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Apuntes

Diálogo de sordos
Fecha de Publicación: 09/10/2013
Tema: Política

Se ha vuelto sistemático el que los desacuerdos se pretendan resolver en “una mesa de diálogo”. Sin embargo invariablemente, raras veces se alcanza el buscado acuerdo y he tratado de averiguar las razones que llevan a esta falta de consenso.

La razón que he identificado para no alcanzar acuerdos a través del diálogo en dichas mesas es sencilla. Se pretende convenir en ellas la forma de satisfacer los intereses de sus participantes, por lo menos el de uno de ellos, rompiendo la ley. Lo que resulta, en el mejor de los casos, como “ilegal, pero de acuerdo”

Tomemos como ejemplo lo que está sucediendo en Santa Cruz Barillas con el tema de la construcción de una hidroeléctrica. Resulta que el propietario de la tierra donde se ubica el proyecto, ha llenado la totalidad de los requisitos que la ley y normas en la materia le exigen. Y entonces le aparecen unos opositores al proyecto, que al margen de toda ley y normativa, y que mediante medidas de hecho, impiden la construcción del proyecto, aduciendo argumentos totalmente ajenos al proyecto y a los beneficios que las leyes otorgan a las comunidades aledañas.

Argumentos tales como: nos oponemos a la inversión extranjera, nos oponemos a la minería y a las hidroeléctricas, queremos los beneficios económicos del proyecto para las comunidades aledañas, etc. etc. etc.

Las autoridades del ramo, ante su incapacidad de gestión, convocan a tales “mesas de diálogo” evadiendo su responsabilidad en hacer cumplir la ley y pasándole la pelota a los contendientes, igualando en el plano de la discusión, a los legales con los ilegales. Eso ni es un diálogo ni una negociación, es un chantaje descarado para los legales.

Es obvio que con esa actitud de parte de los gobernantes de evadir su responsabilidad, lejos de resolverse los problemas, lo que se propicia es el enfrentamiento, cada vez más violento y al final de la cadena, la violencia que implica el “tomarse la ley por su mano”

 El desarrollo de proyectos de minería y/o de hidroeléctricas es cuestión de una política de estado y por tanto los que no estén de acuerdo con las actuales políticas del estado, deben acudir a los foros adecuados para discutir dichas políticas y no pretender esos cambios a través de una “mesa de diálogo” pretendiendo cambiar el curso de un proyecto planteado de acuerdo con las leyes y normativas vigentes. Las leyes, si se consideran inadecuadas, debe cambiarlas el Congreso y no los participantes en una de esas mesas y mientras se cambian, deben respetarse las existentes a raja tablas y a sus transgresores deben ponerlos a disposición de la justicia. No hay ni puede haber, negociación ni medias tintas al respecto.

Los beneficios económicos derivados de la inversión exitosa de un proyecto de cualquier índole, provienen del éxito del proyecto y corresponden a sus inversionistas. Por lo tanto pretender los beneficios económicos sin aportaciones económicas al proyecto y sin correr los riesgos que su desarrollo conlleva, es simplemente imposible. Y más difícil es encontrar inversionistas que quieran asociarse con bochincheros.

Según leí en la prensa, en el caso de Barillas, entre los acuerdos alcanzados en una “mesa de diálogo” con la presencia del Ministro de Gobernación en ella, fue aceptar el retiro de elementos de la PNC de Barillas y me pregunté ¿y qué tiene que ver esto con la construcción de una hidroeléctrica? Pues nada, no tienen en común más que el argumento de producir caos de gobernabilidad y de obtener por la fuerza objetivos propios de otros fines…

En la Prensa Libre de hoy leí que los opositores se oponen a megaproyectos y a la hidroeléctrica en cuestión, que por cierto dista mucho de ser un megaproyecto, pero piden proyectos de electrificación…

Es un caso similar al de los chalecos de los motoristas, evitar los asaltos en la calle cometidos por motoristas mediante el uso de chalecos, en esta ocasión, anaranjados. ¿Se van a reducir los asaltos? No, ya sabemos que la medida no funcionó con los chalecos, en ocasión previa, negros. Y también vemos, aunque haya sido expresamente prohibido en la reciente modificación del Reglamento de Tránsito, a los pick ups cargados de personas en las palanganas circulando tranquilamente por calles y carreteras enfrente de la mirada impávida de los agentes de las PMT´s y de la PNC.

