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Mi Esquina Socrática

La Embajada contra Ríos Montt
Fecha de Publicación: 05/12/2013
Tema: Política

Traducción libre

Conversando con un columnista local, Arnold Chacón, entonces embajador de los Estados Unidos, le confió que Claudia Paz y Paz, gozaba del apoyo político y simpatía personal de la Secretaria de Estado, Hillary Clinton. El Embajador relató al periodista que cuando él llegaba al Departamento de Estado, era atendido antes que otros funcionarios por la señora Clinton, pues ella deseaba contar con reportes de primera mano de las actividades de Paz y Paz. De acuerdo con otras fuentes, Clinton utilizó su enorme influencia sobre el recién electo  presidente Pérez, para mantener a Paz y Paz en el cargo ya que el mandato de la fiscal, había iniciado bajo la presidencia previa (Álvaro Colom) y debía ser ratificado por el nuevo Presidente. Pérez, con el brazo retorcido, hubo de ceder.

Asímismo, de la forma más notoria, la Embajada de los Estados Unidos, apoyó explícitamente a la fiscal Paz y Paz durante el proceso penal contra Ríos Montt. En una artimaña altamente cuestionable, el Embajador Chacón asistió a una sesión crítica del juicio, explicitando así, el apoyo de su gobierno a la fiscal, sin que le preocupara tan inaudita intromisión. La Embajada, empero, dio un paso más allá al emitir una declaración, en la que prácticamente solicitaba la condena de Ríos Montt. Dicha declaración, que únicamente fuera emitida en español y jamás fuera mencionada en los medios de comunicación estadounidenses, extravagantemente laureaba el proceso de justicia bajo el ministerio de Paz y Paz. Luego decía: “Exhortamos a todos los guatemaltecos a que respeten la legitimidad y la integridad de este proceso.”

¿A cuenta de que resulta la embajada de los Estados Unidos involucrada en asuntos absolutamente ajenos a su gestión y dando lecciones a un pueblo extranjero? ¿Quién autorizó esa impertinente proclamación? ¿Acaso tenemos en Guatemala una embajada salida de control, un Departamento de Estado que ignora sus funciones o ambos?

El irrespetuoso apoyo de la embajada de los Estados Unidos para lograr que se procesara a Ríos Montt –y el proceso mismo–, aparte de constituir una política rústica, torpe e perversa, es incomprensible desde cualquier punto de vista. Después de todo, se trata de un caso de genocidio, un crimen que compromete gravemente al estado guatemalteco ––no se trata de civiles bajo el atropello de las fuerzas armadas. Se trata “del deliberado y persistente propósito de exterminar a un grupo nacional, político, racial o religioso”

Guatemala vivió, durante más de tres décadas, la tragedia de un conflicto armado que resultó en enfrentamiento y muerte entre hermanos. Las fuerzas del gobierno constituido enfrentaron y repelieron a una guerrilla subversiva que actuaba con apoyo de los gobiernos soviético y cubano. Cada una de las partes contaba con una fuerza armada propia, tan poderosa como les era posible.

De ninguna manera se trata de la situación sencilla, simplista como la izquierda interesadamente pretende hacer creer, que un Ejército nacional represivo haciendo uso de una superioridad de armamento actuara con el fin de depredar a un pueblo inocente, de población civil, mayoritariamente indígena.

Las fuerzas nacionales e internacionales de izquierda financiaban y entrenaban en el extranjero a un ejército guerrillero en muchas ocasiones con armamento más moderno y sofisticado que el Ejército Nacional.  La guerrilla cometió actos de suma violencia, como la tortura física y sicológica, el secuestro, el asesinato, y en general, actos de terrorismo que causaron angustia, dolor, espanto, llanto… en la población civil que no participaba en la lucha armada. Ahora, los medios de comunicación, instituciones como la ONU y la misma fiscalía general de la República, dirigida por Claudia Paz y Paz, han ignorado totalmente los crímenes cometidos por la guerrilla.

A fines de 1996 se puso un alto al conflicto armado, por medio de una negociación entre las partes, bajo auspicios de varios países y organizaciones internacionales. Se estableció una amnistía en beneficio de las personas involucradas directamente en el conflicto. Se buscaba ver hacia adelante, hacia un porvenir que entonces, cuando finalizaba el conflicto armado, se podía vislumbrar prometedor. El espíritu de la amnistía jamás podría sustentarse si solo se aplica a una de las partes. No habría tenido sentido proteger a quienes buscaban subvertir el orden entonces establecido y castigar a quienes lo defendían. Pero la fiscal Paz y Paz ha ignorado esa lógica básica y buscado,  mediante argucias legales, desarrollar un juicio cuyo trasfondo no es sino una represalia contra Ríos Montt, artífice en la derrota de la guerrilla.

Cuando Ríos Montt fue jefe de estado, personalmente acordó que la ONU emitiera un reporte de Derechos Humanos sobre ese tema en Guatemala, mismo que se iniciara durante su gestión. Dicha disposición mantuvo vigencia y causó reportes anuales, que cubrían el año anterior, entre 1983 y 1997. El último de los reportes cubrió hasta el momento cuando fueron firmados los Acuerdos de Paz. Ningún investigador de la ONU a cargo de velar por el cumplimiento del convenio, ni una sola vez, hizo mención alguna ni utilizó siquiera la palabra genocidio en estos reportes anuales. La ONU mantuvo observadores durante casi 5 años y ninguno de ellos mencionó, ni por asomo que tal crimen hubiera  sucedido en Guatemala. Siendo la ONU parte de los Acuerdos de Paz; de haber habido asomo de la posibilidad de genocidio, sus oficiales tendrían que haber sido cómplices por no haberlo denunciado.