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Teorema

La honra y la virtud
Fecha de Publicación: 13/04/2014
Tema: Notables
Los romanos dedicaron un templo a la honra y a la virtud, que estaba por medio dividido con una pared para que se viese que no era lo mismo honra que virtud, sino que la virtud era la causa y la honra el efecto: la una el merecimiento y la otra el premio: la virtud la raíz y la honra el fruto de la virtud. Y así el Templo de la honra no tenía puerta, sino que por la puerta del Templo de la virtud se entraba a él.  Valerio Máximo
 
En su parte conducente, refiriéndose al Fiscal General, la Constitución de la República, dice: será nombrado por el Presidente de la República de una nómina de seis candidatos propuesta por una comisión de postulación. Luego indica que la comisión de postulación deberá estar integrada por los decanos de las facultades de Derecho de las universidades del país, el Presidente de la Junta Directiva y el Presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, además del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien la presidirá.
 
Indudablemente, los constituyentes quisieron establecer una comisión con abogados del más alto nivel. Los decanos de las facultades de derecho de las universidades privadas del país ocupan ese alto cargo por designación. El rector y demás responsables de cada Universidad seleccionan al mejor abogado a su alcance para pedirle que dirija el destino de la Facultad de Derecho. Es la escogencia más importante para cada Facultad. De esta persona dependerá, en gran medida, la calidad de los abogados que gradúe y, a través de ellos, el prestigio no solo de esa Facultad sino de toda la Universidad. Como grupo, los decanos conforman la elite legal del país.
 
En la USAC la selección sucede mediante una votación entre profesores, estudiantes y abogados no profesores. Al Presidente de la Corte Suprema también lo eligen mediante votación los diputados del Congreso Nacional. Pero lo hacen dentro de una nómina que ha sido escudriñada por académicos (35%) y otros electores (65%). Los presidentes del Colegio de Abogados y del Tribunal de Honor, son los únicos electos mediante una votación abierta (dentro del grupo de abogados). Así, uno tendría que aceptar que se trata de un buen intento para acercarse a una inexistente perfección.
 
Con excepción del Procurador General de la Nación y el Procurador de los Derechos Humanos, todos los cargos públicos que norma la Constitución conllevan un proceso de selección en el que participa una Comisión de Postulación semejante a la descrita. Además, tanto a los candidatos a Fiscal General como a otros cargos, se les exige cinco requisitos, tres de ellos son absolutamente formales (guatemalteco, mayor de edad y abogado), en otras designaciones se exige experiencia (mínimo 10 años de ejercicio profesional o 5 de haber sido magistrado). Para otros nombramientos también se pide que los candidatos estén en el goce de sus derechos ciudadanos y no tener juicio pendiente en materia de cuentas. Fácil ¿verdad?
 
El quinto requisito (segundo en el orden que los cita la Constitución) sin embargo, ha causado serios apuros y contrariedades a comisiones anteriores. La constitución ordena que los candidatos sean personas de reconocida honorabilidad. La complejidad es en parte conceptual. Tanto que alguno ha llegado al extremo de asegurar que siendo un atributo “abstracto” no es sujeto de medición.
La honorabilidad es el honor objetivo, es la reputación como ser social que tiene una persona, ello es, la fama que ha sabido ganarse con relación a sus pares y de la cual goza, sea la que fuere, pero connotada positivamente. Es la valoración que los demás tienen de una persona, el status que socialmente le es asignado y que ha sabido ganarse, consecuencia de una línea de conducta llevada adelante por el sujeto, de una forma dada de vida... Una amplísima reseña sobre el término honorabilidad (de donde proviene la cita anterior), puede encontrarse en http://www.hume.ufm.edu/images/c/c4/Honorabilidad_-_2.pdf
 
El requisito ser persona de reconocida honorabilidad no aplica exclusivamente a los candidatos a Fiscal General, sino es exigido en casi todos los cargos que norma la Constitución. Sólo para los cargos de Procurador General de la Nación y Procurador de los Derechos Humanos, no exige tal condición. Ya que los demás requisitos son de forma, el éxito o fracaso de una selección debería centrarse en ese requisito.
 
Alguna luz se puede obtener de la entrevista que Sheila Nicolle hiciera a Juan Manuel Díaz Durán, entonces decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Pablo y miembro de la Comisión de Postulación para elegir al Fiscal General en 2010. Aquel proceso resultó caótico. Si las respuestas de Díaz Durán reflejaran el pensamiento de la Comisión, mucho podría ser corregido y con alguna facilidad. La entrevista fue publicada el 28 de abril de 2010 en Siglo Veintiuno.
 
Según Díaz Durán la reconocida honorabilidad solo se puede calificar cuando existan sentencias donde las personas han sido condenadas, o resoluciones del Tribunal de Honor donde hayan sido juzgadas con (sic) el principio de defensa.
 
La entrevistadora también pregunta al abogado cómo determinar si se cumple o no el requisito de reconocida honorabilidad en los candidatos a Fiscal, a lo que este responde: Lo he buscado en la Ley de Comisiones de Postulación y no lo encuentro por ningún lado. En el artículo 22 no dice que debemos decir quién es o no honorable; no somos un tribunal inquisidor, no estamos en la Edad Media para decir quién es pecador o no lo es. Nosotros evaluamos la idoneidad y si tiene méritos. Diferente es que se demuestre si algún candidato fue condenado en un juicio, con un documento que lo ampare. Tiene que haber condenas de los colegios profesionales, si no, de lo contrario, se violarían los Derechos Humanos de esas personas.
 
