura a favor de privatizar o cerrar las empresas estatales y de privatizar aquellas entidades que prestan servicios al público en indubitable. Afortunadamente, los gobiernos de fines del siglo pasado clausuraron muchas de ellas. Aunque aún quedan varias uno puede esperar que una nueva onda privatizadora dé cuenta de ellas. Hoy, 25 años después, no creo que muchos connacionales se conduelan por el cierre de Flomerca o por la venta de Aviateca. Menos aún si recuerdan toda la corrupción que se generó alrededor de ellas.
 
Lamentablemente aún existe controversia acerca de la privatización de Guatel, la EEGSA y la Distribuidora del INDE. Han pasado 18 años desde entonces. Quienes eran menores de edad en esa época, ahora tienen 36 años o menos. Acaso por esa razón, ellos, quienes ahora forman la mayor parte de la población adulta del país, no recuerdan que entonces conseguir un teléfono fuera tan difícil. No sólo eran caros sino se necesitaba tener influencias con un diputado o un alto funcionario para obtenerlo, algo no solo inaudito sino también ridículo. Entonces, alrededor de 1996, había 250 mil teléfonos, ahora hay más de 23 millones.
 
O no recuerdan los apagones programados que sufrimos aún después del Chixoy, así como el progreso del país detenido por falta de energía eléctrica. Cuando concluyó la construcción de los centros comerciales La Pradera y Los Próceres, hubo dificultad para suministrar la energía que requerían ¡Cuántas plantas manufactureras dejaron de instalarse en nuestro país por falta de electricidad! Eso ya no sucede ahora, al menos no por esas causas.
 
Algunos servicios públicos han sido transferidos de la administración estatal a la administración privada, lo que ha permitido grandes mejoras, no solo en la energía y las telecomunicaciones. Ahora tenemos condiciones de primer mundo en actividades como la provisión y renovación de pasaportes y licencias para conducir. Podemos llegar a instalaciones bien localizadas y razonablemente cómodas y en menos de una hora salir con uno de esos documentos. Eso una maravilla que sorprende a quienes alguna vez tuvimos que hacerlo bajo los procedimientos estatales.
 
Tal vez la ya referida población de menos de 36 años (70%) lo ignore, pero los mayores de esa edad aún nos visualizamos atravesando el largo pasillo del Palacio de la Policía Nacional, llegando al tope y cruzando a la derecha. Previamente habíamos comprado una fianza que en realidad funcionaba como un impuesto a favor de la afianzadora; También habíamos contratado la asistencia de un tramitador quien dirigiría lo que debíamos hacer. Así, se iniciaba un trámite que, pasando por un examen de la vista (un optometrista y una cola interminable), podía demorar semanas.
 
Me gustaría que muchos otros servicios que ahora provee el Estado, directamente o a través de empresas estatales, pasaran a ser prestados por empresas privadas. Ese no debiera ser un asunto ideológico como la izquierda insiste en verlo. Se trata de un tema estrictamente de eficiencia económica. En el ejemplo de los pasaportes y las licencias, se ha ganado todo el tiempo y molestias en las que antes debía incurrir el público. Ahora, en vez de quejas y retrasos, hay elogios; en cambio en el RENAP...
 
Este año, una nueva experiencia está por suceder. El alcalde de Villa Nueva concesionó a favor de una empresa israelita la iluminación de las calles de esa cabecera municipal. Entiendo que paralelo a la red de alumbrado público, una red de comunicaciones será instalada. En altas horas de la madrugada, cuando casi no hay gente en las calles, el nivel de iluminación será mínimo, pero al principio de la noche será una ciudad muy bien iluminada. Algo parecido a lo que uno hace en su casa.
 
La red de comunicaciones también permitirá el control de la ciudad por medio de cámaras. Adicionalmente servirá, con asistencia de las cámaras, para agilizar el tráfico de vehículos cambiando el tiempo a los semáforos. La ciudad entera podría tener un servicio de internet inalámbrico público si la Municipalidad consigue sufragar el costo que eso signifique. En otras palabras, la ciudad de Villa Nueva podría tener una infraestructura municipal de comunicaciones muy superior a la de la capital. Ya veremos…
 
Pero, por más grande que sea el entusiasmo privatizador, no todo es sujeto de ese procedimiento. Las relaciones internacionales del país,  y las funciones del Ejército Nacional no se pueden delegar ¿Y la recolección de impuestos? ¿Es delegable? Pienso que no. Aunque la SAT esté autorizada por su ley (decreto 1-98, artículo 4) a contratar a una empresa para que se haga cargo de “las funciones de recaudación, cobro y cobranza”,  creo que hacerlo desvirtúa su propia naturaleza, su razón de ser.
 
            Presupuesto asignado 2012
Millones de Q.
Empresa Portuaria de Champerico
              3.0
Aporte para la descentralización Cultural
              4.8
FEGUA
              7.8
GUATEL
              9.5
CONAI - Consejo Nac. Personas c/ Discapacidad
            10.6
Consejo Nacional de Adopciones –CAN
            11.1
Consejo Nacional Protección Antigua Guatemala
            12.8
Instituto Nacional de Cooperativas –INACOP
            13.0
Inspección General de Cooperativas
            13.4
Instituto Nacional de la Administración Pública
            14.3
Consejo Nacional Atención al Migrante
            17.8
Secretaría Ejecutiva Modernización Sector Justicia
            18.1
INDECA
            20.0
ZOLIC -Zona Libre de Industria y Comercio
            21.5
Academia de Lenguas Mayas
            31.6
Instituto de Ciencia y Tecnología –ICTA
            42.0
Instituto Nacional de Estadísticas –INE
            43.3
Bomberos de Guatemala
            46.8
CONRED
            55.6
COPEREX
            55.6
Segundo Registro de la Propiedad
            56.0
Escuela Nacional de Agricultura
            73.9
Comité Olímpico Guatemalteco
            79.9
Fondo de Tierras
            94.0
RIC  Registro Información Catastral
          111.0
Plan de Prestaciones de la Municipalidad
          113.6
INAB Instituto Nacional de Bosques
          113.8
Instituto de la Defensa Pública Penal
          115.0
Registro de la Propiedad Inmueble
          141.2
Comisión Nac. de Alfabetización –CONALFA
          204.9
INGUAT
          208.5
Instituto de Previsión Militar –IPM
          227.9
Instituto Nac. de Ciencias Forenses –INACIF
          291.0
INTECAP
          304.5
Confederación Deportiva Autónoma G
          306.4
Emp. Portuaria Nac. Santo Tomás de Castilla
          558.1
IRTRA
          660.0
Registro Nacional de las Personas –RENAP
          693.2
INFOM
          706.6
Empresa Portuaria Quetzal –EPQ
          962.9
SAT
       1,129.7
INDE
       3,581.2
IGSS
     10,482.2
Subtotal
           21,668.1
Corte de Constitucionalidad
            74.7
PDH
          107.7
SOBRE EL AUTOR
J, Fernando García Molina
      José Fernando García Molina Guatemalteco, 67 años, casado, dos hijos, ingeniero, economista. Tiene una licenciatura en ingeniería eléct
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