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Teorema

Lecciones del pasado
Fecha de Publicación: 06/04/2014
Tema: Transparencia

La última elección de Fiscal General fue caótica; tanto que cuatro años después sus secuelas permanecen. Debemos aprender de lo sucedido entonces, para que esos errores no se repitan.

El 2 de febrero de 2010 el Congreso de la República convocó al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, a los decanos de las facultades de Derecho de las universidades del país, al Presidente de la Junta Directiva y al Presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, para integrar la Comisión Postuladora. Esta tendría hasta tres meses para elaborar una nómina de seis candidatos dentro de la cual el Presidente de la República debía elegir al nuevo Fiscal General.
 
Antes de que terminara febrero la Comisión ya había recibido la documentación de 38 aspirantes al cargo. Hasta allí, todo iba bien pero el 25 de febrero, Carlos Castresana, entonces jefe de la CICIG, aseguró ante la prensa que 33 de los 38 candidatos no reunían los requisitos para el cargo. Tal intromisión, por un lado debilitó la autoridad de la Comisión y por otro puso en duda la idoneidad de la selección. La Comisión decidió eliminar tempranamente a nueve candidatos aduciendo que no cumplían con los requisitos formales (falta de firmas, ausencia de constancias…). De todas formas, ya el procedimiento había iniciado mal.
 
Dentro de los 29 candidatos restantes, cuya trayectoria debía ser analizada para seleccionar a seis, estaba José Amílcar Velásquez Zárate, entonces Fiscal General, quien había asumido en 2008 en sustitución de Juan Luis Florido. Entonces se dijo que Velásquez era el candidato favorito de las organizaciones sociales que se autodenominan La Sociedad Civil, asimismo de los países donantes, de la CICIG y de la ONU. Como haya sido, lo que sí resultó evidente fue que había demasiadas manos ajenas al proceso.
 
La Sociedad Civil es una suerte de eufemismo (en el sentido de: expresión utilizada para desorientar) que implica referencia a ese inmenso sector de la nación que no tiene ningún vínculo directo con el Estado o sus instituciones. En realidad se trata de unas 40 agrupaciones que reúnen a cerca de mil personas, principalmente de sexo femenino que operan temas políticos. Reciben financiamiento de otros países a través de sus organizaciones. Los mandos medios y algún director de la prensa nacional también han sido permeados por estas agrupaciones.
 
El Ministerio Público era una de las instituciones “tomadas” por La Sociedad Civil desde 2008. Aunque de manera incipiente, ya lo consideraban su territorio propio y no parecían estar dispuestos a perderlo. Para tener presencia activa en la selección, suscribieron un convenio con el Congreso mediante el cual, junto a algunos diputados podían controlar las acciones de la Comisión. Adujeron que se proponían vigilar el fiel cumplimiento de la Ley de Comisiones de Postulación, cuyo borrador original posiblemente fue sido redactado por ellos. Desarrollaron un perfil de candidato y una tabla de calificación de méritos profesionales, académicos, éticos y de proyección humana; también un cuestionario con las preguntas que se debía hacer a los candidatos durante las entrevistas. Aunque los decanos de la Comisión estaban mejor preparados para desarrollar esas tareas, debieron sonreír y mostrar agradecimiento.
 
Sorprendidos por tan intensa, sistemática, minuciosa y bien orquestada ofensiva, en un principio la Comisión, excepto la Decano de la UMG, aceptó los documentos entregados. A los demás, les tomó algunas semanas comprender que se trataba de una intromisión absoluta. Fue hasta entonces que empezaron a actuar con la dignidad con que habían sido investidos, rechazando interferencias externas, pero ya habían sido infiltrados; ya era tarde.
 
La Comisión, formada mayoritariamente por decanos de las facultades de Derecho reúne, al menos conceptualmente, a un grupo de conocedores de esa disciplina. Representan la élite del conocimiento legal del país. El futuro de la legislación está más en sus manos que en las de nadie. Además, y más importante, los decanos son líderes del profesorado que dirigen, suelen ser respetados por los estudiantes y apreciados por el personal docente de ese pequeño mundo académico. Allí reinan, con base en la razón. Pero en aquella ocasión se veían rodeados de políticos que desdeñan la erudición y que tenían de su lado a la prensa creando opinión pública contra ellos, que valoran su prestigio personal.
 
La Sociedad Civil presentó una serie de objeciones en contra de los candidatos, e incluso, en contra de los miembros de la Comisión con diferentes justificaciones. Los miembros del cuerpo diplomático, particularmente los representantes de los principales países cooperantes se mantuvieron activos buscando influir sobre la Comisión desde instancias superiores. La CICIG presentó señalamientos en contra de 17 abogados. Pese a todas las presiones que esto podía significar, el 19 de abril, la Comisión presentó la nómina de seis candidatos exigida por la ley; entre ellos destacaba la ausencia de Velásquez Zárate.
 
