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Mi Esquina Socrática

El “ideal” de un Estado de Derecho todavía bajo asedio en Guatemala
Fecha de Publicación: 03/07/2014
Tema: Justicia

Ha sido, es y será una marcha larga y cuesta arriba.

            Pues nunca hemos tenido un verdadero Estado de Derecho, por lo tanto ni sabemos a veces por dónde comenzar. Algunos de entre nosotros que por lo menos lo mencionan, las más de las veces se refieren a otra cosa muy diferente, “el Estado de legalidad”.

            Por otra parte, a ciertos lectores se les puede antojar esta distinción como una sutileza jurídica más.   Pero no es así. Es un tema medular, trascendente y que nos urge tratar.  Por nuestra escasa curiosidad intelectual lo orillamos, a nuestro enorme costo.  Ese precio de nuestra indiferencia se hace más palpable a la luz de tantos atropellos que, a diario, sufrimos de nuestros derechos, que siempre a todos nos deberían ser inalienables, y que nos resultan tan invisibles tras la espesa cortina de humo de una impunidad generalizada y casi total en el país.

            Es más, a ello también podemos atribuir la miseria, la ignorancia, el raquitismo moral que nos aflige, y que nos lleva  a expulsar emigrantes menores de edad.

            Dentro del sistema constitucional vigente, y dada la mentalidad positivista generalizada entre jueces y abogados, no hay solución posible, ni siquiera para ensayar remediarlo.  Véase lo que aquí se entiende por ley “constitucional” de los partidos políticos.  El “Estado de Derecho” permanece una abstracción, entre muchas otras, que no aparentan tener relación alguna de causa y efecto en nuestros problemas económicos-sociales.

            Lo que es muy de lamentar, porque sí existe una relación íntima y definitiva entre la ausencia de un Estado de Derecho y nuestras casi infinitas carencias nacionales.

            Un Estado de Derecho entraña el respeto universal de todos hacia todos, en especial con respecto a los derechos individuales irrenunciables de cada uno de nosotros. Una “ley” aprobada por un Congreso que “legalmente” viole el derecho natural de cualquiera es, en realidad, una norma concreta que exime a los ciudadanos de las consecuencias de sus crímenes. En términos legalistas, una “apología del delito”.

            En la letra y el espíritu de la legislación guatemalteca brillan por su ausencia el sentido de obligación moral y, lo que es lo mismo, el sentido de responsabilidad. Por eso lo que llamamos “Constitución política” de Guatemala no es el equivale de un simple “Estado de Derecho”.    

            Porque todo Estado de Derecho es anterior y superior a cualquier norma positiva impuesta por cualquier legislador, individual o colectivo.  El respeto al derecho a vivir de cualquiera de nosotros no cabe en la jurisdicción civil o penal de ningún tribunal o legislador.  Porque a ambos los supera.

            El derecho, asímismo, a forjarse cada quien su propio destino, sin interferencias arbitrarias por parte de otros, es no menos sagrado.

            El derecho, también, a disponer de lo legítimamente propio no puede quedar al arbitrio de legislador o autoridad política alguna.

            Esto es lo que entraña un “Estado de Derecho”.  Cualquier pretensión de cualquier autoridad o  potestad de otorgarlos o retirarlos es ajena,  incluso contraria, a un auténtico Estado de Derecho.

            Se dice por algunos que esto responde a una concepción demasiado individualista. De  ninguna manera.  Responde, sí, a una concepción humanista, y hasta me atrevería a decir que “divina”.  Porque ahí está el germen  para un Estado verdadero de Derecho. 

            En Guatemala, nos arrogamos por turnos el privilegio de disponer a nuestro antojo del derecho ajeno. Dos clases de personas se especializan en ello: los políticos de tendencia totalitaria y los delincuentes empecinados.

            Como es de esperar, ambos van de la mano.  Lamentablemente, esta es la Guatemala de hoy, y mientras no nos decidamos a suprimir de cuajo todo privilegio con cuya existencia no estén de acuerdo los demás no-privilegiados, careceremos de un Estado de Derecho y pagaremos el horrendo precio actual por su ausencia.

            Y ello vale para doctos y analfabetas, ricos y pobres, jóvenes y ancianos, los jerárquicamente importantes y los insignificantes, los Presidentes de la República y los privados de libertad en las cárceles, los habitantes en grandes urbes refinadas y quienes vegetan al nivel de una agricultura de mera subsistencia. Nadie está excluido; todos estamos llamados a lograrlo.

            Lo que entraña una comprensión ética de los fenómenos sociales. No mentir, no robar, no matar, son por lo menos los requisitos mínimos para poder sentirnos insertados en un Estado de Derecho, como un holandés o un japonés cualquiera.

            ¿Utópico? De ninguna manera. En la medida veraz que castigamos al delincuente y premiamos al respetuoso, hemos sobrepasado toda utopía y hemos entrado en una República muy realista, cuyos frutos más inmediatos son el desarrollo económico social del conjunto, la paz “firme y duradera”, la felicidad del mayor número, la justicia de veras “justa” o el desarrollo humano de cada cual.

            Utopía, en cambio, sería querer lograr todo ello sin el espíritu genuino de un Estado de Derecho, que es una condición muy por encima de cualquier “Constitución” escrita u oral.

            Nuestra hora.