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Teorema

Reconocida honorabilidad
Fecha de Publicación: 16/03/2014
Tema: Justicia

 

Recibí copia de un documento elaborado por el abogado Ricardo Sagastume Morales en el cual demuestra que la condición de “ser de reconocida honorabilidad” requerida por todos y cada uno de los candidatos a Fiscal General de la República no la satisface la abogada Claudia Paz y Paz Bailey quien se propuso para ese cargo.

 

Me comuniqué Sagastume Morales para constatar que efectivamente fuera él el autor de tal documento y preguntar si tenía objeción de que comentara su documento en este artículo. Respondió afirmativamente, agregando que no veía ningún inconveniente en que lo hiciera. Su texto, que es razonablemente extenso, copia textualmente resoluciones de la Corte de Constitucionalidad.

 

Pero antes quisiera hacer una breve ayuda de memoria. Conforme lo establece la constitución, en febrero de 2010 se inició el proceso para elegir a un nuevo Fiscal General, en sustitución de Amílcar Velásquez Zárate, quien ocupaba el cargo desde julio 2008. El Movimiento Pro Justicia elaboró y publicó un detallado Informe de Monitoreo de este proceso. La Comisión presentó al presidente Colom la nómina con 6 candidatos el 19 de abril. Pero la diputada Montenegro interpuso un amparo para que se repitiera la votación, aduciendo que no se había discutido la reconocida honorabilidad… El Juzgado resolvió con lugar el amparo y Colom no pudo elegir de la nómina recibida al siguiente Fiscal.

 

Refiere Sagastume Morales que Colom, advertido de que no podría nombrar al nuevo Fiscal dentro del plazo constitucional, hizo una consulta a la Corte de Constitucionalidad en los siguiente términos: ¿Puede continuar en el cargo el actual Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público si ha (sic) llegado el momento de finalización de período de funciones y no se ha producido el nombramiento de nuevo Fiscal General, a través del procedimiento constitucional?

 

La Corte de Constitucionalidad emitió una Opinión Consultiva el 03 de mayo de 2010, la cual se presentó en Audiencia Pública solemne con citación del solicitante ––el Presidente Álvaro Colom––, efectuada el 14 de mayo de 2010 a las 12:00 horas en la Sala de Vistas Públicas de la Corte de Constitucionalidad. La resolución dice: ...esta Corte se pronuncia en sentido negativo, estimando que de llegar a concurrir la hipotética situación inmersa en el cuestionamiento, deberá aplicarse mutatis mutandi (*), sin contrariar el orden constitucional, lo normado en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Ministerio Público para el caso de renuncia o remoción del Fiscal General de la República. Como consecuencia de lo anterior, Amílcar Velásquez Zárate, entregó el cargo el 17 de mayo y ese mismo día tomó posesión de manera interina la abogada María Encarnación Mejía. (*)Mutatis mutandi: cambiando lo que se deba cambiar.

 

Sagastume Morales no sólo ofrece la referencia histórica sino también razona en torno a su trascendencia, alcances y efectos. Subraya que este importante antecedente fue omitido en la intensa discusión mediática reciente, asegura que nada de esto llegó al público a través de la prensa. Si este antecedente hubiera sido conocido, mucho del antagonismo que se creó, no habría sucedido. Sin embargo, excepto por aquellos que estuvieron involucrados directamente, muy pocos, aún dentro del gremio de abogados, tuvieron conocimiento de la Opinión Consultiva emitida.

 

Quienes sí tuvieron conocimiento detallado de ella fueron los 12 integrantes de la CC anterior y los 12 de la actual. También lo supo el expresidente Colom; los miembros de la fiscalía que dirigía el ex Fiscal Zárate; además, necesaria y obligadamente, lo supo la Fiscal General actual y sus colaboradores más cercanos. Pero ninguno de ellos lo refirió durante el debete público reciente, si alguno lo hubiera hecho, muy probablemente habría sido innecesaria la vista pública y se hubiera evitado el bochorno de la fiscal leyendo su diccionario.

 

Excepto por los miembros actuales de la Corte de Constitucionalidad, aquellos que conocían este antecedente, debieron hacerlo del conocimiento público. Tal omisión, además de ser profesionalmente inexplicable, podría ser dolosa para algunos, en función del cargo que ocupaban. Esa es la situación de la señora Paz y Paz, quien contrario a informarlo lo negó públicamente. Peor aún, declaró ante la prensa escrita, radiada y televisada, que la Constitución mandaba lo contrario de lo expresado por la Corte de Constitucionalidad.

 

Incluso, la actual Fiscal Genera, procedió de esa manera, actuando en carácter oficial, ante personas individuales que también se conducían en representación de diferentes instituciones y organizaciones. Entre ellos el entonces Embajador de los Estados Unidos en Guatemala, el comisionado de la CICIG, el representante de las Naciones Unidas en Guatemala, el representante de la Unión Europea en Guatemala y prácticamente todo el cuerpo diplomático y consular acreditado ante nuestro Gobierno.

 

Ella mintió, abierta y descaradamente. Desde luego, tal mentira la convierte, además de embustera, en una persona de poco fiar, en alguien que, aunque fuera por esa sola razón, incumple la condición de poseer “Reconocida honorabilidad” que es una de las cinco exigidas para figurar en la nómina final. De hecho, lo acontecido sitúa a la actual fiscal como una persona de reconocida indignidad, deshonestidad, deshonor o indecencia. De manera adecuada, oportuna y con la mayor precisión, Ricardo Sagastume concluye que por esa razón, ella no debe figurar dentro de la nómina que habrá de ser presentada al presidente para elegir al Fiscal General que ocupe ese cargo hasta mayo de 2018.

SOBRE EL AUTOR
J, Fernando García Molina
      José Fernando García Molina Guatemalteco, 67 años, casado, dos hijos, ingeniero, economista. Tiene una licenciatura en ingeniería eléct
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