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Reflexión

Justicia Universal
Fecha de Publicación: 21/05/2014
Tema: Legislación

 Abriendo espacios a la injerencia internacional

Preocupante y destructiva es la toma progresiva del poder por parte de organizaciones sociales e instancias internacionales dirigidas por personajes protagónicos, que asumen causas humanistas con el fin de satisfacer su ego, pero a costas de socavar la soberanía nacional e ignorar los principios que rigen la organización del Estado guatemalteco.
Ciertamente, a todo ciudadano interesa la protección de sus derechos fundamentales cuando internamente sus propias autoridades ejercen el poder de forma ilegítima y oprimen de manera violenta a los ciudadanos, en ignorancia a la legislación interna y los principios consecuentes con un Estado de Derecho.
Ciertamente, situaciones como la de Siria y varios países árabes además de organizaciones terroristas como Boko Haram y el reciente secuestro de más de 200 niñas en Nigeria, después de haber matado cientos de jóvenes cristianos; grupos que olímpicamente atentan contra los derechos más elementales e inherentes a todo ser humano, y que sí merecen la atención de los órganos internacionales especialmente creados para velar por el respeto a esos derechos de toda persona. Me pregunto si la justicia universal se ocupará de semejantes hechos.
Sin embargo, cabe cuestionar la llamada “justicia universal”, que abre la potestad de intervención a cualquier instancia ajena y de cualquier nacionalidad sin que medie previamente la aceptación de compromisos adquiridos en uso de su soberanía, mediante la firma de un Tratado o Convención ratificados por compromisos concretos a nivel internacional. Tal el caso de los Convenios de la Organización de las Naciones Unidas y de los Estados Americanos.
¿Pero qué es esa Competencia Universal?Según la instancia denominada Track Impunity Always ––TRIAL––, el principio de la competencia universal se deriva del postulado “que ciertos crímenes son tan graves que afectan la comunidad internacional en su conjunto y que por consecuencia, todos los Estados tienen el derecho y también la obligación de emprender acciones judiciales contra los autores, sea cual sea el lugar o el crimen que se haya cometido o la nacionalidad del autor o de las víctimas. Estos crímenes incluyen el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, la tortura, ciertos crímenes de guerra, el apartheid y la esclavitud entre otros.”
Explica que “en un mundo donde las fronteras tienden a difuminarse, la competencia universal permite también eludir los criterios clásicos de competencia permitiendo la persecución de un criminal, dondequiera que se encuentre, luego de un arresto fortuito, una queja o una denuncia…” agregando que las condiciones para que sea aplicable esa competencia universal incluye: -una base legal específica para la competencia universal; una definición suficientemente precisa y clara del crimen y de sus elementos constitutivos;y los mecanismos nacionales para aplicar el principio de modo que los tribunales nacionales (del país acusador), sean competentes para conocer éstos crímenes.
Pero la amplitud de los lineamientos expuestos no solo deja a las instituciones nacionales vulnerables a que se les ignore sino que de hecho establece una competencia supranacional que supedita a uno de los tres órganos del Estado violentando la Constitución Política de Guatemala.
Todo ello se viene a sumar a la permanente y progresiva injerencia de autoridades extranjeras que como si fueran únicos dueños de la verdad, pretenden dirigir los destinos de nuestro país, al colmo de someter a sus designios no solo a nuestras autoridades sino a cualquier ciudadano que pueda colocarse en la mira de estas organizaciones.
Lejos quedó la época en la que eran organizaciones como las Naciones Unidas o la Organización de los Estados Americanos, las que en virtud de convenios y tratados internacionales aceptados y ratificados por Guatemala, verificaban la situación de país, ofrecían asesoría en situaciones de particular dificultad, formulaban recomendaciones y contribuían a los esfuerzos del Estado para encauzar al país por la vía de una efectiva protección a los derechos de los ciudadanos y el desarrollo nacional.
Lo peor para los ciudadanos, es que ahora dentro del propio territorio se vienen imponiendo desde fuera, obligaciones y restricciones que influyen en la arena política, en la definición de leyes, en las políticas de la administración pública y hasta en la designación de autoridades ¿Hasta cuándo permitiremos semejante injerencia? 

 

 
 
   
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