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Mi Esquina Socrática

Los prejuicios impiden que tengamos un Estado de Derecho
Fecha de Publicación: 16/09/2013
Tema: Otros

Hace dos semanas aludí al costo – para – todos - nosotros – de – tener – gobierno, el cual aumenta exponencialmente por la ineptitud y la mala voluntad de muchos funcionarios públicos.

            Tal es el caso actual del Ministerio Público y de muchas otras oficinas en el gobierno de Otto Pérez Molina.

            La ley, sea dicho de paso, permite la crítica de la actuación de cualquier funcionario en el ámbito de su competencia (Art. 35 de la Constitución).  Pero no obliga al criticado a responder al contribuyente quejoso.

            Claudia Paz y Paz, la Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, ha sido criticada reiteradas veces por mí, y por algunos otros pocos columnistas, en razón de sus numerosas decisiones injustas y sus expresiones de juicios de valor erróneos en el ejercicio de sus funciones.

            Como a buen burócrata tercermundista, no le importan los señalamientos mientras sepa que puede contar con la anuencia del Presidente y también de sus patrocinadores desde el extranjero, entre ellos, muy en particular, su amigo y compañero de estudios Francisco Dall´Anese, hasta hace un mes Comisionado de la CICIG, agente internacional interventor por invitación de corruptos e ignorantes guatemaltecos.

            Cuando tomó posesión de tal cargo hace tres años, se estrenó con ciertas declaraciones esperanzadoras como la de que  “la justicia no sólo concierne al trabajo de los jueces, fiscales y la policía, sino sobre todo necesitamos denuncias, testigos, y evidencia. Si la gente no coopera en estos sentidos, no habrá justicia” (21 de junio del 2010).

            De la misma vena añadió que “no hay justicia si existen grupos de personas que  pueden hacer lo que les plazca sin rendir cuentas a la justicia. Debe quedar muy claro que no deben existir los intocables. Esto no es aceptable en una democracia”.

            Exactamente lo que a continuación hizo, contradiciéndose, en favor del crimen organizado en el Ministerio Público bajo la gerencia de la Dra. Claudia Paz y Paz.

            Con tal espíritu de cooperación, continúo mi comentario: el último caso de persecución penal injustificada, el proceso contra los señores Cupersmith y Salazar, nada de lo propuesto inicialmente  por  Dall ´Anese ha sido tenido en cuenta  por el Ministerio Público a cargo de la Fiscal General.

            Por el contrario, ese monopolio legal de la persecución penal, por mano de sus fiscales, ha cometido con frecuencia los delitos de abuso de autoridad, de acuerdo a lo estipulado por el     Código Penal en su artículo 418, que entre otras cláusulas reza: “Comete delito de abuso de autoridad el funcionario o empleado público que …ordenare, realizare, o permitiere cualquier acto arbitrario o ilegal en perjuicio… de terceras personas, …que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones de este Código.  El responsable… será sancionado con pena de prisión de tres a seis años e inhabilitación especial”. 

            Por otra parte, la misma ley orgánica del Ministerio Público, en su artículo 61, inciso 6, cataloga de abuso… “hacer acusaciones, pedimentos, formular conclusiones, o rendir dictámenes que tengan como base hechos notoriamente falsos, o que no expresen fundamentos legales”. 

            Y el artículo 462 del mismo Código Penal sobre el prevaricato,  estatuye que “el juez que, a sabiendas, dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos, será sancionado con prisión de dos a seis años”.  

            Todo ello me deja muy perplejo, porque no encaja con la práctica observable del Poder Judicial con respecto a muchos casos que allí se debaten, a raíz de ciertas iniciativas del Ministerio Público desde que lo dirige la Dra. Claudia Paz y Paz que, francamente, creo que violan el principio de “debido proceso”.

            Transgredió el derecho de defensa de los acusados, al no querer valorar pruebas de descargo. En enero del 2008, el juzgado sexto de Primera Instancia Penal, a requerimiento de ellos mismos, los fiscales, resolvió desestimar el caso de los señores Cupersmith y Salazar, con orden de archivar el caso. El fiscal Angel Saúl Sánchez Molina argumentó, en contra, que no podía acceder a esa solicitud “porque tenía instrucciones de sus superiores en el Ministerio de llevar el caso a una condena”.

            ¿Cuestión de estadísticas para sus amigos en el extranjero, Doña Claudia?