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Reflexión

Maniobras, mentiras e ilegalidad
Fecha de Publicación: 27/01/2014
Tema: Educación

 Las muestras de una generalizada perversión del sentido de decencia y desempeño responsable parecen haber ganado la partida en una nación que permanentemente pierde oportunidades de superación, debido a las acciones de una dirigencia (política y social) pervertida, por error o mala fe.

Es terrible constatar que la pobreza se utiliza como bandera de “luchas” y propaganda política en vez de impulsar las políticas que a nivel mundial, han sido exitosas en la reducción de la pobreza, como lo reflejan naciones en el Continente Asiático y algunas en América Latina.

La última década se ha centrado en la implementación de programas asistencialistas que transforman a la población en seres dependientes del poder de turno, pero que no resuelven la falta de oportunidad (empleos, emprendimientos) que permita a las personas llevar una vida independiente y digna. Todo ser humano aspira al ejercicio de su libertad y esta se realiza conforme al poder de optar por servicios variados disponibles en el mercado.

Ciertamente los servicios básicos en salud y educación son esenciales, pero la calidad que hoy ofrecen es francamente inaceptable como lo reflejan estudios efectuados por distintas instancias nacionales e internacionales. Son muchas las personas forzadas a acudir a los servicios públicos para aliviar sus problemas de salud y para optar a mejores oportunidades mediante la educación formal básica de sus hijos.

Pero vemos con impotencia, como año tras año las carencias impactan a la ciudadanía ante la precariedad de la infraestructura y el equipamiento que dejan en el desamparo a miles de enfermos, muertos prematuramente, pudiendo salvarse si se contara con los insumos más elementales.

A lo anterior se suma la falta de continuidad que se manifiesta cada 4 años cuando los esfuerzos positivos de algunas administraciones, son destruidos por los relevos oportunistas y carentes de integridad, que se traen a pique los logros alcanzados.

En el tema de la educación se evidencia actualmente otra gestión administrativa que contra viento y marea camina en la ruta correcta pero enfrentada al yugo de los sindicatos, la decadente infraestructura, la limitada preparación de muchos maestros, la corrupción, entre otros.

Conociendo la gestión responsable de sus autoridades, cabe hacer un llamado de atención sobre los abusos que se cometen contra familias que a costa de muchos sacrificios buscan proveer a sus hijos de la oportunidad de continuar sus estudios, básicos y bachilleratos. Son familias que solo logran su propósito echando mano a su bono 14 y al aguinaldo u otras prestaciones.

En días reciente fue noticia la denuncia que formuló la PDH, la DIACO y la SAT sobre abusos que se cometen en Jalapa, pero cabe señalar que semejante situación se extiende a todo el país y peor aún en la propia ciudad capital.

Con el inicio del nuevo ciclo escolar, he tenido conocimiento de institutos y colegios que se aprovechan para hacer negocios ilegítimos forzando a los padres a la compra de uniformes (Q1,200 a Q1,500), zapatos (Q280), pants y playeras y hasta los libros que deben ser adquiridos en el propio colegio al momento de la inscripción. Tampoco tienen la opción de cotizar los libros aprovechando el mejor conforme al precio de mercado, sino deben ceder al pago directo que cobra el colegio, porque no les dan las listas para poder adquirirlos donde resulte mas conveniente.

También tuve oportunidad de conocer el caso de un joven de 15 años, que fue inscrito en un instituto pagando cerca de Q2000 (más uniforme). Pero sucede que en éstos días de frío, les llevaron a clase de gimnasia, donde debían practicar la natación en una piscina helada. Este joven asmático, rehusó a sumergirse en la piscina y entonces unos compañeros mayores le lo forzaron con violencia. Él se quejó con la dirección del instituto y lo que recibió fueron serias amenazas de los agresores.

El padre optó por retirarlo del instituto pero ante su compromiso con la educación secundaria de su hijo procedió a inscribirlo en otro centro. Por supuesto eso representó duplicar el costo de la inscripción.

Esas acciones impiden el acceso de familias de bajos ingresos a una educación privada que sí podrían financiar si se fiscalizaran los procedimientos para evitar los abusos descritos. Ojalá también los medios de comunicación presten atención a la calidad de estos institutos y no solo a los colegios más destacados a los que finalmente acuden los hijos de familias acomodadas y con mejores opciones para la educación de sus hijos.

El fin último debe ser la creación de riqueza a través de la inversión para que progresivamente mayor número de familias puedan optar a una educación de calidad de acuerdo a sus circunstancias.

 
 
   
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