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Mi Esquina Socrática

“Voluntad de Poder”
Fecha de Publicación: 10/04/2013
Tema: Política

            No me refiero aquí al conocido ensayo atribuído a Federico Nietzsche del mismo título sino al perfil muy concreto y mundano que proyecta nuestra Fiscal General, la Dra. Claudia Paz y Paz.

            Los nazis, sea dicho de paso, al igual que los soviéticos, hicieron amplio y muy innoble uso del derecho positivo de su tiempo, lo que los hubo de llevar a la aprobación por su parte de las peores atrocidades contra los derechos humanos de la historia, dentro del más estricto apego a la legalidad en sus Estados respectivos.    

            Por ese mismo peligrosísimo camino se ha internado la Dra. Paz y Paz, sin caer en la cuenta ni ella ni el grupúsculo de sus compañeros de ruta que la alientan y le facilitan su labor aniquiladora del Derecho, de la enormidad de lo amoral y lo antijurídico de sus actos. 

             Hasta un día, inevitable, en el que se les revertirán los papeles, y se verán obligados, ingratamente, a sufrir las mismas tribulaciones injustas a que someten a sus víctimas de hoy. 

            Otro caso al tanto es el de sus espinosas relaciones con algunos de los dirigentes del sindicato de Trabajadores de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas del Ministerio Público.  El Sindicato de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas del Ministerio Público, que se ha opuesto a esa línea suya de autoritarismo totalitario –con base a los principios del derecho y de la legislación laboral vigente- se ha mostrado como el más enérgico. Ello les ha valido la destitución fulminante de su Secretario General, Javier Adolfo de León Salazar,  y de su Secretario de Organización y Propaganda, José Alejandro Reyes Canales, a sabiendas la Fiscal General de que en esto procedía en contra de nuestro Código de Trabajo.

            Ambos, como era de esperar, acudieron a la Corte Suprema de Justicia que, desafortunadamente, se negó a ampararlos. Lo cual llevó a los removidos de su cargo a acudir a la  Corte de Constitucionalidad, que sí los amparó provisionalmente.

            La Fiscal General hizo caso omiso de ese amparo provisional y persistió en su empeño en separar a estos dos funcionarios de sus cargos, a pesar de que hasta la fecha la Corte de Constitucionalidad no se ha pronunciado definitivamente sobre tal amparo. 

Esto constituyó, adicionalmente, un delito de desobediencia por parte de Doña Claudia, según lo estipulado en el artículo 78 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, que reza así: 

“La desobediencia, retardo u oposición a una resolución dictada en un proceso de amparo de parte de un funcionario o empleado del Estado y sus instituciones descentralizadas y autónomas es causa legal de destitución, además de las otras sanciones establecidas en las leyes.”

            Según Gerson Ariel Recinos Girón, Secretario de Previsión Social del mismo sindicato, resulta, encima, cuestionable la gestión de la Dra. Paz y Paz por abuso de autoridad al ignorar reiteradamente esa misma Ley constitucional de amparo y exhibición personal en varios casos de otros empleados del Ministerio Público.  También él fue destituido.

Y aún permanecemos todos a la espera de la reacción de la Fiscal General ante el sobreseimiento confirmado por la sala competente de la causa contra la Fiscal Hilma Ruano, que le fue notificado el 1 de abril.  Recuerde el lector que la Licda. Ruano ha estado sometida a un “asedio por hambre” (¿violencia económica?...) durante los últimos nueve meses, pues ni se le abonan los sueldos caídos ni la ley le permite buscar trabajo en otra parte.

Hay otro caso prototípico de todo esto, cuya víctima de nuevo es una mujer, pero que dejo para la entrega siguiente.

Mientras tanto, el Presidente Otto Pérez Molina ha recibido evidencias más que suficientes para poner un alto a esa orgía de destrucción de las raíces de nuestro ordenamiento jurídico, cual lo es el artículo 4 de la Constitución de la República, que estipula explícitamente que …“Todos somos iguales en dignidad y derechos”; así como del artículo 14 sobre “la presunción de inocencia”, amén de ese otro baluarte de las libertades constitucionales al que se conoce como “debido proceso” (artículo 12), en el que está empeñada la Dra. Claudia Paz y Paz. Pero Don Otto ha permanecido impasible.

¿Por qué?