¿A quién se le ocurre hoy día, acudir a denunciar un delincuente a la autoridad? El denunciante se tiene que retratar de cuerpo entero ante un posible cómplice del delincuente. ¿Por qué no se empieza por enderezar la gestión de las autoridades y la calidad de sus elementos? ¿Cómo es posible que los policías hayan sido asesinados en la subestación de Salcajá por haberse apropiado del botín de unos narcos? Por supuesto que es censurable tal asesinato, pero también es muy lamentable que autoridades hayan estado involucradas en negocios turbios. Y está claro que en esos negocios las faltas de lealtad se pagan con la vida.

Lo acaecido en Santa Cruz Barillas, no es ni más ni menos de lo que sucede en todo el país en todas las actividades, es anarquía pura. Y ciertamente no son las autoridades del ramo, las que están preocupadas de hacer cumplir las leyes. Las autoridades están en plena crisis moral y en plena anarquía y aparentemente, dedicadas a sus propios intereses, delinquir con la protección que el uniforme y su equipamiento les facilita.

El agua es el único “bien de dominio público” reconocido en las leyes vigentes, es un recurso nacional cuya administración está delegada al Ministerio de Energía y Minas, no es un recurso municipal, ni privado y su utilización requiere de autorización del MEM. Esto quiere decir que todas las consultas municipales convocadas para su uso, son ilegales por su base y en consecuencia sus resultados son igualmente ilegales y en ningún caso vinculantes. ¿y entonces porque las hacen los alcaldes? ¿Por qué no ponen las autoridades del MEM orden en este elemental principio?¿por qué se dejan “avanzar” procesos ilegales? ¿por qué se “respetan” los acuerdos alcanzados en foros ilegales?

Dice el refrán que “más vale una colorada a tiempo que cien descoloridas” La ingobernabilidad es una consecuencia de esta actitud de medias tintas que alientan los actos ilegales.

Está claro que cualquier construcción de un proyecto conlleva un impacto ambiental negativo y el balance de un proyecto lo define como uno de beneficio, si sus virtudes son mayores que sus defectos y por eso existen unas normas que observar y cumplir por parte de sus desarrolladores. En los casos de las hidroeléctricas hemos visto la construcción de proyectos enormemente más grandes que los posibles en Guatemala y que con todas sus consecuencias están en operación comercial concretando sus beneficios.

California, un estado con tradición y mentalidad muy verde, hace unos años decidió no construir ningún proyecto de generación de energía eléctrica que fuera contaminante. Pretendía que se construyeran en los estados vecinos y les vendieran la energía eléctrica que necesitaban. Se quedaron sin luz y con apagones, hasta que cambiaron su actitud.

Y algo así habría que hacer con las comunidades que se oponen a la explotación de los recurso renovables o a la construcción de torres del la red de transporte de la energía eléctrica. Se le debería separar del Sistema Nacional Interconectado y dejarlos a que resuelvan su suministro de energía eléctrica como mejor les parezca y cumpliendo con las leyes existentes.

Sin energía eléctrica no hay desarrollo posible y sin utilizar los recursos renovables nacionales no se puede pretender un cambio en la matriz  energética del país, lo cual también es una política de estado.

Compete pues al gobierno enderezar estos engendros derivados de sus medias tintas y acciones pusilánimes. La condición básica de cualquier diálogo es el respeto de las leyes por parte de sus interlocutores. Sin este marco de referencia, la discusión se transforma en chantaje.