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Teorema

Carta al Presidente
Fecha de Publicación: 30/04/2014
Tema: Política

 

Distinguido señor Molina Barreto,

 

He leído detenidamente y con el mayor de los gustos su discurso al asumir como Presidente de la Corte de Constitucionalidad ––CC. El elogio que aquí hago de usted es extensivo a los demás magistrados en cuyo nombre habló. Me impresionó mucho que se alejara de los pronunciamientos convencionales y llamara “al pan, pan y al vino, vino”.  En particular cuando se refirió a las presiones tanto internas como externas que constantemente recibe la CC.

 

Entiendo que, en el acto de toma de posesión, estaban presentes los embajadores y otros representantes diplomáticos de la así llamada “Comunidad Internacional” o “Países Amigos”. Deseo resaltar la firme honestidad suya al haber denunciado, frente a ellos y sin lugar a ambigüedades, las presiones que imponen sobre la CC. Se sobre entiende que, si bien cada Embajador recibe instrucciones de su respectiva cancillería, estas se alimentan de los informes que él mismo envía. Así, en la mayoría de casos, tales disposiciones no son sino aprobaciones para actuar en la forma propuesta por él mismo, en nombre del Estado que representa.

 

La intromisión de otros países, supuestamente a favor de nuestro desarrollo y en la búsqueda de mejores niveles de evolución social y económica nacionales, no ha producido tales resultados. Se podría afirmar que, por lo contrario, Guatemala acusa una de las peores condiciones de desarrollo en el mundo y que posiblemente eso se deba a tal injerencia. Aún en la década de los años 70, bajo los gobiernos militares de entonces, la situación comparativa de Guatemala, en términos de dignidad nacional, no tenía la gravedad que presenta ahora.  

 

La injerencia de otros países, principalmente de Estados Unidos y de Europa en decisiones que competen exclusivamente a los guatemalteco inició o aumentó con la así llamada “apertura democrática” de 1985. Aunque muchos aspectos en la actividad privada nacional han mejorado desde entonces, no se puede decir lo mismo de los asuntos de gobierno y sus instituciones. Paulatinamente, la falta de respeto a nuestra autonomía por parte de esos países ha ido creciendo hasta los impresionantes niveles que observamos este año y el anterior.

 

Por ejemplo, con total apego al orden constitucional, a fines de febrero pasado, la CC declaró que el período del Fiscal General concluye en mayo y no en diciembre. Aquella fue una decisión eminentemente administrativa e interna. Sin embargo, la reacción de Estados Unidos, las Naciones Unidas, Alemania y muchas otras representaciones en el país, fue de cuestionar dicho fallo. Lo hicieron tanto de manera directa como ofreciendo un apoyo irrestricto a la fiscal, implicando así su desacuerdo y oposición al fallo de la CC.

 

Hay que ponerlo en contexto: Un fallo alcanzado por unanimidad por la Corte de Constitucionalidad de un país que en su constitución Nacional (artículo 140) se declara soberano, es gravemente cuestionado por otros países a pesar de que la relevancia del mismo, en lo jurídico no era sino un asunto de definición. Es obvio que los censores actuaron bajo una óptica política y sin mostrar el mínimo respeto por la institucionalidad del país.

 

En el acto de asunción, el presidente Molina Barreto también se refirió a las presiones internas. Estas, sin embargo, en su mayoría provienen de las representaciones internacionales a través de las ONG’s y agrupaciones semejantes que operan en el país. En vez de cuidar apariencias, siguiendo el ejemplo del nuevo presidente de la CC, hay que nombrar a las cosas por su nombre. Hay que afirmar, sin ambages, que la casi totalidad de organizaciones nacionales de derechos humanos y similares que operan en el país, reciben financiamiento e instrucciones de la comunidad internacional. Constituyen algo así como el brazo armado de los “países amigos”.

 

En esta “Sociedad Civil”, participan muchas de las personas que en alguna época militaron en las organizaciones subversivas que durante 35 años desestabilizaron la institucionalidad del país. Durante los años de guerra, la guerrilla fue una de las partes principales en la violación de los derechos humanos en Guatemala. Cesada la lucha armada, con la mayor desfachatez, las mismas personas, ahora desde las ONG, vociferan en permanente denuncia las violaciones a tales derechos. Ellos, la así auto denominada “Sociedad Civil”, representa la principal fuente de presión sobre la CC y otras instituciones del Estado.

 

¡Pobre Guatemala! ¿Cómo no tener las últimas posiciones en los muchos índices que la comparan con otros países? Durante 35 años una parte importante de los recursos del Estado fueron destinados a una guerra interna que nunca tuvo sentido, que jamás debió suceder. Como no va a ser si durante los 18 años posteriores (a partir de los acuerdos de paz) la siempre frágil institucionalidad nacional fue debilitada in extremis, convirtiéndonos en un país del tercer mundo que pasaría al cuarto si tal categoría existiese.

 

En esos 18 años, las decisiones que corresponde tomar a las autoridades guatemaltecas han provenido del exterior; fueron dictadas por personas que nos son ajenas. Nuestros gobiernos se han mostrado miserablemente sumisos y obedientes ante los designios extranjeros. Como si fuera poco, tales determinaciones foráneas no siguen una sola línea de pensamiento sino son erráticas, incoherentes, ajenas a nuestro país y a nosotros mismos. En una palabra, son alienantes.

 

La CC ha emitido muchos fallos durante los últimos seis años. En algunos hemos estado de acuerdo y con otros no. Siempre mostré mi desacuerdo por lo que llamé “abuso de autoridad” al calificar lo acontecido hace poco menos de cuatro años cuando se seleccionaba al fiscal general. Lamento haber expresado públicamente aquel juicio en contra de la CC. Debí recordar que la institución no puede acertar todas las veces.

 

En general, ahora pienso que no teniendo la documentación necesaria, careciendo de la preparación adecuada, sin haber participado o escuchado ninguna de las discusiones de la CC que conducen a sus fallos, resulta más que presuntuoso y arrogante, una necedad extrema emitir opinión contraria a una de sus sentencias. Existe libertad para opinar, pero en el uso de esa libertad podríamos estar contribuyendo al debilitamiento de nuestras instituciones. Y, además, ser injustos.

 

El origen de tanta suspicacia, debe ser un asunto de confianza. Del recelo, generalmente justificado que los guatemaltecos guardamos hacia nuestras autoridades. De la falta de liderazgo en la conducción del Estado o de sus instituciones. De la generalizada percepción de deshonestidad, negligencia, falta de transparencia y de la mentira permanente con que se maneja la res pública. La CC inició hace 6 años un afortunado alejamiento de ese sometimiento a las disposiciones tomadas en otros países. Su actuación, de manera creciente, se ha ido revistiendo con la dignidad que quisiéramos ver en el Estado.

 

 

De allí, mi agradecido elogio al presidente Molina Barreto y mi voto porque conserve esa línea y por proponer el liderazgo moral que tanto necesita nuestro país. Los diez magistrados (titulares y suplentes) que la integran la Corte de Constitucionalidad, son merecedores del mismo elogio. Creo que allí, en su seno se está gestando esa plataforma moral que podría constituir el ejemplo a seguir por las demás instituciones del Estado de Guatemala. 

SOBRE EL AUTOR
J, Fernando García Molina
      José Fernando García Molina Guatemalteco, 73 años, casado, dos hijos, ingeniero, economista. Tiene una licenciatura en ingeniería el&eacu
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