El 26 de abril, La Sociedad Civil respondió interponiendo una acción de amparo por medio de la diputada Nineth Montenegro, en contra de la Comisión de Postulación ante el Juzgado Sexto de Instancia Civil. Consiguieron que el proceso se repitiera, argumentando que no se había satisfecho el requisito de Reconocida honorabilidad que manda la Constitución.
 
El 14 de mayo, los magistrados de la CC en pleno, y sus suplentes, denunciaron una conspiración en contra de ese alto organismo por parte de abogados, fiscales, jueces y diputados para influir en sus fallos sobre la elección del Fiscal General. Por su parte, la Comisión acató la orden de la CC repitiendo el proceso, analizando la condición de reconocida honorabilidad en todos los candidatos. Como resultado, presentó una nueva nómina… idéntica a la anterior, y Velásquez Zárate en ella.
 
Finalmente, el 25 de mayo, el Presidente Colom juramentó a Conrado Reyes como nuevo Fiscal General, quien asumió inmediatamente. El 7 de junio, Carlos Castresana anunció su renuncia a la CICIG (trascendió que en realidad había sido destituido). En la misma conferencia Castresana criticó acremente a varias instituciones del Estado relacionadas con el sector Justicia y solicitó la destitución de Conrado Reyes. En abierta oposición a la Comisión Postuladora aseguró “tiene historial de corrupción y vínculos con organizaciones ilícitas”. Descalificó al Presidente Colom diciendo que su nombramiento había sido producto de pactos entre despachos de abogados dedicados a adopciones ilegales y defensa de narcotraficantes. Antes, Castresana no se había expresado en contra de Reyes, después, no aportó pruebas de sus acusaciones.
 
El gobierno tambaleó nuevamente. Al pusilánime presidente Colom correspondía o soportar la presión que le llegaba de muchas partes, o destituir a Reyes, pero no hizo ni lo uno ni lo otro. En cambio fue la Corte de Constitucionalidad la que terminó destituyendo a Reyes, cancelando el proceso y ordenando que se volviera a repetir, acciones abiertamente ilegales (la constitución es clara en cuanto a que solo el Presidente puede destituir al Fiscal General).
 
El caótico proceso se extendió hasta el 9 de diciembre, fecha en la cual el Presidente Colom seleccionó a Claudia Paz como nuevo Fiscal General. Previamente, la Comisión de Postulación había sido renovada por “recomendación” de la CC. Esto implicó importantes alteraciones en el funcionamiento académico de las facultades de derecho en todas las universidades del país (excepto la UMG, cuya Decano no aceptó acatar la “recomendación” de la CC).
 
La así llamada Sociedad Civil salió fortalecida del proceso, que con la ONU, los países donantes, la CICIG y la prensa nacional conservaron una de sus más preciadas posiciones. Muchos procesos legales fueron decididos entre ellos y ejecutados en el Ministerio Público. Los países donantes terminaron influyendo la persecución penal en Guatemala y llamando “socio” suyo a quien los guatemaltecos consideramos uno de “nuestros” más importantes representantes del sistema penal.
 
El argumento principal, que se repitió en casi todas las críticas al proceso, durante más de diez meses, estuvo vinculado con el concepto de la reconocida honorabilidad. Todos, absolutamente todos, incluyendo quien esto escribe, coincidíamos entonces y seguramente también ahora, que este era requisito fundamental, imprescindible, el más importante que debía llenar el nuevo Fiscal. Originalmente, sin embargo, La Sociedad Civil, proponía que apenas se le concediera 5% en la calificación (a fines de año lo subieron a 40%).
 
El concepto de reconocida honorabilidad a que se refiere la Constitución, en la Ley de Comisiones de Postulación pasó a llamarse de Méritos éticos. El nombre podría no ser importante, pero lo que se valora sí. Lo que se calificó en 2010 como Méritos éticos fue:
 
1. Constancia de ser colegiado activo; 2. Certificación de ejercicio profesional; 3. Constancia de antecedentes policíacos; 4. Constancia de antecedentes penales; 5. Constancia de no haber sido sancionado por el tribunal de honor; 5. Constancia de estar en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos y no haber sido inhabilitado para ejercer cargos públicos.
 
Si usted encuentra una sola referencia a mérito ético, un solo indicador de reconocida honorabilidad en cualquiera de los cinco puntos del listado anterior, agradecería su luz, porque solo consigo ver un desapego absoluto al más vago concepto de honorabilidad. Como no puedo creer que haya desconocimiento o ignorancia, debo interpretar que hay mala fe, que la reconocida honorabilidad es un tema que saca ronchas a la clase política del país, que nos condena no solo a permanecer en subdesarrollo sino a alcanzar mayores profundidades en él.
SOBRE EL AUTOR
J, Fernando García Molina
      José Fernando García Molina Guatemalteco, 67 años, casado, dos hijos, ingeniero, economista. Tiene una licenciatura en ingeniería eléct
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