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Mi Esquina Socrática

Intervención del Departamento de Estado
Fecha de Publicación: 02/01/2014
Tema: Política

Traducción libre hecha por Stella Dorion, de la última parte de Power Struggle in Guatemala, November 13, 2013 By Dr. Armando de la Torre & Steve Hecht. El documento cuyo original fue publicado en Front Page Magazine http://www.frontpagemag.com/2013/dr-armando-de-la-torre-and-steve-hecht/power-struggle-in-guatemala/ También se puede encontrar el original (en inglés) en http://www.opinionpi.com/detalle_articulo.php?id=228


La izquierda nacional no cesa de criticar, la intervención de la CIA en Guatemala en 1954 y posterior derrocamiento de Jacobo Árbenz. Pero guarda silencio ante las intervenciones recientes del Departamento de Estado, como la que aquí se relata, durante el juicio a Ríos Montt. (N. del T.)

Haciendo caso omiso que los abogados de la defensa de Ríos Montt hubieran enfatizado que los hechos del conflicto armado ocurrieron bajo la lupa de la ONU y que también argumentara no haber encontrado reclamo alguno de genocidio, señalado por esa institución; el tribunal desestimó e ignoró todo argumento válido de la defensa.

 

La juez Jazmín Barrios, sencillamente, en forma parcial y anómala, decidió proseguir como si nada con las declaraciones de los testigos. Un grupo aproximado de 100 testigos fue presentado por la parte acusadora. La mayoría de los cuales atestiguó lo que recordaban haber presenciado ––masacres, violaciones, mutilaciones y muchos otros horrores vividos.

 

Algunas de las testigos afirmaron haber sido violadas, repetidamente, en las bases militares. El sentido común de cualquier observador imparcial hubiera reparado en que las víctimas parecían haber sido entrenadas a decir “sí” a todas las preguntas concernientes a violación ya que, ingenuamente, admitieron que una y otra vez que ellas regresaban a las mismas bases donde nuevamente eran violadas.

 

¿Cómo así? ¿Regresaban  intencionalmente para que las violaran otra vez? Un testigo afirmó que un hijo suyo, de dos años de edad, había sido asesinado. Pero si se toma en cuenta la edad que el testigo tenía cuando rindió su testimonio, dicho testigo, tendría entonces que haber tenido tan solo 9 años en la época que perdió a su hijo ¿Un padre de 9 años?

 

Si bien es cierto que la parte acusadora sí llegó a establecer que ocurrieron atrocidades horrendas durante los años del conflicto armado, por más intentos que hizo, no logró vincular alguna de estas atrocidades al cargo de genocidio. Parecía argumentar que, dada la vileza de los crímenes ocurridos, el cargo de genocidio tenía que ajustarse a la medida de las acusaciones. Sin embargo, cuando la defensa trató de repreguntar a los testigos, el tribunal de la juez Barrios, interrumpió a la defensa y de forma voluntariosa e ilegal restringió sus preguntas.

 

De la misma forma parcial y totalmente sesgada, a los expertos de la persecución penal se les ampliaron todos los espacios requeridos para decir cuanto a estos les viniera en gana. Con toda libertad y sin restricciones, pudieron externar sus opiniones sobre lo ocurrido. Más, a pesar de todo lo expuesto, no lograron sustentar solidez al caso de genocidio. En burdo contraste, cuando la defensa trató de cuestionar dichas opiniones, durante las repreguntas el tribunal, repetidamente, las declaró sin lugar. Así que con gran efectividad, a los abogados de la defensa se les impidió montar su defensa de forma normal y apropiada, tal y como manda la ley.

 

Después de más o menos tres semanas de estar presenciando las anomalías del sonado juicio, los abogados de la defensa concluyeron que, dada la naturaleza farsante y burda del proceso, sus clientes serían condenados a como diera lugar y manifestaron su intención de abandonar la sala del tribunal. Movida estratégica, hasta entonces sin precedente.

 

La juez Barrios debió haber estado distraída cuando los abogados expresaron su decisión porque, cuando se retiraron de la sala, la juez fue totalmente tomada por sorpresa. El abandono de los abogados, no solo puso un alto al juicio sino además permitió que la juez fuera captada en vivo y a todo color en un calamitoso estado de desequilibrio. Para la próxima sesión y bajo la presión de los miembros de la familia del acusado, parte del equipo de la defensa regresó a la corte.

 

Pero la movida estratégica e inusual de la defensa ya había logrado asestar un golpe a la corte desplomada. Fue en el contexto de esos momentos cruciales, cargados de tensión, que el Embajador de los Estados Unidos, Arnold Chacón, se presentó en la siguiente sesión de la corte. Dio así un claro e inequívoco mensaje: si estaba allí, era con el fin de apoyar a la juez Barrios y al sesgado proceso que conducía. Nadie ignora que, de la presión ejercida por su presencia, resultó la condena de Ríos Montt. Sentencia que subsecuentemente fue revertida por la acción de la Corte de Constitucionalidad, anulando la última fase del proceso.

 

Pero hubo otras circunstancias, que mucho más allá del juicio también proveyeron argumentos poderosos en contra del cargo de genocidio y a favor del acusado. Tan solo diez años atrás, en el año 2003, muchos años después del conflicto armado y aun siendo entonces un político prominente de alta popularidad, Ríos Montt postuló su candidatura para la presidencia.

 

Es necesario reparar en que si bien  perdiera la campaña, el general, entonces, logró ganar el apoyo preponderante dentro de la población Ixil ¡Justamente la misma población que después sería acusado de haber querido aniquilar! Durante el juicio ––y de cara al silencio ensordecedor de los medios de comunicación internacional–– miles de personas del pueblo Ixil protestaron públicamente a favor de Ríos Montt. Si el cargo por genocidio hubiera contenido verdad alguna respecto a ese oprobioso crimen, la reacción de los ixiles a favor de Ríos Montt, habría sido tan absurda como concebir a los judíos manifestándose a favor de Hitler.

 

Sin embargo, la cordura ya se podría haber ido ir al carajo si se esperaba que la Embajada de los Estados Unidos actuara con algún atisbo de congruencia y respeto hacia la soberanía de Guatemala. En una perfecta parodia de verborrea izquierdista, la declaración de la embajada osó aseverar que, medidas como este juicio, son “un paso importante hacia la reconciliación” del país.

 

¿Cómo? ¿Una sentencia derivada de un proceso viciado que fuera impuesta por la ex-guerrilla y descaradamente apoyada por los Estados Unidos?  ¿A cuenta de qué pueden los guatemaltecos validar una sentencia fruto de un juicio fallido? Pero algunos nunca se dan por vencidos… De acuerdo a muy buenas fuentes, el Departamento de Estado ya está cabildeando a favor de Claudia Paz y Paz para que al vencimiento de su mandato, el año entrante, la fiscal vuelva a ser confirmada en ese cargo.