Quizá fue por eso, por no haber llegado a asimilar la autoridad con que había sido investida, que la Comisión cometió el error de querer identificar la honorabilidad a través de su opuesto. Acaso razonaron que si una persona había sido condenada penalmente, entonces ese individuo era un criminal y que, consecuentemente, no era honorable. Ya así, les habrá resultado fácil quedar inmersos en el error de pensar que si un abogado no había sido objeto de condena penal o disciplinaria, entonces, se trataba de un abogado honorable. Quizá fue bajo este criterio que Díaz Durán aseveró: Se solicitaron antecedentes penales y policíacos, se consultó al Tribunal de Honor y a la Contraloría General de Cuentas, pero (los candidatos) salieron librados de señalamientos.
 
Viéndolo así, desde esa perspectiva, las decisiones de la Comisión tuvieron que ser cuestionadas. Díaz Durán comenta: Se lo digo con tristeza. Me he dado cuenta de que algunas organizaciones hacen señalamientos y denuncias sin fundamento, con el único propósito de crear un ambiente de desesperanza en los guatemaltecos. No sé por qué tanto cuestionamiento; todo lo hicimos público, nos basamos en la Ley de las Comisiones de Postulación, fue a viva voz, y los resultados deberían ser mejores. Los comisionados presentaron posturas sanas, resolvimos rápido, en comparación con el proceso anterior, que fue más lento.
 
Uno de los pocos aciertos de Díaz Durán en esa entrevista fue decir:Fue un error aceptar la tabla de gradación presentada por el Movimiento Pro Justicia. Pero en seguida vuelve a equivocarse cuando agrega: Fue demasiado exigente,  incluye demasiados requerimientos, lo cual es difícil de cumplir para un aspirante a jefe del MP. Fueron requisitos más extensos que en la elección a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y remata agregando: Nosotros tomamos este modelo (el de Pro Justicia) para que la sociedad civil y los guatemaltecos vieran la transparencia.
 
Mireya Barrera Morales, entonces Decano de Facultad de Derecho de la Universidad Mariano Gálvez, también fue miembro de esa Comisión de Postulación. A diferencia de su homólogo de la Universidad San Pablo, ella acertó al rechazar la intromisión de cualquier persona o grupo, nacional o extranjero, bajo cualquier bandera, en las decisiones de la Comisión. Lo que se debe evaluar y la forma de hacerlo es exclusiva competencia de los comisionados, afirmó Barrera Morales. Poco después La decano de la UMG recibió amenazas a su integridad personal.
 
Resumiendo, el manejo equivocado por parte de la Comisión de Postulación del quinto requisito (la reconocida honorabilidad) condujo al caos que se vivió entonces. En mi opinión la falla principal fue que la Comisión no asumiera toda la majestad de su investidura. Permitió que terceros se entrometieran en el proceso, haciendo lo que sólo a ellos competía hacer. Se confundieron, olvidaron que por mandato constitucional estaban a cargo de elegir al Fiscal General, una de las figuras más prominentes de nuestro sistema de Justicia. En cambio, desarrollaron su tarea como si se tratara seleccionar a un chofer, un guardia de seguridad o un contador. Nunca pudo ser como dijo el abogado Díaz Durán: demasiado exigente, incluye demasiados requerimientos, lo cual es difícil de cumplir para un aspirante a jefe del MP. No, porque nunca se podría ser demasiado exigente para llenar tales cargos.Si los aspirantes no cumplían sobradamente los requisitos, los comisionados debieron salir a buscar nuevos candidatos que sí los satisficieran. Eso es lo que se espera de ellos. Su obligación constitucional no era pedir antecedentes policíacos sino presentar una nómina con candidatos de la mayor calidad profesional y humana.
 
La Constitución delega en los decanos, la selección de sus funcionarios clave con base en su condición de hombres y mujeres de bien, por sus principios y valores, por su conocimiento jurídico y su cotidiano contacto con el mundo académico. No tienen por qué obedecer a nadie sino a su propia consciencia. Están cumpliendo la importantísima misión que a ellos consigna la Carta Fundamental de la Nación. En consecuencia, están facultados para usar su criterio discrecional aún en desapego a normativas de inferior rango. A ellos corresponde decidir, de una manera tan subjetiva como sea necesario si los candidatos llenan el requisito de reconocida honorabilidad. Cuando no conocen suficientemente bien a uno o más de los candidatos, deben ir a preguntar a otro u otros abogados honorables de su confianza que sí los conozcan y hacer suyo ese criterio.

Hoy, tanto o más que hace cuatro años, la Comisión de Postulación enfrenta una fuerte presión internacional. Una parte llega directamente a ellos, otra es dirigida a diferentes instancias, principalmente en el Gobierno. La CICIG, las Naciones Unidas, los países donantes, la Comunidad Europea, el simpático presidente Obama y su mujer, las agencias locales que se hacen llamar La Sociedad Civil y que reciben financiamiento e instrucciones de la autodenominada Comunidad Internacional están presionando fuerte. Incluso se dice que la Embajada amenaza con retirar la visa de quienes se opongan a sus órdenes. Aun así bajo toda la presión que pueda llegarles, la Comisión no debe ceder, deben elegir a los candidatos que ellos y nadie más consideren más convenientes y desechar a aquellos que les quieran imponer. Deben escoger a favor de la honorabilidad, la independencia, la rectitud, el valor la voluntad para hacer que la justicia en nuestro país pueda, algún día, prevalecer. 

 

SOBRE EL AUTOR
J, Fernando García Molina
      José Fernando García Molina Guatemalteco, 67 años, casado, dos hijos, ingeniero, economista. Tiene una licenciatura en ingeniería eléct
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