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Reflexión

Tema ineludible
Fecha de Publicación: 13/01/2014
Tema: Legislación

 

Abordar la discusión sobre el ejercicio de la libertad de expresión resulta ineludible en estos momentos en los que destaca un nuevo intento por controlar la información y las opiniones que se publican en medios de prensa.

Este análisis surge periódicamente debido a la permanente pugna con el poder político y la intolerancia a la crítica. De allí surgen los preocupantes argumentos que se esgrimen para impulsar limitaciones, como es la exigencia de apegarse a la “verdad”.

Adicionalmente, se está pretendiendo sustituir los elementos de juicio que permiten compartir públicamente información confiable, por la obligación presentar denuncias llenado los requerimientos jurídicos y procesales pertinentes con pruebas fehacientes, y caso contrario guardar silencio, lo que implicaría cerrar los espacios al derecho a informar.

Será pertinente exigir que se lleve a juicio cualquier información que permite a la ciudadanía fiscalizar la actividad pública? ¿Es lógico exigir pruebas como si se tratara un proceso legal destinado a sancionar al presunto culpable cuando el objetivo es compartir información? ¿Sólo documentos? ¿Testigos? Se podrá entonces informar y opinar cuando hay referencias sobre irregularidades en la función pública cometidas por las autoridades o habrá que contratar abogados e invertir el tiempo y el esfuerzo que requiere cada denuncia por la vía legal? Seguirá existiendo la libertad de prensa bajo esa premisa?

Estos temas son recurrentes al igual que el intento de muchos gobernantes intolerantes a la crítica que promueven el control de la comunicación social en detrimento del derecho ciudadano a informar y a estar informado. Lo hemos visto en varias naciones dirigidas por dictaduras abiertas (China y Cuba, entre otras, así como por democracias electorales convertidas en autoritarismos, en las que los gobernantes logran afianzar el control de los distintos órganos del Estado. (Venezuela, Ecuador, Nicaragua, entre otros)

Pero hay puntos que debe quedar claros. 1- La función del periodismo es informar y opinar y no acudir a tribunales a poner denuncias cada vez que tengan conocimiento de hechos cuestionables de la autoridad. 2- Los funcionarios, no pueden desdoblarse y pretender actuar como un ciudadano común, cuando han sido investidos para un período de 4 años durante los cuales tienen todos los privilegios y las obligaciones establecidas por ley, sin excepción. No pueden disponer el uso de dos sombreros y ponerse oportunamente el que les conviene.

El pensamiento expuesto por el Presidente de la República en entrevista televisada, el pasado jueves por Canal Antigua, hace temer su insistente decisión de promover cambios que conducirían a limitar la libertad de expresión bajo los argumentos de la decencia y la verdad, pero, ¿quién va a calificar cual es la verdad? El Estado? Desde décadas atrás al analizar el tema se ha llegado a concluir que debe ser cada medio de comunicación el que fije reglas y límites a las publicaciones y no entes del Estado. Para los excesos está la ley.

Escuchamos al Presidente justificar las acciones legales de orden penal que había promovido aludiendo a los límites éticos que deben respetar los medios de comunicación, pero olvidando el punto esencial: El respeto a la Constitución como ley suprema de la nación (art. 175) y los procedimientos pertinentes establecidos en la Ley de Emisión del Pensamiento (art.171).

Es absolutamente ilegítimo ignorar esa supremacía constitucional para acudir a procedimientos que a todas luces quedan excluidos en virtud del artículo 35 constitucional, que en el caso de funcionarios, consigna que no constituye delito de calumnia o injuria las publicaciones que contengan denuncias, criticas o imputaciones contra funcionarios y empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos y que quienes se sintieren ofendidos pueden exigir que un tribunal de honor declare que la publicación que los afecta se basa en hechos inexactos o que los cargos que se les hacen son infundados y que el fallo que reinvindique al ofendido deberá publicarse en el mismo medio de comunicación social en el que apareciera la imputación.

El retiro de las acciones penales emprendidas por el Presidente y la Vicepresidenta es oportuno y obligado desde el ámbito jurídico, recordando que todo funcionario público en el acto de posesión del cargo, jura defender la Constitución y las leyes de la nación, al consignar en que es función del Presidente es “cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes” (art. 183, inciso a)

Es necesario que así como se corrigió el error de las acciones emprendidas se comprenda la función de la prensa y se tolere la crítica sin persecución y amenazas a los periodistas y a los ciudadanos en general.

 
 
   
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